Se agrava la situación judicial de Boudou
La situación de Amado Boudou, el primer vicepresidente argentino encausado en ejercicio de sus funciones, se agravó el jueves cuando sumó un segundo procesamiento por un caso de corrupción, informó una fuente judicial.
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” el procesamiento de Boudou en la llamada causa “Ciccone” por la compra de una imprenta de papel moneda que luego fue estatizada, informó el Centro de Información Judicial que depende del Poder Judicial.
En este caso, Boudou está señalado por haberse quedado -a través de una empresa fantasma y de un testaferro- con el 70 por ciento de la imprenta Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión de papel moneda.
A cambio, el vicepresidente habría intervenido para evitar la quiebra de la compañía, cuando era ministro de Economía en el 2010.
Boudou fue encausado en junio del año pasado y desde entonces la oposición en el Congreso busca que se aparte de sus funciones e incluso intentó aprobar un juicio político en su contra que no prosperó porque el oficialismo controla ambas cámaras.
La Cámara Federal también confirmó los procesamientos de otros acusados, como el socio y amigo de Boudou, Jose María Nuñez Carmona, y otro de sus allegados, Alejandro Vandenbroele, y de uno de los fundadores de la empresa, Nicolás Ciccone.
Boudou enfrenta tres denuncias judiciales, en momentos en que la presidenta Cristina Kirchner fue acusada por presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes sospechados de haber intervenido en el atentado a la mutual judía AMIA con 85 muertos en 1994.
La tercera denuncia, que tiene en sus manos el fiscal Gerardo Pollicita —el mismo que investiga a Kirchner por encubrimiento— está relacionada con un presunto fraude en un plan de construcción de viviendas.
Pollicita pidió en agosto investigar al vicepresidente por una denuncia de un parlamentario.
El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner está arrinconado por la justicia en el último tramo de su mandato, con la propia mandataria y su canciller Héctor Timerman imputados por un supuesto encubrimiento de exgobernantes iraníes presuntamente implicados en el atentado antisemita de 1994 en Buenos Aires que dejó 85 muertos y 300 heridos.
A principios de febrero, el empresario Lázaro Báez, vinculado a los Kirchner, fue citado a prestar declaración indagatoria por supuesto lavado de dinero en la compra de un campo al oeste del país.
La oposición ha denunciado que Báez posee sociedades comerciales con los Kirchner y que ha obtenido contratos millonarios en obras públicas en la Patagonia argentina.
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de febrero de 2015 a las 10:17 p. m. con el titular "Se agrava la situación judicial de Boudou."