Daniel Morcate

DANIEL MORCATE: Torturas a nuestro nombre

El director de la CIA, John Brennan, rechaza las críticas en el informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre las torturas.
El director de la CIA, John Brennan, rechaza las críticas en el informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre las torturas. AP

No pudo haber sido fácil para la Comisión de Inteligencia del Senado el realizar su valiente informe sobre las torturas que aplicaron agentes de la CIA a nuestro nombre. Durante largo tiempo, el clima político había sido adverso a revelar esas verdades. Para enterarse de algunas de ellas, el país había dependido de filtraciones a cuentagotas hechas a la prensa. En Washington preocupaba la posibilidad de que se desatara una cacería de brujas. Y de que las brujas fueran de alto vuelo. También había temor al rechazo popular, a la idea de que muchos norteamericanos prefieran que los chicos malos de la CIA hagan alguna que otra travesura con tal de que el país se mantenga debidamente protegido de terroristas sin escrúpulos. Pero al final, la verdad se está abriendo camino, aunque todavía pretendan negarla o maquillarla protagonistas del entuerto quienes probablemente temen a las posibles consecuencias.

Y de ahí precisamente surge la pregunta clave que ahora enfrenta el país. ¿Cuáles deberían ser las consecuencias del incisivo informe del Senado? Pregunta complicada. Algunos expertos legales dudan que se pueda procesar a los torturadores de la CIA porque estos sencillamente seguían orientaciones generales y ambiguas del Departamento de Justicia, lo que técnicamente los colocaría dentro de los márgenes de una legalidad precaria pero legalidad al fin. Otros sugieren que, a lo sumo, el informe podría invocarse para exigirle a la CIA un cambio de conducta, de tal manera que rinda cuentas de sus actos a la Casa Blanca y al Congreso, como exige la ley. Es una vieja aspiración, mil veces frustrada, de nuestra clase política. La verdad es que la CIA actúa dentro de la ley hasta que ya no lo hace. Y que a menudo deja de hacerlo porque se lo permiten los políticos. Fue lo que sucedió después de los atentados del 9/11.

El waterboarding, la “alimentación anal” y otras técnicas de interrogatorio “extendido” se usaron mayormente en suelo extranjero, según el informe. Y esto podría introducir otra variante legal: la posibilidad de que otros países decidan procesar a los torturadores. Estados Unidos nunca ha acatado la Corte Criminal Internacional. Pero sí lo han hecho algunas de las naciones donde actuaron los agentes norteamericanos. Si tuvieran la voluntad política, en principio podrían promover encausamientos en esa entidad. Juan Menéndez, observador especial de la ONU sobre la tortura, se muestra partidario de ellos en cualquier lugar que tenga jurisdicción. Su colega Ben Emmerson, el observador especial sobre derechos humanos, le ha pedido al Secretario de Justicia, Eric Holder, que inicie procesos contra los sospechosos. Y activistas norteamericanos de derechos humanos –esas voces que a menudo claman en el desierto– respaldan estos reclamos.

Lo que resultaría verdaderamente decepcionante sería que el informe sobre las torturas no condujera a ninguna parte, especialmente en Estados Unidos, el país más afectado por los desmanes de algunos agentes. El informe no solo describe con lujo de detalles esos desmanes. También demuestra que la CIA desinformó a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia, al Congreso y al público sobre su programa de torturas. Incluso George W. Bush, bajo cuya presidencia se ejecutó el plan, no se enteró de su alcance hasta varios años después. Y mientras pudo la CIA le ocultó a él y al país entero la esencial futilidad de muchas torturas para arrancar confesiones de sospechosos de terrorismo. Ignorar estos hechos sería alentar la conducta abominable de los perpetradores y aceptar que la CIA, como entidad gubernamental, está por encima de nuestras leyes.

El informe, principalmente, reta a la nación a definir cuales deberían ser los límites de las investigaciones de terrorismo y del trato que se les da a los sospechosos de perpetrarlo o planearlo. Es cierto que esa definición no es fácil. Parte del problema estriba en que no podemos confiar en la eficacia de las torturas para hacer confesar a terroristas y prevenir la muerte de inocentes, como precisamente concluye el informe. Pero tampoco la podemos descartar. Alguna definición, debidamente incorporada a la ley, permitiría ciertos tratamientos severos para enfrentar emergencias. Y para procesar bajo nuestro sistema de justicia a quienes transgredan esa ley.

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