Vicente Echerri

El necesario oficio de verdugo

La primera respuesta del gobierno jordano a la difusión del asesinato del piloto capturado por los militantes del Estado Islámico —a quien éstos quemaron vivo— fue la reimposición de la pena de muerte con la expedita ejecución de dos convictos que llevaban muchos años en la cárcel. Fue una reacción idéntica a la del gobierno pakistaní al atentado del talibán a una escuela en diciembre pasado, con el saldo de bastante más de un centenar de niños muertos. En ambos casos, las horcas empezaron a funcionar de nuevo, para satisfacción de muchos.

En Europa Occidental, donde la pena capital está fuera de los códigos desde hace varias décadas, los recientes atentados yihadistas han revivido el debate en torno a los castigos. En Francia, a raíz de los asesinatos de los periodistas de Charlie Hebdo, Marine Le Pen, líder de un partido que muchos consideran de extrema derecha, decía que era el momento de reimponer la pena de muerte (que en Francia fue la guillotina hasta su abolición en 1981). En el diálogo entre los dos partidos mayoritarios de la política española —el PP y el PSOE— para endurecer las penas como parte de la estrategia para combatir el yidahismo musulmán, se hablaba de la “prisión permanente revisable”, que, como es obvio, se trata de un eufemismo para llamar a la cadena perpetua, tampoco contemplada por el actual código penal español.

En días pasados, un periodista de los que participan en el programa “Los desayunos” de la Televisión Española, afirmaba, con gran convicción, que no se podía pensar en reimponer la cadena perpetua porque el objetivo del castigo es siempre —no importa lo horrendo del delito— la reinserción del delincuente a la sociedad. Los que compartían la mesa del estudio parecían convenir con él en este principio. Yo no podría estar más en desacuerdo.

El cumplimiento de 20 o 30 años de prisión no es garante de que se produzca una enmienda en la moral del criminal ni en su visión de las cosas que lo indujo a cometer un crimen, de esos para los que la ley, a través de los tiempos, ha reservado las penas más severas, sobre todo el asesinato —es decir, el homicidio con premeditación—, o de acciones más bárbaras e indiscriminadas como es el terrorismo en el que, tantas veces, pierden la vida personas del todo inocentes al conflicto en el que interviene el agresor. Por el contrario, muchos criminales sentenciados a largas condenas persisten en justificar las acciones que los llevaron a prisión, como es el caso de Carlos, el famoso terrorista venezolano, a quien se le imputan varias decenas de muertes y quien nunca ha mostrado el menor arrepentimiento por ello. El solo hecho de que una persona de esta especie siga viviendo en una cárcel —sostenido por el dinero de los contribuyentes— aunque no volviera jamás a pisar la calle, es una vergonzosa obscenidad.

Yo creo en la asepsia de las ejecuciones, y lo confieso sin ningún miramiento. La vida de toda persona no es respetable independientemente de cual sea su conducta. La existencia de cualquier ser humano es inextricable del grupo social y su supervivencia no puede separarse del repertorio de deberes y derechos que rige para todos, si bien es cierto que esto cambia de una sociedad a otra. Cuanto más libre es una sociedad, cuanto mayor sea el marco de libertades que le ofrezca al individuo, tanto mayor será la responsabilidad que ha de exigírsele a ese individuo en la conservación del bien común. Si un ser humano anómalo, movido por ilegítima ambición, por odio irracional o intoxicado por una ideología bárbara —como es el caso de los yihadistas— agrede a sus semejantes o conspira para su destrucción, la sociedad constituida tiene la obligación a sacarlo de sí del mismo modo que se extirpa una malignidad.

Hay crímenes frente a los cuales la conciencia civilizada no puede consentir en la supervivencia del criminal sin imponerse una enorme violencia. ¿A qué redención puede aspirar el sujeto que viola a una niña y luego la entierra viva, o el que degüella a otro en plena calle movido por el odio religioso o racial o el que asalta un colegio, un mercado, un órgano de prensa y mata a su capricho con un rifle de asalto? ¿Es de creer y de querer que este monstruo se reinserte alguna vez en la sociedad? ¿Son suficientes 20 o 30 años sin libertad —o incluso el resto de su vida en la cárcel— para purgar por una atrocidad que nos repugna de solo imaginarla?

No, la última pena, más como un acto de profilaxis social que de simple venganza, es lo apetecible para restaurar el equilibrio roto por un criminal de esta calaña. Han empezado a funcionar de nuevo los patíbulos en algunos países. Felicitémonos por ello. Esperemos que el ejemplo se extienda.

©Echerri 2015

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