Daniel Shoer Roth

DANIEL SHOER ROTH: Hervido vivo en la cárcel

El presidiario 060954 era un hombre de 50 años con discapacidad mental condenado a dos años por posesión de narcóticos.

Debido a sus malos hábitos de limpieza, los carceleros en el sistema penitenciario de Miami decidieron incrementar la dureza de la sentencia, sin consultar con un juez. Lo sometieron a un ritual de castigo: una hora de clausura en una ducha hirviendo a toda potencia.

“¡No puedo aguantar más; no puedo! ¡Lo siento! ¡No voy a hacerlo de nuevo!”, gemía el recluso, mientras su piel se desmenuzaba por la voracidad del calor, posiblemente más de 160 grados. Una suerte de cámara de gas, y caliente, en nuestra comunidad.

Afuera, el calvario de la víctima no ablandaba a nadie el corazón. “¿Está suficientemente caliente?”, preguntaban, con macabro sarcasmo, los custodios, según revelaciones de testigos.

Regados por el piso de la ducha, los trozos de piel de Darren Rainey fueron rápidamente recogidos por otro prisionero a quien los funcionarios entregaron una botella de cloro. El silencio cómplice de las autoridades carcelarias devoró cualquier intento de denuncia. ¿Quién iba a creer en la palabra de unos delincuentes?

Demoró dos años –¿dos años?– hasta que finalmente esta semana el Departamento de Prisiones de Florida colocó en permiso administrativo con goce de sueldo –¿con sueldo?– al alcaide de la Institución Penitenciaria de Dade (DCI), entidad abatida por un vendaval de acusaciones sobre torturas y abusos en las prisiones locales, y ulterior encubrimiento de abominables hechos que deslustran el sistema de justicia norteamericano consagrado en la Octava Enmienda de la Carta de Derechos, la cual prohíbe “castigos crueles e inusuales”. Las penas han de ser justas y humanitarias.

Irónicamente, las que izan la bandera de la conciencia en la cárcel de Dade son las voces de los convictos. Pero esta vez, George Mallinckrodt, un psicoterapeuta que trabajaba en el módulo psiquiátrico donde murió Rainey, también da fe del martirio y las palizas que son ya el pan de cada día en ese infierno. Un recluso, narra, fue esposado por la espalda y de inmediato escoltado a un pasillo oscuro que presagiaba un linchamiento. Los custodios lo abalanzaron al impávido suelo de hormigón fuera del alcance del sistema de cámaras. Las nubes del salvajismo se enfurecieron y una lluvia de patadas lo ahogó en su miseria.

“La golpiza –escribió el psicoterapeuta– habría proseguido de no ser por la oportuna intervención de mi compañero de trabajo, quien golpeó la ventana al gritar ‘¡Alto! ¡Deténganse! ¡Alto!’. Por miedo a represalias, este compañero de trabajo escribió en el informe del incidente que no había visto nada”.

Amnistía Internacional, el Consejo de Iglesias de Florida y la Unión de Libertades Civiles estatal, entre otros organismos de derechos humanos, escribieron una misiva al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, instando al Departamento de Justicia a tomar cartas en el asunto. Una docena de reclusos ha fallecido en condiciones dudosas en el sistema correccional estatal. Los casos están bajo escrutinio de las agencias del orden público.

Con miras de calmar las caldeadas aguas, el secretario del Departamento de Prisiones de Florida, Michael Crews, convocó una rueda de prensa el jueves en la cárcel del sur del Condado donde Rainey emitió su último suspiro. Habló de responsabilidad, de velar por un ambiente seguro detrás de las rejas, de eliminar las “semillas malas” del departamento; blablablá, la charlatanería de la jerarquía del gobierno floridano que rota como una puerta giratoria cada vez que un escándalo sacude al Estado del Sol sin que nada mejore.

Caprichos del destino o triste realidad: mientras el secretario visitaba el DCI, la Policía se preparaba para investigar la muerte de otro recluso ese mismo día en ese mismo centro. Nadie, empero, se atrevió a notificar al jefe de los hechos –y lo hicieron quedar como un monigote.

Para poner la cereza al repugnante pastel, días atrás cuatro investigadores del Departamento presentaron una demanda federal de denunciante contra el Estado de Florida por presuntamente administrar un sistema penitenciario en el cual la tortura está a flor de piel, el personal carcelario contrabandea drogas y los guardianes encargan el cumplimiento del orden a miembros de las pandillas.

En otro caso, por diferentes motivos, pero con el mismo resultado, el año pasado, un desamparado esquizofrénico bajo custodia del Departamento Correccional de Miami-Dade murió por una herida inflamada en la pierna –causada por la agresión de otro recluso– que no fue atendida a pesar de su deplorable estado y su clamor por ayuda a los custodios.

Aunque por los crímenes perpetrados, los presos están purgando sus penas, algunos incluso sentenciados a cadena perpetua, la crueldad y los abusos de los derechos humanos no se justifican en las cárceles estatales porque reflejan una sociedad de la cual no queremos ser partícipes, además de facilitadores, pues estas funcionan con fondos de los contribuyentes. De lo contrario, Estados Unidos, bastión de la justicia, lideraría el mundo con un mal ejemplo. Las autoridades aprovechan la animadversión colectiva hacia los convictos para encubrir los malos tratos en los centros correcionales, particularmente en Miami-Dade, sede de una de las poblaciones penitenciarías más numerosas del país.

Urge promover la humanidad en las prisiones, especialmente en el trato a las personas que sufren discapacidad mental cuyos crímenes, en muchos casos, pudieran prevenirse con una mejor red de servicios sociales y médicos. Es natural que la ciudadanía no sienta empatía por los delincuentes. Pero no queremos convertirnos en lo mismo por lo que ellos guardan prisión.

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