Daniel Morcate

La batalla por la crudita

Alejandro García Padilla
Alejandro García Padilla AP

La perenne y aguda crisis ecónomica de Puerto Rico, que ya dura una década, está desatando una crisis de gobernabilidad de consecuencias imprevisibles. En estos días la simboliza la batalla por la crudita, el jocoso término con que el pueblo puertorriqueño ha bautizado la propuesta que ha hecho el gobernador Alejandro García Padilla de aumentar el impuesto del combustible para enfrentar la deuda de $178 millones, más intereses, que tiene la Autoridad de Carreteras y Transportación. Es apenas una aguja en el pajar de la deuda colectiva de la isla que asciende a $72 mil 600 millones. Decir que esa deuda estratosférica es impagable es andarse por las ramas. Es más bien sugerir que no hay gobierno ni pueblo de la isla que la puedan pagar. En un futuro cercano. O tal vez nunca. Jamás.

García Padilla, sin embargo, quiere ir por partes. Y cree que si la Legislatura aumenta de $9.25 a $15.50 el impuesto sobre cada barril de petróleo que ingresa a Puerto Rico se podrán enderezar las finanzas de la ACT. El problema estriba en que eso obligaría a cada chofer a pagar más de $56 anuales en un país donde cada familia se mueve en un mínimo de tres vehículos; donde el gobierno no cesa de aumentar las contribuciones ciudadanas para hacer por lo menos el intento de pagar los intereses sobre la deuda galopante; y donde el desempleo de dos dígitos ha provocado ya el mayor éxodo hacia Estados Unidos en lustros.

La impopularidad de la medida es tal que la rechazan incluso muchos legisladores del Partido Popular del gobernador. Y aquellos que pudieran estar de acuerdo con ella la consideran un acto desesperado del gobierno del que prefieren no hablar mucho en público. La aprobación popular de García Padilla, que nunca fue alta, se ha deslomado a menos del 40 por ciento según sondeos recientes. Aparejado a ese descenso va su creciente inacapacidad de cambiar la mala suerte económica de Puerto Rico y todo lo que ella implica: además del éxodo de profesionales y personas con oficios, la escalada criminal y la profunda desesperanza de los puertorriqueños que permanecen en la isla.

El que García Padilla esté dispuesto a gastar capital político en la crudita da la medida de lo difícil que se le ha vuelto gobernar en las actuales condiciones en que se halla el país. Lo normal es que los trabajadores paralicen el transporte público mediante una huelga. Pero en Puerto Rico fue el propio gobernador quien amenazó con suspender el servicio de transporte esta semana si la Asamblea Legislativa no le aprobaba la crudita. La cámara baja ya lo hizo a regañadientes. Sobre ascuas han estado la Autoridad Metropolitana de Autobuses, el Tren Urbano y el Metro Urbano. Entre 75,000 y 80,000 usuarios han corrido peligro de quedarse sin un medio confiable para ir al trabajo, a la universidad o al médico. Y fue necesario que el gobierno del Presidente Obama amenazara con privar de fondos al sistema de transporte puertorriqueño para que García Padilla y los legisladores buscaran un acuerdo que abortara el paro. Washington le recordó a García Padilla que un paro gubernamental del transporte público violaría los tratos mediante los cuales canaliza millones de dólares hacia el sistema de transporte de la isla.

¿Cuánto tiempo más podra vivir Puerto Rico en la zozobra económica que ata las manos de sus dirigentes y condena a cientos de miles de ciudadanos a vivir en la pobreza — asediados por la delincuencia— o a emigrar? Nadie se atreve a predecirlo. Las soluciones para paliar la crisis se quedan cortas. El desespero aumenta junto con la deuda gubernamental. La delincuencia se vuelve una opción de supervivencia cada vez más común. Y ya ni siquiera los cambios de gobierno por los que votan las mayorías auguran una mejoría real y sostenible. Puerto Rico ha tocado fondo. Pero nadie da con la fórmula para hacerlo flotar de nuevo.

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