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Corte avala ley contra los viajes a Cuba

La Corte de Apelaciones del Undécimo Distrito Federal en Atlanta respaldó una polémica ley de la Florida que impide la financiación de viajes académicos y de investigación a naciones que son consideradas "patrocinadoras del terrorismo'', entre las que se encuentra Cuba.

Al anunciar su decisión en un escrito de 12 páginas, los tres jueces de la corte consideraron que las ordenanzas estatales no se contraponen al manejo de los asuntos de política exterior y otras consideraciones que están en línea con los estatutos federales.

Las normas que limitaron inicialmente los viajes educativos fueron impuestas en el 2006 a instancias del representante republicano David Rivera y a raíz del arresto de una pareja de profesores universitarios, los esposos Carlos y Elsa Alvarez, acusados de ser espías cubanos.

Rivera se mostró satisfecho el jueves con la decisión y dijo que se trata de una ‘‘victoria'' para los contribuyentes floridanos que, según él, no desean que su dinero vaya a las arcas del gobierno de Raúl Castro.

"Estoy complacido. La Corte ha reafirmado la autoridad de la Legislatura estatal'', señaló Rivera a El Nuevo Herald. "Nuestra obligación es asegurar que los recursos públicos y el dinero de los contribuyentes no sean utilizados para subsidiar viajes a países terroristas, como el régimen castrista''.

La legislación causó polémica y levantó un sinfín de críticas, entre otras, debido a que no hizo mucha diferencia sobre el origen de los fondos, es decir, que tanto las aportaciones públicas como las privadas eran medidas con la misma vara.

Desde el inicio de la disputa judicial, expertos en el tema y profesores universitarios rechazaron los argumentos de Rivera y señalaron que el financiamiento de viajes e intercambios académicos siempre fueron cubiertos con dineros y aportes de carácter privados.

Así, en el 2008, una jueza federal de Miami, Patricia Seitz, acogió la demanda de profesores de varias universidades estatales, respaldadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Seitz declaró que la legislación para controlar los viajes era inconstitucional, al tiempo que eliminó una cláusula específica que impedía a profesores universitarios hacer viajes a Cuba con propósitos de investigación con fondos no estatales o privados. Luego, el Estado de Florida apeló la decisión que finalmente trascendió esta semana.

En el mundo académico, la noticia fue interpretada como un serio revés para el futuro de iniciativas y proyectos de altos estudios que podían haber colocado a las universidades de la Florida en ventaja y mejor posición que las de otros estados del país.

"Es un desastre. A nivel personal estoy sumamente deprimida'', indicó Carmen Diana Deere, profesora universitaria y ex directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Universidad de Florida (UF).

Deere señaló que la ley puso obstáculos innecesarios a las iniciativas académicas desde su aprobación hace cuatro años y afectó un abanico de planes de largo alcance, entre ellos, un programa de estudios cubanos sobre la base de archivos y documentos históricos de los siglos XIX y XX, que atesora UF. También mencionó intercambios que ya se habían trazado con la Universidad de La Habana.

"Esto nos pone en desventaja a todos los niveles investigación y nos resta la capacidad de atraer a los mejores profesores y estudiantes de posgrado'', sostuvo Deere.

El respaldo del tribunal se da a conocer al calor de iniciativas de la administración del presidente Barack Obama para alentar un proceso más flexible en su política hacia Cuba y lograr la democratización de la isla.

Ninoska Pérez-Castellón, miembro del Consejo por la Libertad de Cuba, comentó que la postura de los jueces de Atlanta no hace más que confirmar que los viajes académicos e intercambios con Cuba no han generado buenos resultados.

"No conllevan a nada. Han dado un falso prestigio al mundo académico castrista y no son más que un arma de propaganda del régimen donde no existe libertad'', puntualizó Pérez-Castellón.

Sin embargo, el director ejecutivo de ACLU, Howar Simon, calificó la decisión como un hecho que no se entiende ni se ajusta a los propósitos y objetivos académicos.

"Estoy en desacuerdo con esta interpretación que va en contra de la decisión de un juez federal'', dijo Simon.

"Ahora estamos hablando de tomar planes para continuar esta batalla legal, como una nueva audiencia con el panel completo de jueces o llevarlo a la Corte Suprema'', puntualizó.

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