Helen Aguirre Ferré

Rehenes de propietarios indolentes

En casi todos los sentidos, Art Basel y Art Miami fue un evento muy exitoso que reunió a infinidad de personas distintas que enriquecen nuestra comunidad. Sin embargo, a unas pocas millas de distancia de las suntuosas fiestas que se celebraron se encuentran algunos de los edificios de apartamentos más pobres y más llenos de delitos de Miami; un sitio donde los vecinos son rehenes de la pobreza y de los indolentes propietarios. Hay dueños de casas en Liberty City y Overtown que a sabiendas alquilan apartamentos infestados de ratas y cucarachas a familias pobres que deben vivir con filtraciones de aguas sucias en inmuebles que se caen a pedazos.

El pasado domingo, el Miami Herald publicó el artículo Inquilinos de ‘barrios marginales’ de Miami buscan una vida mejor, que explica gráficamente las condiciones de algunos edificios de apartamentos con agujeros, moho, cucarachas, aguas residuales e inodoros que no funcionan. No son edificios abandonados, sino los hogares de hombres, mujeres y niños que no han podido encontrar un mejor lugar para vivir. Por ejemplo, a principios de este año, un muchacho de 16 años se dislocó el cuello cuando el techo del apartamento del primer piso donde vivía se le desplomó encima mientras dormía. La madre del chico se había quejado infinidad de veces al dueño que había una filtración grande en el techo pero el hombre no escuchó sus demandas.

Estas familias viven en uno de los barrios más llenos de delitos y crímenes de Miami y del condado Miami Dade, pero tal vez el mayor crimen de todos es permitir que ocurran estas cosas. Leyes y ordenanzas inefectivas que podrían impedir que esto suceda se acumulan en un caos burocrático donde nadie asume la responsabilidad. Debido a ello, a los dueños de propiedades que contribuyen a que estos edificios continúen del modo que están se les permite acumular cuantiosas multas y cargos con aparente inmunidad. ¿Quiénes son los dueños de estos apartamentos y por qué hacen lo que les viene en ganas?

Abraham A. y Denise Vaknin viven en una mansión de $2.4 millones en Nueva Jersey y tienen muchas propiedades en varias ciudades del país. En gran parte de estas ciudades, como Houston e Indianápolis, los Vaknin han recibido innúmeras quejas, todas similares, desde problemas de salud y de seguridad hasta la no devolución de los depósitos de seguridad. Al matrimonio Vaknin no les importa los costos, gravámenes ni demandas: al parecer es así como hacen negocios.

En Houston, Denise Vaknin es propietaria de Crestmont Village, un complejo de apartamentos donde los residentes, según fuentes de prensa locales, a menudo protestan por la falta de electricidad y servicios básicos. La situación ha empeorado tanto que la ciudad envió multas y citas que suman más de $488,000, algo que los Vaknin han ignorado durante largo tiempo. Hasta le deben $900,000 a Houston por una factura de agua que no han pagado. En Indianápolis, cuando tuvieron dificultades, se acogieron al Capítulo 11 de protección de bancarrota, pero se enfrascaron en una disputa con el U.S. Bank por la hipoteca. En Miami, los casos son alarmantemente semejantes.

Funcionarios de la Ciudad de Miami multaron a Vaknin con $2.4 millones por violaciones de códigos, ordenanzas e incendios en seis edificios de los que son dueños. No tienen la licencia que se exige para poder alquilar un edificio de apartamentos. En la actualidad, funcionarios de Miami presentaron una orden para evitar que los Vaknin acepten nuevos inquilinos hasta que no arreglen los edificios.

Existe la interrogante de si es la ciudad o el condado el que tiene la autoridad para exigir a los propietarios que reparen los edificios, pero eso es una tontería: pueden emprender una acción si el edificio tiene un peligro de salud y de seguridad. El condado tiene un Departamento de Salud que puede intervenir y también existe la Junta de Estructuras Inseguras, un comité consultor casi judicial que revisa las decisiones de los funcionarios de ordenanzas sobre inmuebles que se determinó resultan peligrosos. Si Miami no les ha presentado estos casos a estas agencias, ya es hora de que lo haga.

Las estructuras pueden cerrarse para ser arregladas o ser declaradas en ruinas si representan una amenaza para la salud o la seguridad de los inquilinos. Aunque no se exige electricidad, sí deben tener agua potable y baños que funcionen adecuadamente. Es alarmante que en pleno apogeo de un extraordinario auge de edificios de lujo, tantos residentes de Miami y del condado vivan en semejante sordidez y mugre.

Irónicamente, estas propiedades están localizadas dentro de la Agencia de Reurbanización Comunitaria (CRA), que se creó con el fin de erradicar los barrios miserables. Es evidente que algo ha salido mal.

Los dueños de estos tugurios violan las leyes y denigran a la humanidad por sus ansias de ganar dinero; pero tienen que aceptar su responsabilidad. Los funcionarios de la ciudad y del condado también tienen culpa por hacerse la vista gorda ante este obvio abuso. Como ha ocurrido en el pasado, la comunidad participará si se le pide colaborar para solucionar este problema a través de un grupo especial. Se trata de un problema que todos compartimos y que todos podemos resolver.

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