Daniel Morcate

DANIEL MORCATE: ¿Educadores o depredadores?

El propietario del Dade Medical College, Ernesto Pérez, es arrestado en el tribunal penal de Miami-Dade, después de llegar a un acuerdo con la fiscalía, el pasado 3 de noviembre.
El propietario del Dade Medical College, Ernesto Pérez, es arrestado en el tribunal penal de Miami-Dade, después de llegar a un acuerdo con la fiscalía, el pasado 3 de noviembre. The Miami Herald

Bajo el amparo de políticos desaprensivos o irresponsables, ciertos colleges lucrativos y hasta no lucrativos están agravando el sufrimiento de estudiantes y sus familias que, como último recurso, apuestan por ellos. Les hacen cuentos de hadas, les birlan dinero y tiempo valioso, les llenan la cabeza de sueños profesionales y luego les dejan en la estacada, a menudo con deudas enormes, sin títulos o con papeluchos que valen menos que bolívares chavistas. En la Florida acabamos de ver el ejemplo dramático del Dade Medical College, el cual acaba de irse a la quiebra dejando a sus estudiantes en el limbo. Su dueño principal, Ernesto Pérez, aparentemente se convirtió en un as de la educación universitaria a pesar de no haber terminado siquiera sus estudios de secundaria. ¿Genio autodidacta?, se preguntará el lector. Mas bien, diría yo, audaz experto en la inversión de influencia política en el negocio turbio de la “educación” entre comillas.

El pasado fin de semana el Herald documentó cómo, a pesar de las claras señales de que el Dade Medical College operaba bajo “una nube legal” desde hace un par de años, sus padrinos políticos no cesaban de fotografiarse y tenderle la mano a Pérez. Invito al lector a repasar la galería de fotos de notables que aparecen sonrientes junto al ejecutivo ahora en desgracia. A su vera desfilaron políticos locales, estatales y hasta nacionales. Estoy seguro de que algunos lo hicieron de buena fe, creyendo con ingenuidad que Pérez y su college eran ejemplos de una exitosa operación de educación privada no alineada con las grandes instituciones estatales. Pero todo indica que otros conocían bien el paño. Y que le daban su apoyo para reciprocar favores. La fiscalía afirma que Pérez invirtió más de $750,000 en contribuciones políticas; y el Herald que “encauzó empleos y trabajo contractual a casi una docena de políticos locales”.

Enredos como este del Dade Medical College merecen la atención de investigadores federales. Dejarlo en manos de locales sería correr el riesgo de que las conexiones políticas impidan llegar al fondo del entuerto. Delimitar bien las responsabilidades del caso es lo menos que se merecen los estudiantes perjudicados. Hoy muchos colleges de prestigio se niegan a aceptarles los créditos que ya habían obtenido. Jóvenes como Nikki Lambert dicen sentir que “asistieron a clases basado en una mentira”. No les consuela una demanda colectiva que se ha presentado. Ni tampoco que Pérez se haya entregado a las autoridades.

El Dade Medical College, desde luego, pudo haber sido víctima de una competencia fuerte, pobre administración o mala suerte. Pérez solo se ha declarado culpable de violar leyes sobre donaciones de campaña y se entregará en enero. Pero este caso ilustra los peligros de la actual carrera desenfrenada hacia la privatización de la enseñanza a expensas de la educación pública. La moda privatizadora en gran medida explica lo que les ha sucedido al Dade Medical College y a decenas de instituciones similares a lo largo y ancho del país. Políticos conservadores y liberales se han entusiasmado tanto con ella que se han olvidado de supervisar debidamente a estos centros de enseñanza privados, de exigirles responsabilidades básicas que se les exigen a los públicos. Las generosas contribuciones de campaña alimentan su olvido.

El presidente Obama también se ha tragado el bulo de que algunas formas agresivas de privatización remediarían los males reales o imaginarios de nuestra educación. Pero ante desastres como el del Dade Medical College su gobierno no ha tenido otra alternativa que anunciar medidas para exigirles transparencia a las agencias que acreditan a la ligera a los colleges lucrativos. La semana pasada le pidió al Congreso que le dé la facultad de establecer las normas mediante las cuales se mide el progreso estudiantil en ellos. Ante los escándalos que protagonizan, no es descartable que los mismos políticos que han alentado y amparado a estas instituciones decidan meterlas en cintura. Pero mientras tanto, conviene que las autoridades federales, incluyendo el FBI, ayuden a determinar cuáles de ellas educan de verdad y cuáles son puros centros de explotación.

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