Salud

Gobierno español da luz verde al aborto libre hasta 14 semanas de gestación

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (i), acompañada de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva que contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en una serie de supuestos.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (i), acompañada de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva que contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en una serie de supuestos.

El Gobierno español aprobó hoy la reforma de la ley del aborto por la que la interrupción voluntaria del embarazo será libre hasta la semana 14 de gestación, que en caso de "graves anomalías del feto'' o riesgo para la mujer puede ampliarse a 22 semanas.

A partir de ese plazo, la nueva normativa contempla la interrupción del embarazo ‘‘solo cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable''.

En estos casos, será necesaria la autorización de "un comité clínico'', informó la ministra española de Igualdad, Bibiana Aído.

Los casos excepcionales se limitarán a situaciones de "enfermedades extremadamente graves e incurables'', según la resolución del Consejo de Ministros.

La interrupción voluntaria del embarazo estará incluida dentro del Sistema Nacional de Salud, y será una prestación "pública y gratuita''.

La edad establecida para poder recurrir a esa práctica fue fijada en 16 años, la misma establecida para las prestaciones sanitarias, y a partir de la cual las jóvenes no necesitarán el permiso paterno para interrumpir un embarazo.

Este punto de la nueva normativa es uno de los que ha despertado más polémica y algunos sectores cuestionan que las jóvenes de esa edad puedan decidir someterse a un aborto.

El principal objetivo de la nueva ley es "frenar el número progresivo de embarazos no deseados'', según la ministra.

Aído destacó también que con la nueva ley ninguna mujer será condenada a ir a la cárcel por una interrupción del embarazo, aunque al mismo tiempo subrayó que ello no significa que no se castiguen las practicas ilegales.

La nueva norma sustituye a la actual legislación que data de 1985, cuando se despenalizó el aborto en casos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.

En el nuevo anteproyecto de ley, hasta la semana catorce de gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente, siempre que, como mínimo tres días antes de la intervención haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si decide seguir con la gestación.

De manera excepcional, hasta la semana veintidós, se podrá interrumpir el embarazo si se produce una situación de "riesgo'' para la vida o la salud de la mujer embarazada o de "graves anomalías en el feto''.

En ambos casos, será necesario un dictamen de dos médicos especialistas distintos a los que vayan a llevar a cabo la intervención.

La luz verde del Gobierno es el primer paso de un proceso, ya que ahora el texto deberá ser examinado por los órganos judiciales antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe como Proyecto de Ley y lo envíe al Parlamento para su tramitación definitiva.

La ministra española de Igualdad calificó el texto como "el más equilibrado posible'' y destacó que está "en línea con la mayoría de los países de nuestro entorno''.

El conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición en España, se manifestó en varias ocasiones en contra de la reforma de la ley, especialmente de que las jóvenes de 16 años pueden abortar sin el permiso de los padres.

Y los grupos pro vida la rechazaron de nuevo hoy porque, en palabras del presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, "no es equilibrada, sino profundamente radical, y tampoco ha sido consensuada, sino que ha sido una imposición del lobby abortista al Gobierno''.

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