Helen Aguirre Ferré

HELEN AGUIRRE FERRÉ: Los decepcionados residentes de Miami-Dade

Muchos tratan de ser buenos ciudadanos: se informan, se inscriben para votar y entregan las boletas de votación los días indicados. Respaldan al candidato que jura defender los intereses de la comunidad. En defininiva, los votantes literalmente les dan a los políticos un voto de confianza. Sin embargo, los residentes de Miami y del Condado Miami-Dade sienten que, una vez más, han sido engañados.

El pasado agosto, los votantes de Miami respaldaron la construcción de SkyRise Miami, una torre de observación de 1,000 pies de altura, de cuestionable gusto arquitectónico, que se construiría a un costo de $430 millones en terrenos públicos cerca de Bayside Marketplace, con el entendimiento de que la financiaría completamente el conocido urbanista Jeff Berkowitz. El alcalde Tomás Regalado respaldó la iniciativa y prometió que no se gastarían fondos públicos en la edificación.

El problema es que ahora se estima que para terminar SkyRise Miami los contribuyentes tendrán que pagar $9 millones si los comisionados del Condado dan la aprobación final.

Las actividades de Berkowitz dejaron en claro desde el principio que buscaba dinero estatal y condal para financiar su proyecto, aunque ahora el alcalde Regalado finja desconocerlo, algo que creen muy pocos. Mientras Regalado prometía una y otra vez que SkyRise Miami no utilizaría dinero de los contribuyentes, Berkowitz no decía nada. Tal vez le parecía que los hechos eran más elocuentes que las palabras. Y, realmente, lo son.

En la última sesión legislativa, Berkowitz buscó fondos estatales para su atracción turística, lo que fue aprobado por la Legislatura con la ayuda del ex representante Eddie González, que ahora aspira al cargo de tasador de propiedades del Condado. Posteriormente el proyecto fue apropiadamente vetado como un “fiasco” por el gobernador Rick Scott. Luego, en abril de este año, Berkowitz buscó $10 millones pero luego redujo la cifra a $2 millones. Más tarde, en abril de este año, solicitó $15 millones de fondos de infraestructura del Condado Miami-Dade. Le notificó la peticiónal administrador de Miami, Daniel Alfonso, y a la subadministradora, Alicia Bravo.

Ahora el alcalde Regalado dice que su personal debió haberle informado de esta correspondencia, lo que resulta extraño si se considera que el alcalde Regalado hizo considerables esfuerzos en anuncios en español a favor del proyecto, donde decía que “no les costaría a los contribuyentes ni un centavo”. Uno pensaría que para promover el proyecto tuvo varias discusiones con sus empleados. Sería poco usual —y conveniente— si este no es el caso.

Berkowitz es un empresario inteligente y exitoso; no le hace falta dinero público para su proyecto pero si se lo dan no lo va a rechazar. Según informes de prensa, Berkowitz cuenta con que el 60 por ciento del proyecto sea financiado por inversionistas privados a través de un programa federal de visas para inversiones llamado E-B 5 que ha tenido éxito en Nueva York. Una vez más, está actuando sabiamente y puede obtener el financiamiento.

Los contribuyentes no deberían ponerse furiosos con Berkowitz; él no tiene que cumplir sus promesas. El alcalde Regalado sí.

Regalado no es el único funcionario local que ha decepcionado a sus votantes. El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, también está a favor de financiar el proyecto con fondos públicos. La mayoría de los contribuyentes no están de acuerdo. Este tipo de negocio no ha funcionado bien en el pasado. Después de casi dos largas décadas, sólo una vez el Miami Heat compartió sus ganancias con el Condado, tal como lo exige el contrato, a pesar de haber ganado dos campeonatos. Los Miami Marlins son una historia diferente; nada puede salvar el acuerdo excepto su vencimiento y los contribuyentes son los perdedores.

El alcalde Giménez tuvo razón al votar en contra del estadio de los Marlins cuando era comisionado, pero, como alcalde, escoge proyectos que respalda o rechaza y que no concuerdan con su papel de defensor de los fondos públicos. Trató de usar fondos públicos para ayudar a los Dolphins a construir un nuevo estadio y dudó a la hora de respaldar a las bibliotecas públicas, que se salvaron gracias al esfuerzo extraordinario que hizo la comunidad. La Universidad Internacional de la Florida (FIU), una importante institución y una grane fuente de empleo, no puede obtener dinero público del Condado para los planes de expansión que necesita. Y ni Giménez ni Regalado han levantado un dedo para solucionar el problema del mal estado en que se halla la corte civil, aun cuando la Ciudad de Miami emitió el 7 de agosto una orden de “reparar o demoler” el inmueble. Vizcaya, que es un inmueble del condado en terrenos de la ciudad, es constantemente vigilada por los funcionarios de Miami para ver si cumple las normas del código municipal y de la protección contra incendios, pero el tribunal se trata de otra manera.

Sin embargo, ¿un urbanista privado sí puede conseguir fondos públicos para la construcción de algo mucho más caro y a la vez menos productivo? ¿Es extraño que los surfloridanos se sientan descorazonados? Están tan cansados como recelosos de la ayuda a las corporaciones, donde el rendimiento de las inversiones no garantiza el riesgo a los bienes públicos. Los contribuyentes no están recibiendo el respeto que —tanto ellos como su dinero de impuestos— se merecen, y no se les respetará hasta que presten más atención y logren que los funcionarios que eligen asuman la responsabilidad de las decisiones que toman.

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