Daniel Morcate

La mejor amiga de la NSA

La Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos es una admirable oda a la libertad y protección personales del excesivo fisgoneo estatal. Estipula desde 1792, cuando la proclamó el gran Thomas Jefferson, a la sazón Secretario de Estado, “el derecho del pueblo a sentirse seguro en sus personas, viviendas, documentos y efectos respecto a registros y confiscaciones irrazonables”. Diversos gobiernos y cuerpos policiales de vez en cuando la habían violado y pagado las consecuencias. Pero desde que se produjeron los atentados del 9/11 y se adoptaron ciertas leyes para prevenir el terrorismo, la violación de la Cuarta Enmienda se ha vuelto sistemática y ha quedado fundamentalmente impune. En ese sentido, por desgracia, los terroristas parecen haberse anotado un tanto, al lograr que se haya elevado nuestro temor al nivel de suprimir o socavar en forma drástica las protecciones individuales de la Cuarta Enmienda.

El más reciente ejemplo son las revelaciones sobre la extensa cooperación de AT&T en la vigilancia tentacular de ciudadanos. Que la famosa empresa de telecomunicaciones se había hecho cómplice de la Agencia para la Seguridad Nacional se ha sabido desde hace tiempo. Lo expuso Edward Snowden. Pero una nueva investigación de ProPublica y el New York Times indica que AT&T le dio a la NSA acceso a miles de millones de correos electrónicos de norteamericanos y extranjeros y que le suministró la asistencia técnica necesaria para ejecutar la orden de una corte secreta que deportivamente autorizó grabar las comunicaciones por internet en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York, el cual es cliente de AT&T. “La compañía”, concluye la investigación periodística, “instaló equipos de vigilancia por lo menos en 17 de sus puertos (hubs) en suelo norteamericano”, muchos más que los que instaló su competidora Verizon, otra empresa de telecomunicaciones que colaboró en el espionaje doméstico de la NSA.

También se ha denunciado que AT&T ayudó al gobierno a espiar las comunicaciones de funcionarios y ciudadanos corrientes de Brasil, Francia, Alemania, Grecia, Israel, México y otros países aliados y rivales, como Venezuela. La empresa, sin embargo, insiste en guardar un hermético silencio, amparándose en la conveniente excusa de que no comenta sobre “asuntos de seguridad nacional”. Es precisamente lo único que les dijo al NYT y a ProPublica el pasado fin de semana. Lamentable, porque si algo se merecen los espiados, la inmensa mayoría de los cuales son personas inocentes de delito alguno, es una explicación coherente de estas actividades secretas que violan el espíritu y la letra de la Constitución.

Entre las cosas que también deberían explicar AT&T y otras firmas de telecomunicaciones es cuánto ha influido en su contubernio con el gobierno el aparente reciclaje de personal. Y es que otra denuncia, hecha por el abogado constitucionalista y periodista investigativo Glenn Greenwald, asegura que “hordas de ex altos funcionarios del gobierno” trabajan para AT&T y otras empresas similares y viceversa, “hordas de actuales funcionarios de defensa son antiguos empleados de esas mismas corporaciones”. Este reciclaje de empleados y ejecutivos, que hasta ahora no han desmentido las compañías, pone en entredicho cualquier presunción de que han ayudado a espiarnos por patriotismo o por un noble deseo de protegernos de conspiradores violentos.

Pero la explicación más importante y perentoria que nos deben AT&T y otras empresas es si todavía espían nuestras llamadas telefónicas y actividades en internet, si lo hacen por su cuenta, como recientemente les exigiera el Congreso, o conjuntamente con el gobierno y de qué manera están utilizando la información recabada. Como AT&T no deja de escudarse en el “no comment”, algunos usuarios la han demandado sin éxito hasta ahora. Pero su demanda está más que justificada. Si prosperase, pudiera restablecer un poco los derechos que, como ciudadanos, nos otorga la Cuarta Enmienda y que tanto han menoscabado el gobierno y sus colaboradores del sector privado. La capacidad que entre ambos han desarrollado para vigilarnos les confiere un poder descomunal que constitucionalmente no se merecen. Es un poder del que fácilmente pudieran abusar a menos que otras instituciones le pongan un coto razonable.

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