Comunidad salvadoreña con orden de desalojo rechaza traslado por inseguridad
Decenas de habitantes de una comunidad con una orden judicial de desalojo, ubicada en el centro de El Salvador, se aferran el lunes 24 de julio del 2017 a sus viviendas por temor a los efectos de la inseguridad en otros sectores donde les han ofrecido ser trasladados.
Por el miedo a la criminalidad, los moradores de la comunidad de El Espino, a 8 kilómetros de la capital, rechazaron este lunes una propuesta de los dueños del terreno en disputa de permitirles habitar en otra zona de la propiedad.
La preocupación por su destino es máxima, porque un juez local anunció hoy que ejecutará una orden de desalojo emitida en 2014 contra las 80 familias de la comunidad.
María Etelvina Henríquez, una septuagenaria que vive en ese sector desde hace 39 años, aseguró que los representantes de los dueños del terreno les ofrecieron dejarlos habitar unas pequeñas parcelas cercanas y dinero para que desalojen voluntariamente.
“Es un lugar sano (seguro) y por eso estamos nosotros aquí” y “no queremos llegar a otra parte donde ahora entramos con nuestros hijos y mañana los sacamos en cajón (féretro)”, añadió la mujer que vende tortillas para vivir y en el pasado se dedicó a la corta de café en la zona.
Henríquez, visiblemente afectada por el temor a ser desalojada por la fuerza, le pidió ayuda al Gobierno para tener una “vivienda digna” en el asentamiento, donde las casas están construidas con láminas y madera.
El Gobierno del país centroamericano emitió este fin de semana un comunicado donde aseguró que junto a la comunidad El Espino “construyen una solución integral” para solucionar el conflicto legal con los propietarios de terreno.
Por otra parte, Efe pudo constatar que al menos cuatro familias comenzaron a desalojar el lugar voluntariamente, por lo que ya empezaron a desmantelar sus viviendas y a cargar sus pertenencias en camiones.
El procurador adjunto de Derechos Humanos de El Salvador, Ricardo Gómez, censuró este lunes al funcionario que ordenó el desalojo -el juez de Paz de la localidad de Antiguo Cuscatlán (suroeste), José Antonio Palma-, pese a la existencia de una medida cautelar que busca frenar la expulsión.
El desalojo ha sido aplazado en dos ocasiones; la primera vez ocurrió el 3 de junio de 2015, cuando el juez Palma otorgó una prórroga de seis días a los moradores para abandonar la propiedad.
Seis días después, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un amparo, suspendió el desalojo y el 9 de febrero pasado resolvió que los habitantes de la comunidad debían ser desalojados en un plazo máximo de seis meses.
Los terrenos están ubicados en una zona considerada como el “último pulmón” en la parte central salvadoreña y cercanos a la Cancillería salvadoreña.
Los mismos pertenecen a la familia Dueñas, que históricamente ha estado dedicada a la producción del café, y han sido objeto de controversia desde una reforma agraria implementada en los años 70 en el país centroamericano.
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de julio de 2017, 7:22 p. m. with the headline "Comunidad salvadoreña con orden de desalojo rechaza traslado por inseguridad."