Daniel Morcate

El asedio a las transmisiones públicas

Un grupo de personas se reúne cerca del Capitolio de Washington, este martes, para mostrar su apoyo a la televisión pública.
Un grupo de personas se reúne cerca del Capitolio de Washington, este martes, para mostrar su apoyo a la televisión pública. Getty Images for MoveOn.org

Los ignorantes que se han adueñado del poder le han declarado la guerra a todo lo que piensa y discurre. Y eso incluye a la radio y la televisión públicas que, desde hace décadas, prestan un servicio inestimable a la nación, especialmente a las comunidades rurales, donde millones de personas de modestos recursos dependen de ellas para informarse, educarse y, precisamente, aprender a pensar por cuenta propia. Eso es demasiado para ideólogos ultraconservadores quienes creen que los norteamericanos deberíamos conformarnos con los medios comerciales, siempre y cuando estos sean Fox News y Breitbart, claro está, pues los demás son propagadores de “noticias falsas”. Por eso el gobierno que en la actualidad encarna su ideología cutre y boba propone eliminar del presupuesto federal los fondos destinados a la Corporación para las Transmisiones Públicas, la cual rige al Public Broadcasting System y a la National Public Radio. (En aras de la transparencia, digo con orgullo que mi hija Laura trabaja como periodista en PBS).

Sectores extremistas de nuestra derecha han detestado a PBS y NPR desde sus orígenes. Nunca han soportado que sus directivos hayan insistido tercamente en hacer periodismo independiente e incisivo – reportajes, talk shows, documentales– que a menudo termina cuestionando las decisiones del poder político de turno, sea éste republicano o demócrata. Al igual que los marxistas leninistas, creen que si un medio recibe fondos estatales debería actuar como caja de resonancia del gobierno. Un ejemplo manifiesto de que en política los extremos se tocan. Y como no han logrado su objetivo, llevan años tratando de privar de fondos a ambas entidades con el pretexto de que en una economía de mercado libre ningún medio de comunicación debería recibir fondos del estado.

Con sus aliados en el Congreso, los ideólogos extremistas habían logrado ya reducir las partidas de dinero para la radio y la televisión pública a 0.01 por ciento del presupuesto federal, lo cual el año pasado equivalía a $445 millones. Ahora eso también les parece excesivo. Mick Mulvaney, el nuevo director de presupuesto de la Casa Blanca, dice que el gobierno no puede justificar que “un minero del carbón o una madre soltera” paguen ese dinero. Esto a pesar de que al minero y la madre soltera les quieren imponer otros $54 mil millones en gastos militares en un país en el que ya gastamos en defensa más que las próximas cinco naciones juntas; y a pesar de que la mayoría de las estaciones de PBS y NPR sirven precisamente a humildes poblaciones rurales.

En las dictaduras la radio y la televisión estatales, en efecto, reproducen en forma mecánica las mentiras y manipulaciones del poder. Pero en Estados Unidos y democracias similares se han convertido en valiosas alternativas a los medios comerciales porque ofrecen una programación de calidad en la que se tratan a fondo las problemáticas comunes a todos los ciudadanos, sin temor a la tiranía de los ratings o mediciones de audiencia. Es cierto que algunos programas de los medios públicos atraen a minorías altamente educadas o política y socialmente motivadas. Pero una democracia como la nuestra tiene el deber de atender también las necesidades, inquietudes y preferencias de las minorías culturales, cuyas contribuciones al bien común suelen ser considerables.

PBS y NPR proporcionan a diario los foros de debate abierto y a profundidad en los que suelen informarse muchos forjadores de opinión del país, desde políticos, académicos y artistas, hasta periodistas y otros profesionales. Gran parte de su programación fomenta asimismo el interés por las artes y las humanidades; y educa y entretiene a nuestros hijos y nietos, como es el caso de su señero programa Sesame Street. Ambas entidades prestan este valiosísimo servicio a un costo público risiblemente bajo: cada contribuyente paga por ellos un promedio de $1.35 al año. Y es que la constante animosidad con que las han tratado los políticos sin visión las han obligado a diversificar sus ingresos mediante periódicas recaudaciones de fondos, donaciones de mecenas que valoran su labor y anuncios aislados.

El Congreso no ha sido precisamente un amigo confiable de las transmisiones públicas. Pero ha rechazado previas propuestas jacobinas para eliminarlas. Ahora debería hacer lo mismo.

Periodista cubano.

Siga a Daniel Morcate en Twitter: @dmorca

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