Helen Aguirre Ferré

HELEN AGUIRRE FERRE: La fe y la ley de la salud

El derecho de un individuo a la libertad religiosa también se aplica a las compañías que les pertenecen y que administran?

Ese es el asunto central de dos casos ante la Corte Suprema que desafían el plan de cuidado de la salud del gobierno de Obama que requiere que los empleadores paguen las veinte formas de contracepción aprobadas por la Dirección de Alimentos y Medicinas, entre ellas la que se conoce popularmente como “la píldora del día después”. Los dueños de dos compañías, Hobby Lobby, Inc., una tienda de artesanías, y Conestoga Wood Specialty Corporation, fabricante de muebles de madera, se oponen a tener que pagar por cuatro tipos de contracepción porque viola sus creencias religiosas.

Por negarse a pagar el paquete completo de control de la natalidad ordenado por la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (ACA), Hobby Lobby recibe una multa de $1.3 millones al día hasta que cumplan con la ley.

Para los dueños de Hobby Lobby, pagar los métodos anticonceptivos de sus empleados no es un problema; ellos lo hacen. El problema radica en la definición de contracepción, que para ellos no incluye píldoras que pueden causar un aborto rápido.

Muchas familias cristianas creen que la vida empieza en el momento de la concepción y que cualquier cosa, sea la “píldora del día después” o un dispositivo intrauterino que impida el desarrollo de un óvulo fertilizado, pone fin a la vida. Pagar por eso equivaldría a un aborto. Los que tienen una opinión distinta de la contracepción podrían pensar que esta gente está desconectada de la realidad, pero en el caso de la familia Green, eso no es cierto. Son muy realistas.

David Green empezó su negocio familiar de artesanías haciendo marcos de cuadros con un préstamo de $600. Tuvieron tanto éxito que su pequeño negocio se convirtió en Hobby Lobby, Inc., que hoy tiene más de 500 tiendas y emplea a 13,000 personas, en su mayoría mujeres. Los Green en Hobby Lobby pagan salarios de $13 y $14 la hora, muy por encima del mínimo, y tuvieron ingresos de más de $1,000 millones en incluso durante la recesión. En una economía difícil ofrecen buenos trabajos y son buenos ciudadanos corporativos.

Los Green, como muchos creyentes, no dejan su religión en la iglesia los domingos, sino que viven su fe cada día, incluso en el trabajo. No le están negando a una mujer su derecho a la contracepción o a fármacos que podrían terminar un embarazo, pero se niegan a pagarlos porque hacerlo los haría cómplices de un aborto. La familia Green sabe que pueden ser cristianos evangélicos, pero que no pueden portarse como tal bajo la ACA.

No es difícil ver por qué las familias cristianas conservadoras se sienten acosadas por este gobierno, que ha otorgado exenciones corporativas a la ACA por razones políticas pero no concede la misma cortesía a los que tienen conflictos religiosos con la ley. Es cierto que las iglesias están exentas de este mandato, pero no los hospitales o las escuelas religiosas. Quizá este gobierno no entiende lo que significa ser fiel a una religión.

A fin de cuentas, la Corte Suprema decidirá si la libertad religiosa que los Green disfrutan como familia puede trascender a la compañía lucrativa que poseen y dirigen. Los conservadores confían en la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, una ley promulgada hace 20 años que dice que el gobierno no puede impedir que una persona practique una religión sin pruebas de un interés apremiante para impedirlo. Quizá la decisión más reveladora sea el controversial caso de Citizens United de 2010 ante la Corte Suprema que halló que las corporaciones, como los individuos, comparten el mismo derecho de hacer contribuciones políticas como una forma de libertad de expresión. Siguiendo esa lógica, si una corporación puede disfrutar de expresión política, también puede disfrutar de expresión religiosa.

Los fundadores de la nación estaban en lo cierto: el gobierno y la religión deben mantenerse aparte. Thomas Jefferson, en la Ley de Virginia para el Establecimiento de la Libertad del Estado, no escatimó palabras cuando escribió que “obligar a un hombre a dar contribuciones monetarias para la propagación de opiniones en las que no cree, es pecaminoso y tiránico”. Amén.

Independientemente de la opinión individual sobre cualquier religión o sobre el aborto, pongamos fin a la política divisiva y respetuosamente acordemos no estar de acuerdo. Ha llegado la hora de crear un espacio político y civil donde todos se sienten a la mesa nacional para una conversación y un debate reflexivo que hace tiempo esperamos los que estamos cansados de la discordia. Olvídense del sitio web: para que la ACA funcione de verdad tiene que reconocer y respetar la libertad de religión. En todo caso, puede ayudar a restaurar la fe en nuestro gobierno, algo que necesitamos con urgencia.

Columnista y presentadora de un programa radial de análisis político en Univision America.

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