Daniel Morcate

Cómo se financian los canallas

Para llevarse una idea aunque sea somera de cómo se financian los canallas del mundo entero, terroristas y contrabandistas incluidos, basta con echar un vistazo a las andanzas que se le atribuyen al banco suizo HSBC. Supongo que ningún lector se ha perdido al menos algunas de las numerosas crónicas que ya se han publicado sobre las hazañas de este banco aparentemente forajido. Pero, por si las moscas, recordaré que en la actualidad se lo somete a múltiples investigaciones en distintos países por una amplia figura delictiva llamada “lavado de dinero con agravantes”. Esto abarca desde el amparo de fondos mal habidos –mediante el contrabando de armas y diamantes, por ejemplo– hasta el manejo demasiado creativo de cuentas para ocultar a toda suerte de evasores de impuestos. Un proyecto investigativo de periodistas de 50 medios de comunicaciones está divulgando el alcance de la corruptela. Pero, como era de presumirse, muchos de nuestros gobiernos y autoridades la conocían desde hace años. Y a su manera ayudaron a encubrirla, a barrerla debajo de la alfombra o a restarle importancia.

Una vez revelado el escándalo el mes pasado, las autoridades suizas iniciaron dos investigaciones al HSBC. Una de ellas es criminal y arrancó con una redada en las oficinas centrales del banco en Ginebra que recibió mucha publicidad en Europa y EEUU. Investigaciones similares se realizan en Francia, Bélgica y Argentina. Aquí en nuestro país, el Departamento de Justicia con discreción, con excesiva discreción, investigaba al banco suizo desde 2010, basándose precisamente en expedientes que se obtuvieron mediante un audaz hacking y una posterior filtración. Pero durante todos estos años de tímida investigación, los cabilderos del banco en Washington acariciaban con generosos fondos a algunos de nuestros políticos más influyentes. La pregunta es: ¿logró de esta manera adquirir influencia el HSBC para frenar o mediatizar la investigación en su contra en EE.UU?

Fuentes en Washington confirman que, días antes de que estallara el escándalo, el comité de acción política de HSBC paró en seco las donaciones a políticos norteamericanos. Esta es una precaución habitual que adoptan las entidades poderosas cuando se les viene encima una investigación criminal o administrativa. Pero hasta semanas o meses antes de producirse el escándalo, una docena de cabilderos se mantenían muy ocupados contribuyendo fondos a las campañas o a los comités de acción política de figuras tan influyentes como Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado; Kevin McCarthy, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes; Andrew Cuomo, gobernador demócrata de Nueva York; Pete King, representante republicano del mismo estado, y Darrell Issa, representante republicano de California, entre otros. El HSBC invirtió entre $2 millones y $4 millones anuales en contribuciones de campaña durante la última década, según recopilados por el Center for Public Integrity.

Los nombres y cargos de los políticos que presuntamente recibieron las contribuciones sugieren una clara intención estratégica del HSBC para proteger sus dudosos intereses en Washington y Nueva York. Pero el recibir donaciones no necesariamente implica que los políticos que las recibieron se dejaron comprar o actuaron de manera indebida. La conducta depredadora del banco, sin embargo, crea un evidente problema de percepción pública para estos líderes. La única forma en que podrían conjurarlo sería hablando con franqueza ante sus constituyentes y devolviendo los fondos que recibieron de los cabilderos del HSBC.

Lejos de ser la excepción, el caso del HSBC parece ser la regla entre algunas de las principales instituciones bancarias del mundo. Esto explica la extraordinaria facilidad con que delincuentes de toda laya, como los terroristas, mueven enormes cantidades de dinero para financiar sus sangrientas fechorías. Por eso las autoridades de EEUU y Europa deberían imponerles castigos ejemplares a los responsables del lavado de dinero dentro del HSBC. Para ello, deberían superar la práctica de deferred prosecution o “encausamiento diferido”. Mediante esta bochornosa práctica, nuestras autoridades de justicia diseñan acuerdos con ejecutivos de instituciones financieras para que paguen multas pero eviten ir a la cárcel. Es una forma elaborada, vergonzosa y peligrosa de negarles la justicia a las numerosas víctimas de los depredadores a quienes protegen y alientan los bancos transgresores de las leyes.

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