Helen Aguirre Ferré

Los hermanos Koch y la reforma judicial

Los hermanos Koch son una familia interesante. Su padre, Fred Koch, era hijo de un inmigrante holandés que creció en Texas, donde puso en práctica el conocimiento adquirido en M.I.T. para crear una técnica que convirtió el combustible pesado en gasolina. Según la sabiduría empresarial de la familia, el negocio de Fred debió enfrentar muchas demandas por sus patentes, de modo que se fue a trabajar a la Unión Soviética, nada menos que bajo el régimen de Josef Stalin.

No es de sorprender que a Fred Koch le haya horrorizado lo que vio en la URSS, ya que fue testigo del terror, el hambre y la miseria que Stalin diseminó por todo el país. Koch regresó a Estados Unidos en 1958, convertido en un ferviente anticomunista y sus cuatro hijos, Frederick, Bill, Charles y David, siguen siendo ávidos defensores del gobierno limitado.

Charles y David son los más conocidos como “los hermanos Koch”, amados por la derecha y vilipendiados por la izquierda. Respaldan generosamente a organizaciones conservadoras y libertarias que apoyan la importancia de los mercados libres y un gobierno limitado pero efectivo. Su fortuna es notable: Koch Industries es un imperio de $115,000 millones con 60,000 empleados. Se calcula que Charles y David tienen una fortuna de $40,000 millones cada uno, lo que les da la libertad política de apoyar a los candidatos que son claramente conservadores y pensadores independientes que no temen enfrentarse al status quo en Washington. Aunque despreciados por la izquierda, la misma izquierda está descubriendo que los Koch son interesantes compañeros en un espacio donde la colaboración mutua parecería improbable: reformar la justicia penal.

Tras reconocer que demasiadas personas no pueden conseguir un empleo por haber sido encausadas por delitos menores como posesión de drogas, Koch Industries ha dejado de pedir a quienes solicitan trabajo en sus empresas que marquen la casilla pertinente si han sido hallados culpables de algún delito. Esta campaña, llamada “ban the box” (prohibir la casilla), la iniciaron en el 2004 los que cumplieron tiempo de prisión y no pueden obtener un trabajo con futuro ya que son automáticamente descalificados por sus antecedentes penales. Los superpoblados sistemas carcelarios indican que tal vez se encarcela con demasiada rapidez a los que cometen delitos menores. Cuando los reclusos cumplen sus sentencias, les resulta sumamente difícil encontrar un empleo, lo que los condena a ellos y a sus familias a una vida de pobreza, de dependencia del gobierno y hasta los obliga a delinquir.

Koch Industries se unió a Wal-Mart, Bed Bath and Beyond, Target y Home Depot para dar a las personas una segunda oportunidad de tener una vida digna al reintegrarlos a la sociedad. Eso comienza con un empleo.

Mark Holden, abogado general de Koch Industries, señala en una declaración de la compañía que las empresas “al inicio del proceso de contratación no deberían rechazar a personas que podrían ser capaces y calificadas, y quieren la oportunidad de trabajar duro”. Los hermanos Koch, al igual que otros, reconocen que en Estados Unidos, al castigar el delito con sentencias obligatorias, se ha producido la involuntaria consecuencia de penalizar en exceso a la población por delitos menores. Esto tiene que cambiar.

En un artículo publicado en Politico en enero de este año, Charles Koch y Holden destacaron cinco reformas fundamentales que piensan les devolverán la esperanza y le darán una oportunidad a los que buscan una nueva oportunidad en la vida. Las recomendaciones se basan en un trato justo: ofrecer buenos abogados nombrados por la corte; despenalizar las actividades que no dañan a los demás; terminar con los abusos de la fiscalía; terminar con las sentencias obligatorias y mínimas por delitos menores y, por último, la total restauración de los derechos ciudadanos a los jóvenes delincuentes tras cumplir su sentencia.

Estas recomendaciones ponen a los hermanos Koch junto a partidarios improbables como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para el Progreso Americano, quienes afirman que el estigma asociado con haber estado en la cárcel por delitos menores afecta a cualquiera. Las políticas de cero tolerancia han hecho que casi 70 millones de personas con antecedentes penales no puedan conseguir un empleo que valga la pena. Independientemente de cómo esté la economía, millones quedan abandonados a una vida de pobreza o de reincidencia en el delito. El costo monetario para la sociedad es de miles de millones de dólares; la pérdida moral para la sociedad es aún mayor.

La campaña Ban the Box no quiere decir que las empresas no verifiquen los antecedentes ni que cualquier persona con un pasado delictivo obtenga el empleo, sino tener en cuenta las habilidades y experiencia del solicitante antes de analizar los antecedentes penales. Le brinda al que busca trabajo una mejor oportunidad de convencer al posible empleador que vale la pena correr el riesgo. Se trata de tener una segunda oportunidad en la vida.

Los Koch no están metidos en un juego políticamente correcto; no tienen necesidad de hacerlo. Sólo piensan que a las personas se les debe permitir cuidarse a sí mismas. ¿Quién puede oponerse a eso?

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