Daniel Morcate

La ayuda que necesitan los desamparados

Leonardo Anduy, fotografiado el viernes, 10 de febrero de 2017, es uno de los desamparados que come en el comedor de Camillus, que está disminuyendo y eventualmente cerrando su programa de servicios de día, que proporciona duchas y comidas calientes a cientos de personas sin hogar.
Leonardo Anduy, fotografiado el viernes, 10 de febrero de 2017, es uno de los desamparados que come en el comedor de Camillus, que está disminuyendo y eventualmente cerrando su programa de servicios de día, que proporciona duchas y comidas calientes a cientos de personas sin hogar. rkoltun@miamiherald.com

El sur de la Florida tiene una vieja relación de amor y odio con los desamparados. Las medidas para asistirles en forma compasiva han competido con otras para borrarles del mapa. A esa dinámica hay que agregarle la intervención también contradictoria del gobierno federal, el cual niega o da fondos asistenciales dependiendo de los vientos ideológicos y burocráticos que soplan por Washington. Una de las últimas medidas del Departamento de Viviendas del gobierno del presidente Obama, bajo el mando de Julián Castro, reorientó fondos de ayuda a los desamparados hacia la construcción de viviendas baratas, para hacerlas asequibles a desamparados que trabajan. El problema es que esa decisión, aunque bien intencionada, les dio un golpe severo a programas que ofrecen ayuda de vida o muerte a decenas de miles de desamparados en la nación, incluyendo a los que en nuestra comunidad alimentan, asesoran, curan y dan refugio temporal en entidades caritativas como el Camillus House.

Hace un par de años trabajé de voluntario en el Camillus House. Vi a centenares de hombres y mujeres de distintas edades y grupos étnicos abarrotar su amplio comedor para recibir un modesto pero nutritivo almuerzo. Vi a una mujer hacer dos veces la cola para llevarles comida a hijos que vivían con ella debajo de una autopista. Y comprobé lo que sugieren los estudios: la población de desamparados es heterogénea y compleja, lo que hace difícil encasillarla y estereotiparla. El año pasado más de 41,000 personas vivían sin un techo en la Florida. Otras 227,000 se hallaban en la condición de “inseguridad alimenticia” y al borde de quedarse en la calle. Más de cuatro de cada 10 desamparados trabajan, pero no ganan lo suficiente para poder pagarse un alquiler o dos o tres comidas diarias.

Si uno acude hoy al Camillus House a la hora de almuerzo, no verá la avalancha de desamparados que yo vi en diciembre de 2014. Por los recortes de fondos el refugio se ha visto obligado a reducir su ayuda alimenticia a 160 personas diarias. Para el primero de julio de este año habrá desaparecido totalmente el “Day Center”, que es como se llama el programa de almuerzos gratuitos. Retos similares enfrentan otras entidades caritativas del Gran Miami, como el Jewish Community Services, la Inn Transitions South y la New Hope Corps. Miamenses nobles y compasivos crearon y administran estas organizaciones a beneficio de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad.

Las causas del desamparo son complejas y requieren soluciones complejas. Miles de jóvenes que provienen de familias divididas, con problemas económicos y sin vivienda, acaban en desamparo. Entre un cuarto y un quinto de los desamparados son veteranos de las fuerzas armadas, muchos de los cuales sufrieron traumas en las guerras o nunca lograron reintegrarse armoniosamente a la sociedad civil. Decir que todos estamos en deuda con ellos es decir poco. En áreas metropolitanas donde se ha disparado el costo de la vivienda, como sucede en el Gran Miami, algunos residentes de avanzada edad terminan viviendo debajo de un puente o durmiendo en un banquillo de espera de autobuses. La construcción de viviendas costeables es apenas uno de los remedios a largo plazo del intrincado problema de los sin techo.

El gobierno del presidente Trump debería restaurar los fondos que se asignaban a entidades de probada trayectoria humanitaria para aliviar las penurias diarias de los desamparados. Nuestros legisladores podrían gestionar que se aprueben las partidas de dinero necesarias para crear viviendas baratas para los desamparados productivos y, a la vez, atender las necesidades básicas de aquellos que están clasificados como “crónicos” – aproximadamente un 15 % de todos los sin techo, según la Alianza Nacional para Ponerle Fin al Desamparo (National Alliance to End Homelessness). Los gobiernos locales, a su vez, podrían legalizar ciertos trabajos que pueden hacer los desamparados, como la venta ambulante o la limpieza de autos.

El carácter de una comunidad se define por la forma en que trata a sus miembros vulnerables. Los miamenses hemos progresado mucho en el trato a los desamparados. Pero ese progreso solo puede mantenerse y mejorarse con la ayuda diligente y sostenida de todos, especialmente de nuestros líderes locales y nacionales.

Periodista cubano.

Siga a Daniel Morcate en Twitter: @dmorca

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