Vicente Echerri

Entre la privacidad y la seguridad

Todos los resultados de las investigaciones sobre Andreas Lubitz —el copiloto del avión de Germanwings que al parecer estrelló voluntariamente la aeronave el pasado 24 de marzo en los Alpes franceses con otras 149 personas a bordo— empiezan a revelar la personalidad de un joven que sufría episodios de depresión, tan severos que lo habían obligado a pedir una licencia por enfermedad bastante larga en tiempo reciente. Las últimas noticias hablan también de tendencias suicidas. El retrato que va emergiendo es el de un hombre ensimismado que aspira a la notoriedad.

Sus empleadores insisten, no obstante, en que tenía un perfil saludable y que había pasado satisfactoriamente todas las pruebas —físicas y psicológicas— que la compañía aérea le impuso al regreso de su licencia, si bien él parece haberse reservado recientes diagnósticos que lo incapacitaban para trabajar y que, por su parte, el médico tampoco reveló —ni la compañía aérea solicitó— en base al sacrosanto derecho a la confidencialidad que protege en el mundo civilizado a todos los enfermos.

¿Tiene derecho un médico, o un psicólogo, a proteger la privacidad de su paciente aun a costa de un peligro, real o potencial, para muchas otras personas? Esta pregunta resume, de algún modo, el debate que ahora mismo tiene lugar en algunos medios de prensa alemanes entre los que defienden a ultranza los fueros de la privacidad y los que consideran que la seguridad colectiva debe primar sobre cualquier derecho individual. Teniendo en cuenta que el último argumento ha sido esgrimido muchas veces por estados represivos para someter o anular las acciones o expresiones individuales, estamos, cuando menos, en un terreno resbaladizo en el que no resulta enteramente diáfano dónde imponer las lindes.

El secreto de confesión, que alguna vez perteneciera tan sólo al ámbito religioso, se extendió con el tiempo al terreno de otras profesiones: desde hace mucho, se espera que médicos y abogados guarden celosamente los secretos de sus clientes y se tiene por gran falla moral la violación de este principio. Desde que Freud inauguró los procedimientos de la llamada psicología profunda a fines del siglo XIX, las confesiones que se han hecho en el chaise lounge del psicoanalista (ambos, profesional y mueble, ya bastante desacreditados) han sido mucho más comprometidas que las hechas de rodillas en un confesionario. El paciente que revela sus estados de ánimo, sus traumas y sus fobias cuenta con la absoluta discreción del profesional que lo atiende. ¿Aunque revele acciones criminales cometidas o por cometer? ¿Aunque muestre un desequilibrio emocional que lo hace potencialmente peligroso en el desempeño de sus labores cotidianas?

Imaginemos que algunos de los terroristas que secuestraron y estrellaron los aviones contra las torres del Centro Mundial del Comercio en Nueva York hubiera revelado —aunque fuese a medias— este designio monstruoso en el consultorio de un psiquiatra. Ante la magnitud de la catástrofe que conocemos, pocos dudarían en convenir que este psiquiatra hipotético debió haber violado la confidencialidad profesional y haber alertado a la policía. Resulta fácil cuando pensamos que esa denuncia pudo haberle salvado la vida a unas 3,000 personas. Parece menos claro cuando se trata de un individuo que comparte con el médico algo tan personal como la tentación de acabar con su propia vida, pero sucede que ese individuo es copiloto de un avión comercial y la vida de otras muchas personas —del todo ajenas a sus perturbadas emociones— puede estar en sus manos.

Yo creo que cualquier persona socialmente responsable —y en particular un profesional de la medicina— debe obrar con la suficiente amplitud de criterio para determinar en qué momento un caso específico le impone alertar a terceros de la conducta actual o potencialmente delictiva de un sujeto que le confía un secreto, de lo contrario podría estar incurriendo en una negligencia culposa o, cuando menos, en una complicidad por omisión o descuido.

Por su parte, los patronos deben rebelarse contra el criterio —a veces consagrado en las leyes— que les impide tener en cuenta el perfil emocional como un factor de exclusión laboral y, por el contrario, exigir y evaluar mayor información personal de quienes han de asumir puestos de gran responsabilidad. Tal vez así empiece a ser desde ahora cuando ya es demasiado tarde para las 149 personas que acaso murieron porque nadie quiso violar la privacidad de un sociópata.

© Echerri 2015

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