América Latina

Procuraduría de El Salvador vigila exhumación de víctimas de masacre

La exhumación de los cadáveres que podrían ser de María Silveria Rochac y su hijo Sergio Antonio, después de más de 32 años de haber sido asesinados durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
La exhumación de los cadáveres que podrían ser de María Silveria Rochac y su hijo Sergio Antonio, después de más de 32 años de haber sido asesinados durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992). EFE

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador supervisó este lunes el inicio de las exhumaciones de al menos 50 víctimas de la masacre de El Mozote de 1981, perpetrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

De acuerdo con el delegado de la PDDH del oriental departamento de Morazán, Andrés Orellana, su papel es verificar que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos (CorteIDH) que condenó al Estado en el 2012 a proceder con las exhumaciones de las víctimas.

“Nuestro papel es verificar que se cumpla lo establecido por la CorteIDH en cuanto al respeto a los derechos de los familiares de las víctimas”, dijo Orellana en declaraciones a Efe.

Los trabajos, coordinados por tres miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se realizan en las localidades de El Mozote, Cerro Pando y La Joya, con la participación de forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), Fiscalía e investigadores de la Policía, quienes buscan al menos 26 osamentas de personas entre 1 y 67 años.

Las exhumaciones se extenderán hasta el próximo 9 de diciembre y abarcarán 11 escenas distintas dentro del perímetro donde se produjo la masacre.

Las labores se reanudan más de un año después de que fueron suspendidas por procedimientos de las instituciones estatales que en abril del 2015 fueron catalogadas por un juez como “revictimizantes”.

El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, del departamento occidental de Morazán, a unos 22 kilómetros de lugar donde se produjo la masacre, ordenó la “reapertura de este proceso penal” y anuló el sobreseimiento dictado en 1993.

Esto a raíz de la anulación de la Ley de Amnistía General de 1993 decretada por la Sala de lo Constitucional el 13 de julio de este año, lo que abrió la puerta a los procesos legales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1980-1992).

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del elite Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.

Durante los 12 años de guerra, en los que se enfrentaron la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, y el Ejército de este país, financiado por los Estados Unidos, murieron unas 75.000 personas y desaparecieron otras 8,000.

En 1992 el EAAF exhumó unos 400 cuerpos, principalmente de niños, de las cerca de 1,000 víctimas civiles que se calcula fueron asesinadas por el Ejército en esta masacre.

Esta historia fue publicada originalmente el 14 de noviembre de 2016, 7:36 p. m. with the headline "Procuraduría de El Salvador vigila exhumación de víctimas de masacre."

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