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Represión contra robos y acaparamiento

Los ciudadanos acusados por robo, acaparamiento y venta ilegal de productos alimenticios, combustible y materiales de construcción tras el paso de los huracanes Gustav e Ike en Cuba, están recibiendo fuertes condenas en juicios sumarios ante los tribunales locales.

Según revelaron activistas de derechos humanos desde La Habana, las autoridades iniciaron desde la pasada semana los procesos judiciales a puerta cerrada contra presuntos malversadores y traficantes de abastecimientos estratégicos para la recuperación del país, y tras la sentencia son llevados inmediatamente a prisión.

"Se están realizando juicios en horas, apenas se produce el arresto de las personas'', dijo anoche Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).

La CCDHRN está monitoreando los procesos judiciales en los tribunales municipales de La Habana, aunque los casos de encausamiento sumario por estos delitos se extienden también a otras ciudades del interior de la isla.

No existe aún una cifra exacta de las personas procesadas, pero Sánchez adelantó que podrían superar el centenar desde principios de la semana anterior. Su agrupación está tratando de conformar una lista con los nombres de los sentenciados.

"Nos han llegado reportes sobre individuos que han sido juzgados en la propia estación de policía adonde se les conduce tras el arresto'', agregó el activista.

Entre los casos mencionados figura un hombre acusado del trasiego ilícito de harina de trigo para quien la fiscalía habría solicitado una condena de 12 años de cárcel.

La prensa cubana anunció el comienzo de los juicios contra los presuntos violadores de la ley en medio de la precaria situación de abastecimientos, pero no se han ofrecido detalles sobre los acusados. Una nota aparecida el lunes en el diario oficial Granma dijo que se "ha accionado con rigor'' frente a quienes han violado la ley para resolver una necesidad personal en detrimento del interés colectivo.

La información agregó que "ha sido mayor la sanción para los casos excepcionales de individuos que han incitado a otros a secundarlos en sus fechorías''.

Las primeras acusaciones apuntan a casos de acaparamiento, robo o venta ilícita de alimentos y materiales de construcción; sustracciones de combustible, cables eléctricos y telefónicos, angulares de torres de alta tensión y otros delitos de similar carácter.

Los funcionarios gubernamentales no descartan sanciones relacionadas con las operaciones en los agromercados, y han exhortado a la comunidad y organizaciones de masas a estar alertas tanto en la colocación de los precios en las tablillas como en la denuncia "a los reacios a la persuasión o a quienes cometan delitos'', según el comunicado de Granma.

El pasado jueves una representación de la Fiscalía General de la República se presentó en el programa televisivo Mesa Redonda para anunciar que se aplicaría "mano dura'' en el enfrentamiento de las conductas delictivas surgidas a raíz de los daños causados por ambos huracanes.

El fiscal general Juan Escalona Reguera enfatizó que se va a "actuar con mucha fuerza'' para aplicar el Código Penal con el máximo rigor.

La comparecencia de los fiscales se produjo luego de sendas "reflexiones'' publicadas por el ex gobernante Fidel Castro, quien llamó a combatir sin tregua ni contemplaciones el robo y la corrupción en esta hora difícil para Cuba.

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