Daniel Shoer Roth

En busca de soluciones serias para alegrar a Pascuala Romero

Un equipo de vecinos en las inmediaciones del Orange Bowl, en La Pequeña Habana, se ha planteado ganar un arduo partido para anotarse unos puntos en el campeonato de los millones invertidos en el desarrollo urbanístico de Miami.

Si triunfan, marcará el comienzo de una temporada en que los más pobres también serán premiados por la bonanza que ha generado el reciente boom inmobiliario. No obstante los resultados, este esfuerzo marca un hito en la deficiente planificación económica del crecimiento urbano de Miami-Dade, que ha dejado en el olvido a la mayoría de sus habitantes.

Algunos ciudadanos se han unido al ver que sus vecinos se marchan. El alza estratosférica en los precios de los alquileres, combinada con la escasez de fuentes de empleo en la zona, han forzado a numerosas familias hispanas a mudarse al centro de la Florida, Georgia y Virginia. Tan es así, que cuando no hay juego de football el barrio parece fantasma, no sólo de noche sino también de día, porque los que sí trabajan - comúnmente como empleadas de mantenimiento y obreros de construcción - encaran traslados caóticos de varias horas en el sistema de transporte público.

Una de estas personas es Tomasa Hernández, quien esta semana solicitó a la FPL que le prorrogara la fecha de pago de su factura eléctrica de $67. Los fines de semana, los únicos días que tiene trabajo, la nicaragüense de 55 años viaja hasta Hollywood, donde cuida a un anciano. Su esposo, José Humberto Urbina, está desempleado desde que hace unos meses se quebró una mano en la compañía donde era un operario. Como no le ofrecían seguro de compensación laboral, cuando fue a reclamar, lo despidieron.

Algunas consecuencias inmediatas: aprietos para pagar el alquiler de $600 mensuales y cero en remesas para sus hijos, quienes dependen de ellos para cursar los estudios en su país natal.

"Aquí la gente se va por tres o seis días a trabajar y luego regresan, porque antes se paraban en las esquinas y los contrataban, pero ahora con eso de los indocumentados, tienen miedo de que la inmigración los arreste", expresó Hernández. "Nuestros apartamentos están en terribles condiciones, pero cuando nos aumentan la renta, hay que pagar".

Bajo la égida de Vecinos Unidos, este matrimonio y unas 300 familias de escasos recursos en La Pequeña Habana y Allapattah se apresuran a terminar un borrador de un contrato que aspira a conseguir un pellizco de los más de $150 millones de fondos públicos aprobados para limpiar la imagen futbolística de Miami.

Más allá de compartir el fervor de un touchdown, los residentes de la zona quieren que la Ciudad de Miami les garantice trabajos bien remunerados y oportunidades de entrenamiento laboral durante las obras de remodelación del estadio. Con ese norte, se proponen sellar un Acuerdo de Beneficios Comunitarios (CBA, por sus siglas en inglés), el primero de este tipo en el sur de la Florida.

Decenas de proyectos públicos o privados de revitalización de barrios deprimidos en Miami han hecho rimbombantes promesas de incluir a los residentes y contratistas minoritarios en sus operaciones de construcción y complejos de viviendas. No sólo han sido demagógicos, sino que también han cobrado una factura social que apunta a un inevitable apartheid.

"Queremos sentar un precedente'', afirmó Serena Pérez, organizadora de Trabajos con Justicia, una coalición de grupos de derechos civiles, sindicatos y organizaciones comunitarias que está a cargo de las negociaciones del CBA, cuya violación implicaría consecuencias judiciales. "En La Pequeña Habana ha habido problemas sociales enormes como los desplazamientos, y nadie asume responsabilidad''.

En juego está el futuro de un puñado de grupos vecinales de base que han brotado recientemente en varias áreas del condado para dar voz a quienes no se benefician del pujante renacer de sus comunidades, que le está ganado a Miami un prestigio internacional del que jamás había gozado.

