El pasado domingo, ejecutaron en una prisión de Irak a 36 militantes del autodenominado Estado Islámico condenados por asesinato en masa: la muerte de 1,700 soldados iraquíes, reclutas en su mayoría, perpetrada alevosamente hace dos años cuando huían del campamento donde se entrenaban cerca de la ciudad de Tikrit. Esta ejecución colectiva, por ahorcamiento, viene a cerrar un ciclo —de violencia ciertamente— para los deudos de las víctimas. Hay un alivio cuando la muerte salda el crimen pendiente. La ley del Talión conlleva un sentido de plena retribución que la cárcel no alcanza a compensar.

Algunos no estarán de acuerdo. En los países de la Unión Europea la pena de muerte se ve como una rémora de tiempos bárbaros, al extremo de escandalizarse cuando Turquía habló de reimponerla a raíz del fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio (se hizo más énfasis en esto, triste es decirlo, que en el arresto o despido arbitrario de centenares de jueces, lo cual quiebra, de suyo, la separación de poderes que es esencial para la democracia). En España, en Francia, en Italia… hasta la cadena perpetua resulta odiosa, no importa la cuantía del delito. En esos y otros países la muerte de un reo a manos de la justicia agrede directamente el principio de la rehabilitación y reinserción social que está, idealmente, en la base del actual derecho penal: el preso ejecutado ya no tiene ninguna posibilidad de enmienda.

Yo creo, sin embargo, que la pena de muerte, aplicada con mesura y para el castigo de ciertos delitos muy graves, sigue siendo un acto de asepsia social, mediante el cual el grupo humano excluye de su seno a un individuo —o a varios, como es el caso que suscita esta nota— por entender que su conducta es irredimible y con la cual no es posible ninguna convivencia. Los monstruos que masacraron a estos 1,700 soldados indefensos y los lanzaron a una fosa común no deben vivir para purgar largas condenas en una cárcel a costa de los impuestos de la ciudadanía, entre la que se encuentran los familiares de sus víctimas. La sola idea repugna.

La ejecución del criminal —de ese criminal cuyos actos ya han servido para separarlo de la humanidad— aporta una equilibrada simetría: la sociedad lo excluye no sólo de la mayoría de sus congéneres (como ocurre cuando ingresa en prisión) sino del derecho a vivir, a respirar, a tener deseos y satisfacerlos, a ser, en fin, un sujeto en el mundo y, como máximo castigo, lo convierte en cosa, en despojo, en esa suma de huesos, carne y humores en vías de descomposición que siempre es un muerto; lo condena en fin a no ser, a la extinción definitiva, a hundir su perversa personalidad en la nada. Nada parecería más terrible, pero también más justo.

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De todas las penas de muerte, la horca continúa siendo de las más expeditas, si se le compara con la aparatosa parafernalia de la inyección letal, al uso en este país, con la que una sociedad muy torturada quiere resolver sus propias contradicciones: eliminar al criminal bajo el simulacro de que lo anestesia, con lo cual, de paso, contamina la finalidad de los instrumentos que a diario sirven para darnos la vida. La horca, en cambio, es de una elemental eficacia (sin los torpes procedimientos que tan mala fama le dieron a la silla eléctrica y la cámara de gas). Al abrirse la trampilla, el reo queda de inmediato desnucado e inconsciente (la asfixia que se supone ha de matarlo es pura retórica) y el cuerpo pendiente de patíbulo, aunque sea unos minutos, sigue dando un mensaje aleccionador.