Daniel Morcate

Otra vez las redadas

Inmigrantes centroamericanos impactados por las redadas contra indocumentados participan en una manifestación frente a un centro de detención en Los Angeles, el 17 de mayo. Las familias inmigrantes pidieron al gobierno de Obama una protección temporal.
Inmigrantes centroamericanos impactados por las redadas contra indocumentados participan en una manifestación frente a un centro de detención en Los Angeles, el 17 de mayo. Las familias inmigrantes pidieron al gobierno de Obama una protección temporal. AP

Como las malas películas que repiten ciertos canales por escasez de presupuesto, el gobierno reanuda las redadas masivas de indocumentados por falta de ideas o alternativas. Esta vez el blanco principal son indefensos jóvenes y madres centroamericanos que entraron al país ilegalmente y enfrentan órdenes de deportación. Tuvimos un atisbo de la medida en enero cuando se realizaron redadas en varios estados. Pero creímos que era una anomalía porque, bajo fuertes presiones políticas y sociales, el gobierno del presidente Obama las había suspendido el año pasado. Sin embargo, un soplón interno filtró documentos que acreditan la reanudación de la estrategia deportadora. En conjunto son una confesión de impotencia ante la realidad de la inmigración ilegal, la falta de cooperación de gobiernos amigos para frenarla y las presiones conservadoras para responder con medidas de fuerza que ignoran o niegan la humanidad de los afectados.

El gobierno justifica la nueva ofensiva con argumentos que merecen nuestra atención. Entre octubre de 2015 y marzo de 2016, dice, la patrulla fronteriza ha detenido a más de 32,000 “unidades familiares” en nuestra frontera sur. “Unidades familiares” es el código burocrático con que designa a madres y menores de edad que intentan ingresar solos al país. La cifra representa un aumento notable respecto a 2014. Y sugiere que muchas familias de El Salvador, Guatemala y Honduras, principalmente, están poniendo en riesgo a sus hijos con tal de darles una oportunidad de venir a Estados Unidos. El peligro es real. No pocos son víctimas de coyotes inescrupulosos que les cobran enormes cantidades de dinero, maltratan, esclavizan y prostituyen. Oficialmente las deportaciones pretenden frenar ese trasiego peligroso.

Lo que no parece entender el gobierno es que el remedio que aplica es tan malo o peor que la enfermedad. Las redadas en masa siembran el pánico en las comunidades de inmigrantes, se prestan para toda clase de abusos oficiales y desalientan la cooperación de inmigrantes con las autoridades locales. Al declarar blancos a madres y jóvenes centroamericanos, el gobierno contradice su propio mandato de perseguir a inmigrantes con antecedentes penales o reincidentes en el ingreso ilegal al país. Y para colmo no hay prueba fehaciente de que las redadas y subsecuentes deportaciones sean un instrumento efectivo para detener la emigración de estas madres y sus hijos desesperados hacia Estados Unidos.

La mayoría de inmigrantes a los que ahora busca el gobierno se esconden de órdenes judiciales de deportación. Pero abogados y activistas cívicos aseguran que el sistema judicial les ha tratado como inmigrantes económicos a propósito, ignorando sus argumentos de que huyen de la violencia y el acoso de pandillas y policías corruptos en sus países de origen. La estrategia oficial ha sido la de ignorar sus experiencias personales para poder ignorar más fácilmente también su humanidad, es decir, su derecho a buscar un lugar seguro donde desarrollar sus proyectos de vida. Por eso a casi todos se les niega el asilo.

A estas alturas ya resulta ingenuo el sostener que una reforma migratoria integral aliviaría este problema, creando mecanismos más justos y confiables para tramitar casos como el de estos jóvenes centroamericanos y sus madres. La fuerte oposición conservadora sigue impidiendo una solución así. Pero aun sin reforma el gobierno pudiera buscarle paliativos a la situación. Un recurso sería trabajar con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para combatir las causas del éxodo, especialmente la violencia indiscriminada que padecen los jóvenes incluso en las escuelas dominadas por pandillas criminales. Otro sería garantizar audiencias más justas de inmigración, como las que prometen los precandidatos presidenciales demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders.

La reanudación de las redadas en plena campaña electoral alimenta la suspicacia de que el gobierno procura quitarles a los republicanos una posible carta de triunfo. La inmigración ilegal es impopular entre amplios sectores de la población y figura como tema central en la lucha por la Casa Blanca y el Congreso. Algunos candidatos demócratas presionan al gobierno para que desista de las redadas; pero otros le exigen mano dura contra los indocumentados. El profundo drama de los jóvenes y madres centroamericanos no debería estar sujeto a los variables vientos políticos del país.

Periodista cubano.

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