El 30 de junio de 2014, cuando la Corte Suprema falló a favor de David y Barbara Green y su empresa familiar, Hobby Lobby, reafirmó un inquilino sagrado y fundamental de nuestra Constitución destacado expresamente en 1789 por James Madison, el padre de la Constitución y primer autor de la Carta de Derechos: “que los derechos civiles de ninguno se abreviaran a causa de creencia religiosa o de culto... ni serán los derechos plenos e iguales de conciencia de cualquier forma, o por cualquier pretexto, infringidos”. El fallo de la Corte Suprema también reafirmó la ley federal “Religious Freedom Restoration Act” (RFRA), una de las protecciones legales vitales de nuestra nación por la libertad y los derechos de conciencia de cada persona, de todas las religiones, que fue aprobada en 1993 con el apoyo casi unánime de ambos partidos.
El fallo del 30 de junio se produjo después de meses de deliberación y debate derivado de intensos argumentos orales ante la Corte después de que Hobby Lobby presentó una demanda para defender su libertad constitucional en contra del mandato del 2013 del departamento federal “Health and Human Services” (HHS) que requiere que la empresa familiar proporcione cobertura de seguro para medicamentos y dispositivos potencialmente abortivos, en contra de las convicciones religiosas de la familia Green –o pagar multas al IRS.
Hoy en día, algunos miembros del Congreso están tratando de darle un nuevo giro a la Declaración de Derechos y cambiar esta ley importante, RFRA, al afirmar que sólo se aplica a individuos y no las empresas – algo que, como columnista de negocios responsable quien es a la vez dueño de una empresa privada y un “individuo”, me siento obligado a decir que no tiene sentido.
Pero a veces la realidad supera a la ficción.
Cuando me dijeron de una declaración formulada el jueves pasado por el senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, en respuesta al fallo del 30 de junio de la Corte Suprema sobre el caso Hobby Lobby, donde imploró que las personas con creencias religiosas que no están de acuerdo con el mandato de contracepción de Obamacare deben elegir entre vivir sus vidas de acuerdo con su fe o el derecho de ser dueños de sus propias empresas, pensé que era tan absurdo… tan incomprensible que casi lo descarté por completo.
Entonces vi el video real de la conferencia de prensa y me quede preocupadísimo.
Nunca pensé que vería el día en que escucharía un político de Estados Unidos siquiera remotamente sugerir que, como dueños de negocios, usted y yo debemos cumplir con los mandatos impuestos por el gobierno, independientemente de nuestros derechos de conciencia y libertad religiosa. Sin embargo, eso es precisamente lo que el senador Schumer sugiere.
En sus propias palabras: “Cuando escribimos RFRA en 1993 lo hicimos para proteger a las personas con fuertes creencias religiosas y darles la presunción que siempre han disfrutado. Que sean capaces de ejercer sus creencias religiosas sin interferencia del gobierno. El tribunal tomó eso y lo aplicó –lo aplicó erróneamente– a las empresas con fines de lucro que existen con el fin de beneficiarse de un mercado abierto, que trabaja en el mercado bajo nuestras leyes. Ahora, piense en la diferencia: Uno nace con una religión o adopta una religión. Usted tiene que obedecer los preceptos de la religión y el gobierno le da una gran penumbra –usted no tiene que formar una corporación. Nosotros no les diríamos a los propietarios de Hobby Lobby que cambien de religión o que desobedezcan a su religión –pero no les decimos que tienen que abrir una empresa y salir a vender juguetes o equipos de aficionados”.
Entendido que hay una divergencia entre los servicios y la cobertura médica a los cuales la administración de Obama quiere que todos los estadounidenses tengan acceso y los derechos de consciencia y la libertad religiosa a cual cada americano tiene derecho por ley. Pero sugerir, como lo hace el senador demócrata de Nueva York, debemos escoger entre el derecho a nuestras creencias religiosas o derecho de ser propietarios de nuestras empresas, es una amenaza a nuestro derecho inalienable básico como ciudadanos estadounidenses. El hecho de que esta sugerencia fuera hecha por uno de nuestros propios líderes políticos dentro de Washington es tan temible como absurdo.
Millones de propietarios de negocios, incluyéndome a mi, no quieren que el gobierno les obligue pagar por cobertura médica que incluye potencialmente medicamentos y dispositivos abortivos en contra de sus convicciones religiosas. Ese nivel de imposición del gobierno va en contra de la ley federal – y la administración lo sabe. Desde que pasó el mandato de HHS en el 2013, la administración, hasta ahora, ha realizado previsiones para las organizaciones religiosas, en particular, y las empresas privadas que están satisfechos con su cobertura actual de optar por no participar en Obamacare y, al mismo tiempo, proporcionar efectivamente estos servicios médicos a decenas de millones de empleados que por lo tanto están actualmente exentos de Obamacare a través de organizaciones civiles no lucrativas y los intercambios de atención médica.
No confundamos los hechos. Esto no es una cuestión de acceso a cobertura médica, el acceso está disponible. Tampoco es una cuestión de que los empresarios deseen ser parte de las decisiones médicas privadas de sus empleados, no lo deseamos. Esta es una cuestión de libertad religiosa. Punto.
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