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EN NUESTRA OPINION: La polémica expansión de los vales escolares

El gobernador Rick Scott firmó el viernes pasado el proyecto de ley SB 850. La medida amplía el programa estatal de vales escolares ( vouchers), el cual da ayuda financiera para que las personas de bajos ingresos puedan enviar a sus hijos a escuelas privadas.

Numerosos grupos en el estado, como miembros de Asociaciones de Padres y Maestros (PTA) de la Florida, grupos locales de padres, la sección de la NAACP en la Florida, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y el sindicato estatal de maestros, manifestaron su rechazo a la SB 850. Alegaron que la expansión de los vouchers reduciría los fondos de los impuestos que se destinan a las escuelas públicas.

Entretanto, cientos de personas le expresaron al gobernador su respaldo al plan. Desean que sus hijos asistan a escuelas privadas.

El programa de los vales, que se conoce como Programa de Becas de Créditos Fiscales de la Florida, otorga becas a las escuelas privadas para los estudiantes de familias de bajos recursos. Estas becas son financiadas por empresas que reciben créditos fiscales a cambio de sus donaciones a las escuelas privadas.

En otras palabras, los vouchers son costeados por los contribuyentes por la vía de los créditos impositivos a las empresas que dan las becas.

Las escuelas privadas suelen tener un gran atractivo para muchas familias. Son centros de enseñanza que se han labrado una buena reputación. Pero al mismo tiempo son negocios particulares.

Aunque sea por la vía de dar créditos fiscales a empresas que a su vez hacen donaciones a las escuelas privadas, el estado no debería destinar fondos de los contribuyentes a negocios privados. Eso no es justo.

Al expandir el programa de los vales escolares, el estado privilegia a empresas particulares (las escuelas privadas). El estado debería preocuparse más por costear el sistema de escuelas públicas, que es a donde todos podemos enviar a nuestros hijos sin pagar un centavo, porque ya hemos cubierto el costo de la educación con nuestros impuestos. No a entidades privadas en cuya actividad hay un motivo de lucro.

El que desee enviar a sus hijos a escuelas privadas y tenga los recursos financieros propios para hacerlo, pues adelante. Estamos a favor de que las familias tengan diversas opciones a la hora de educar a sus hijos. Pero el estado no debería dar más facilidades a las escuelas privadas a costa de los contribuyentes, sino reforzar el sistema de escuelas públicas. Un sistema que ha estado asediado por empresarios y políticos, pero que ofrece una educación de alta calidad, observa estrictas regulaciones de enseñanza que las escuelas privadas no están obligadas a seguir, y genera un espíritu de comunidad entre sus educandos.

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