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Victoria judicial para la EPA

 

Por tercera vez en siete años, el Tribunal Supremo reafirmó esta semana la autoridad de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) para regular las emanaciones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. Es difícil subestimar la importancia del fallo o la magnitud del desastre que representaría una denegación de autoridad.

El fallo es una victoria para todo aquel que cree en la urgencia de actuar ante los cambios climáticos provocados por el ser humano, los cuales están directamente relacionados con la emisión de contaminantes en el aire. Desdichadamente, debido a que el Congreso ha renunciado a su autoridad para legislar sobre el tema de los cambios climáticos, la EPA ha tenido que asumir la responsabilidad de establecer las reglas del juego.

En el 2007, el Supremo falló 5 a 4 en un caso histórico que la EPA de la administración de Bush tenía la autoridad de regular los gases de efecto invernadero, incluyendo el dióxido de carbono. Hasta entonces, los reguladores se habían enfocado en otros contaminantes del aire, como el plomo. Pero a medida que la ciencia fue estableciendo gradualmente el papel del dióxido de carbono en los cambios climáticos, la EPA se vio obligada a ampliar su esfera de influencia.

El fallo del lunes fue un resultado directo de la decisión del 2007 y de un caso subsiguiente presentado al Tribunal Supremo en el 2011 que rechazó una vez más un reto general al poder de la EPA de tomar decisiones y hacerlas cumplir. En base a estos resultados, la EPA puso en vigor una regulación que creó estándares para las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta semana, el Supremo concluyó que esos estándares diferían significativamente de los estándares generales para contaminantes que establece la Ley de Limpieza del Aire de 1970, un importante jalón de la regulación medioambiental, y por lo tanto no podían hacerse cumplir del modo en que estaban escritos.

Pero el magistrado Antonin Scalia, quien redactó la opinión de la mayoría, se vio obligado a admitir que de todos modos la EPA podía regular las fuentes de los gases de efecto invernadero siempre y cuando las mismas ya necesitaran permisos para emitir contaminantes "convencionales".

Eso salvó la situación. Como señaló el magistrado Scalia, la regulación propuesta por la EPA regularía las fuentes responsables del 86 por ciento de todos los gases de efecto invernadero provenientes de fuentes estacionarias (fábricas de cemento, centrales eléctricas, refinerías), pero incluso después de la denegación la agencia conserva autoridad sobre el 83 por ciento de las mismas emisiones debido a que su poder se extiende a las fuentes de contaminación a gran escala, de tipo industrial, sin importar el tipo de emisión.

El magistrado Scalia dio una reprimenda a la EPA por crear regulaciones en desacuerdo con la legislación existente. En teoría, él tiene razón; eso nunca es un buen método. Pero no se puede culpar a la EPA por actuar al verse enfrentada con necesidades urgentes, cuando el Congreso se ha mostrado repetidas veces impotente para actuar, atado de manos por los forcejeos partidistas.

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