El rápido desarrollo urbanístico ha obligado a cientos de familias a empacar sus pertenencias y abandonar los vecindarios donde han convivido por décadas para irse a barrios paupérrimos. Paralelamente, las expropiaciones que responden a acciones gubernamentales por utilidad pública (eminent domain, en inglés) se ejercen con mayor frecuencia debido al caudal de obras de mejoramiento de la infraestructura.

"Este es un tema muy sensible ahora por todos los problemas del desarrollo comunitario, así que los políticos lo están tomando muy en serio'', sostuvo Bruce Nissen, director del Centro de Estudios Laborales de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). "Si Vecinos Unidos logra lo que busca, su éxito será un legado para el avance económico del condado; será un ejemplo para otros grupos de cómo lograrlo, y de lograrlo bien. Nadie habla en nombre de las personas de bajos ingresos a menos que éstas se organicen y luchen por sus derechos''.

El CBA es un contrato de cumplimiento legal obligado pactado entre una coalición que representa a un conjunto de residentes de una comunidad afectada por un proyecto en particular, y una municipalidad, ciudad o ente gubernamental, si las obras se financian con fondos públicos. También puede negociarse con promotores inmobiliarios particulares.

A cambio del apoyo de la comunidad, el acuerdo compromete al urbanizador a adjudicar fondos para áreas verdes en las calles adyacentes al proyecto, usar los servicios de los pequeños negocios de la vecindad en vez de traer compañías foráneas, y contratar mano de obra local con buenos salarios y beneficios sociales. El modelo se puso primero en práctica en obras públicas como el Staples Center y el Distrito de Deportes y Entretenimiento en Los Angeles, y se ha extendido con éxito a ciudades como Denver, Seattle, Milwaukee, Nueva York y Chicago.

En Miami, una ordenanza engavetada que se está desempolvando y ha regido los programas para la contratación de residentes y pequeños negocios desaventajados en obras públicas, data de 1983, según Lisa Mazique, directora del Departamento de Desarrollo Económico de la ciudad.

Por lo arcaica que es para adaptarse a la realidad actual, en momentos en que el Programa de Mejoras Capitales (CIP) administra una plenitud de proyectos multimillonarios con bonos municipales, la ordenanza está bajo revisión, destacó la funcionaria.

"Lo que se necesita es institucionalizar una política pública general y un programa que pueda ser replicado no sólo en el Orange Bowl, sino en todas las grandes obras públicas de la ciudad'', dijo Mazique.

El Orange Bowl, un ícono del football por más de 75 años en el que los Miami Dolphins vieron su esplendor de los años 70, y actualmente sede de los Huracanes de la Universidad de Miami, está sumamente deteriorado. De cara al futuro, la ciudad lo considera el hogar perfecto para una franquicia de la liga profesional de fútbol de Estados Unidos. De ahí la urgencia de revitalizarlo.

En la página de internet correspondiente al proyecto de renovación del complejo deportivo, los líderes de Miami invitan a los cibernautas a que se informen más "de este ambicioso esfuerzo por redesarrollar el estadio y convertirlo en una mejor instalación para los fanáticos, los equipos y otros usos''.

Pero en ningún lugar se menciona a Pascuala Romero.

Romero es una vecina que limpia los sanitarios del estadio, y quien por unos pocos dólares por hora encara la mugre de unos inodoros viejos que constantemente se tupen durante la frenética jornada de un juego.

"Es una cosa horrorosa", admite. "Muchos empleados salen enojados de ahí porque les quitan [el pago de] las horas extras".

Romero, inmigrante de 59 años que no sabe leer ni escribir, se quejó de los largos horarios y precisó que lo único que quieren es que los traten con algo de consideración.

Esa consideración que Romero y Vecinos Unidos de La Pequeña Habana con tanto mérito esperan de las autoridades, se sopesará con los intereses de los promotores inmobiliarios y sus cómplices, los políticos, a la hora de bendecir o no un CBA. Mientras tanto, el partido quedará en suspenso.

Es tarea de la ciudad, y no de los vecinos, proponer un acuerdo de beneficios comunitarios que tenga un aval legal, con la meta de crear una comunidad más integrada en la que no sólo unos, sino todos, puedan disfrutar del juego.

dshoer@herald.com

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