Daniel Morcate

Puerto Rico en manos del Congreso

Un grupo de manifestantes protesta en Nueva York el 7 de abril contra la renuencia de la Reserva Federal de resolver el problema de la deuda de Puerto Rico, después del rescate bancario de la década pasada.
Un grupo de manifestantes protesta en Nueva York el 7 de abril contra la renuencia de la Reserva Federal de resolver el problema de la deuda de Puerto Rico, después del rescate bancario de la década pasada. AP

Esta debería ser la semana del alivio y la esperanza para Puerto Rico. Pero en lugar de ello es probable que sea la de su caída definitiva en el abismo. El Congreso, dominado por los republicanos, no cesa de arrastrar los pies para actuar, a pesar de que es el único que a estas alturas de la crisis fiscal puertorriqueña puede aliviarla. El primero de mayo el insolvente Banco de Desarrollo de Puerto Rico deberá pagar $422 millones de la deuda de más de $70 mil millones. Sin embargo, carece del dinero. Y la casa crediticia Moody’s advierte que ese dinero no aparecerá como por arte de magia, “incluso si hacia el fin de esta semana se aprueba legislación para dar supervisión federal” a la forma en que el gobierno de la isla gasta sus fondos. Las divisiones políticas, las diferencias entre los acreedores de Puerto Rico y la complejidad del problema han paralizado a los congresistas. Mientras tanto, millones de puertorriqueños están sufriendo en carne propia las consecuencias de la quiebra fiscal. Y este es solo el comienzo.

El más reciente efecto de la debacle es la incapacidad del gobierno de Puerto Rico de pagar las cuentas de sus proveedores, incluyendo los de equipos médicos y medicinas para hospitales y otros centros de salud estatales. Algunos se han visto obligados a cerrar. El otro día un juez federal le ordenó al Departamento de Salud de la isla que pague de inmediato viejas deudas con contratistas que sirven a discapacitados mentales; de lo contrario estos servicios básicos se suspenderán de manera indefinida. La perspectiva del impago es que centenares o miles de personas deambulen por las calles de Puerto Rico o languidezcan en sus casas sin tratamiento para sus problemas mentales. Por la falta de recursos, la Comisión Electoral puertorriqueña ni siquiera tiene los $3 millones que necesita para organizar las primarias demócratas, programadas para el cinco de junio.

El gobierno del presidente Obama ha dejado claro que solo dispone de retórica para enfrentar la crisis fiscal puertorriqueña. La capacidad de acción la tienen los legisladores federales. Su misión debería ser adoptar cuanto antes una ley que combine la supervisión independiente de la forma en que Puerto Rico gasta dinero con una reestructuración de la deuda y un plan inteligente y compasivo para aumentar los ingresos estatales. La verdad es que, a pesar de la gravedad de la crisis, los congresistas no tienen sobre sus mesas de trabajo nada parecido. A lo sumo, algunos republicanos promueven la Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, proyecto de ley que crearía una junta supervisora de siete miembros y permitiría reestructurar la deuda. Lamentablemente, la medida se ha estacando, tiene hondas lagunas y los republicanos ni siquiera la han discutido con sus colegas demócratas ni con la Casa Blanca, al menos hasta el momento en que escribo estas líneas.

Mientras más se demoran en actuar los congresistas, más se agrava el éxodo de puertorriqueños de la isla hacia Estados Unidos, especialmente hacia Nueva York y la Florida, donde ya sobrepasaron el millón. La fuga de miles de profesionales y trabajadores con oficios erosiona la base de contribuyentes de impuestos en Puerto Rico, haciendo más difícil la eventual recuperación económica. La isla ha padecido más de una década de recesión. Pero expertos advierten que, si no llega alivio rápido y certero, descenderá a una depresión que inevitablemente repercutirá en la metrópoli.

El pasado domingo el Wall Street Journal, velador de causas e intereses conservadores del país, lanzó otra advertencia ominosa: si el Congreso no ayuda a Puerto Rico enseguida, los demócratas capitalizarán en lo político. Culparán a los legisladores republicanos y atraerán votos claves de puertorriqueños en la Florida en la elección presidencial y en la que se disputa el escaño que abandonará el senador del GOP Marco Rubio. Es un argumento práctico que casi raya en el cinismo político. Pero tal vez sea el que mejor funcione para superar una inercia legislativa que no beneficia ni a Puerto Rico ni a Estados Unidos.

Periodista cubano.

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