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Líderes de la disidencia acusan al fiscal general de Cuba

El grupo de opositores cubanos, miembros de la plataforma Agenda para la Transición, encabezados por Martha Beatriz Roque (abajo, d) y Vladimiro Roque (abajo, i); y arriba, de izquierda a derecha, Guillermo Fariñas, Francisco Chaviano, José Díaz Silva y Jorge Luis García Pérez, "Antúnez", en una rueda de prensa en La Habana, en agosto.
El grupo de opositores cubanos, miembros de la plataforma Agenda para la Transición, encabezados por Martha Beatriz Roque (abajo, d) y Vladimiro Roque (abajo, i); y arriba, de izquierda a derecha, Guillermo Fariñas, Francisco Chaviano, José Díaz Silva y Jorge Luis García Pérez, "Antúnez", en una rueda de prensa en La Habana, en agosto. EFE

Líderes de la disidencia cubana acusaron formalmente el miércoles ante el Tribunal Supremo al fiscal general de la República, Juan Escalona Reguera, por emplear su autoridad para obstruir una denuncia presentada el pasado agosto contra seis figuras oficiales que violaron las leyes vigentes con el respaldo gubernamental.

En un documento entregado ante la máxima instancia judicial de la nación, con sede en La Habana, los opositores Martha Beatriz Roque y Vladimiro Roca acusaron a Escalona, de 77 años, del delito de prevaricación, que implica a funcionarios que "retardan maliciosamente la tramitación o resolución de un asunto de que conozca''.

"Estamos acusando ante este Tribunal Supremo Popular, al señor fiscal general por el delito de prevaricación'' comprendido en el Código Penal (vigente desde 1987), indicó el texto suscrito por ambos disidentes.

La reclamación menciona que dos meses después de haber presentado la denuncia, los afectados no han recibido "respuesta alguna de esa instancia supuestamente veladora y garantizadora de la legalidad socialista, ignorando tendenciosamente lo que se establece en las leyes al respecto''.

Los disidentes habían presentado la querella ante la Fiscalía General de la República el pasado 25 de agosto, en respuesta a una denuncia realizada por periodistas oficiales, funcionarios y militares los días 19, 20 y 21 de mayo en el programa Mesa Redonda de la televisión estatal.

Las seis personas mencionadas en la querella son los periodistas Reinaldo Taladrid y Randy Alonso, conductor de la Mesa Redonda y director de la Oficina de Información del Consejo de Estado; la funcionaria de Relaciones Exteriores Josefina Vidal; el director del diario Granma y diputado, Lázaro Barredo; el coronel Manuel Hevia, director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado; y el coronel Adalberto Rabeiro, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales y Operaciones del Ministerio del Interior (MININT).

La acusación los culpa por haber violado los artículos de la Constitución y el Código Penal que sancionan la divulgación del contenido de los mensajes privados.

En los programas televisivos --y luego en el diario oficial Granma-- se presentaron supuestas pruebas incriminatorias contra Roque, Roca y el también opositor Jorge Luis García Pérez (alias Antúnez), asegurando que habían recibido dinero de un anticastrista violento de Miami a través del entonces jefe de la Oficina de Intereses (USINT) de Estados Unidos, Michael Parmly.

El exiliado de Miami era Santiago Alvarez, benefactor del militante anticastrista Luis Posada Carriles y actualmente en prisión por delitos de posesión ilegal de armamentos y obstrucción de la justicia. Poco antes de ser arrestado, en noviembre del 2005, Alvarez creó la Fundación Rescate Jurídico con el propósito de facilitar ayuda financiera al movimiento disidente dentro de la isla.

"Lo verdaderamente escandaloso es la participación de diplomáticos estadounidenses como correos o vulgares mulas de terroristas de Miami'', declaró Alonso, considerado el periodista oficial más cercano al ex gobernante Fidel Castro.

En ambos medios de comunicación fueron presentadas llamadas privadas y correos electrónicos interceptados por la Seguridad del Estado como "pruebas contundentes'' de los vínculos de la disidencia con los diplomáticos estadounidenses.

La queja de los disidentes admite que el gobierno tiene postestad para intervenir llamadas telefónicas o controlar la correspondencia de los ciudadanos, pero argumenta que la ley exige ‘‘guardar secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivase el examen'' y son delitos perseguidos por las autoridades.

El gobierno cubano justifica la intervención de la correspondencia electrónica privada en el Decreto-Ley 199 para la seguridad informática y la protección de la información oficial, suscrito en 1999 por Fidel Castro.

Escalona, general de brigada retirado, fue compañero de armas en la guerrilla de Raúl Castro en el II Frente Oriental "Frank País'' y a comienzos del triunfo revolucionario de 1959 fue comisionado para redactar la ley que creó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). Durante la guerra de Angola llegó a ser jefe del Estado Mayor General desde el puesto de mando de La Habana.

Pero su desempeño más recordado por la población cubana se remonta a 1989, cuando se desempeñó como principal acusador en el juicio contra el general Arnaldo Ochoa y otros militares acusados de narcotráfico.

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