Bernadette Pardo

BERNADETTE PARDO: Rick Scott y la transparencia

El gobernador de Florida, Rick Scott, en una foto de archivo.
El gobernador de Florida, Rick Scott, en una foto de archivo. AP

Dios me libre de opinar sobre la vida privada del gobernador Rick Scott. Lo que sí me atrevo a decir es que no le gustan los negligees, ya que ha demostrado ser alérgico a la transparencia.

Hay una larga fila de demandantes ante los tribunales de Florida exigiendo más transparencia por parte del gobernador. Algunas demandas quieren más nitidez en las declaraciones financieras que exige la ley, otras quieren saber qué secretos de estado contenían una serie de correos electrónicos del gobernador que han desaparecido en el espacio cibernético. Esta semana un grupo de medios de prensa demandó información sobre lo que pasó tras bambalinas antes de la reunión del gabinete estatal a principios de enero en la que fue confirmado un nuevo jefe para la agencia de policía estatal conocida como FDLE.

El que fuera jefe del FDLE durante los últimos ocho años con una gestión impecable, Gerald Bailey, desapareció del mapa estatal a mediados de diciembre. Los miembros del gabinete estatal que votaron por su sucesor estaban bajo la impresión de que Bailey había renunciado voluntariamente. El gobernador Scott declaró categóricamente después de la reunión que Bailey había dimitido.

Pero al día siguiente de la reunión del gabinete, Bailey tomó la palabra y, en una entrevista exclusiva con Steve Bousquet, jefe del buró de Tallahassee del Miami Herald, dijo que el gobernador había mentido, que él no se había ido voluntariamente sino que fue forzado a renunciar abruptamente. El ex jefe del FDLE relató cómo el 16 de diciembre se presentó en su oficina el abogado del gobernador quien le dio un ultimátum de 5 horas para renunciar antes de ser despedido.

En esa entrevista Bailey hizo serias alegaciones sobre los motivos que presuntamente llevaron a su dimisión forzada. Entre otras cosas dijo que la campaña de reelección de Scott quería usar al FDLE como un servicio de limusinas para transportarlos de evento en evento, que trataron de utilizar computadoras estatales para recaudar fondos de campaña, y que le habían pedido intervenir indebidamente en casos pendientes ante la justicia.

Al enterarse de estas alegaciones, dos miembros del gabinete estatal, el comisionado de Finanzas Jeff Attwater y el comisionado de Agricultura Adam Putnam, determinaron que eran lo suficientemente serias como para requerir una investigación estatal. La procuradora estatal Pam Biondi trató de tirarle un cabo al gobernador cuando declaró que Scott probablemente no sabía nada y que sus subalternos fueron los malos de la película.

El gobernador ha hecho lo menos posible por esclarecer esta bochornosa situación. En vez de contestar directamente a las preguntas de la prensa, ha optado por tratar a los periodistas como enfermos de ébola, refiriéndolos a una serie de respuestas automáticas a preguntas frecuentes a través de la internet. O sea, un dialogo cibernético surrealista entre Rick que hace las preguntas y Rick que las responde.

Sería irrisorio de no ser tan peligroso. El gobernador no es el jefe absoluto del jefe de la policía estatal y no puede actuar en secreto y unilateralmente. Desde 1967, el director del FDLE responde a los miembros del gabinete estatal que son electos independientemente del gobernador. Esa ley fue aprobada precisamente para evitar mezclar la política con la justicia , un abuso que aparentemente ha resurgido.

En la última reunión del gabinete esta semana en Tampa, Scott habló por primera vez en vivo sobre el tema. El gobernador se limitó a decir que pudo haber manejado mejor la salida de Bailey y se comprometió a crear “un proceso transparente y predecible” para futuras transiciones. O sea, borrón y cuenta nueva.

Pero este cuento no ha acabado. ¿Quién les mintió a los miembros del gabinete estatal sobre la supuesta renuncia de Bailey? ¿Por qué fue despedido de forma tan improcedente un funcionario que cumplió cabalmente con su deber?

Esas preguntas requieren respuestas rápidas y transparentes, no solo para los miembros del gabinete sino para los residentes de la Florida a quienes representan.

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