Ligan a multimillonario mexicano Carlos Slim con aporte electoral ilícito en Guatemala
El nombre de Carlos Slim saltó del escenario de los grandes negocios globales a los corrillos judiciales de la presunta corrupción política en Guatemala.
La Fiscalía General de Guatemala y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron que Telgua S.A., que pertenece al magnate mexicano que opera las telecomunicaciones en este país con la marca Claro, otorgó unos $2 millones de “financiamiento electoral ilícito” a la campaña del Partido Patriota que en el 2011 llevó a la presidencia al guatemalteco Otto Pérez Molina, encarcelado desde el 2015 por presunta corrupción política, para “resolver” una pugna de $400 millones que mantenía en esta nación con otra firma telefónica.
La Fiscalía y la CICIG aseguraron que como “parte del financiamiento ilícito” en la elección del 2011, Telgua (Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima) “contrató los servicios” del guatemalteco José Julio Alejandro Ligorría Carballido, quien fue embajador de Guatemala en Estados Unidos durante parte de la administración de Pérez Molina, “para resolver un litigio existente” por una disputa “con la empresa TIGO”, otra de las operadoras de telefonía celular en el mercado guatemalteco.
Los datos fueron suministrados a el Nuevo Herald por la Fiscalía y la CICIG y se basan en un informe que ambas instituciones emitieron el 14 de julio en esta capital. La Comisión es una instancia querellante creada en el 2006 con aval de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que entró en funciones en el 2007 para combatir décadas de impunidad en este país.
La CICIG y la Fiscalía destaparon en abril del 2015 un escándalo de presunta corrupción política con una millonaria defraudación aduanera y señalaron a Pérez Molina como el jefe de la estructura criminal. Electo en el 2011 como candidato del Partido Patriota para gobernar del 2012 al 2016, el general en retiro quedó acorralado por las denuncias en su contra, debió dimitir como presidente en septiembre del 2015 y quedó preso, al igual que varias de las más importantes figuras de su interrumpida gestión.
Consultada por teléfono por el Nuevo Herald, la guatemalteca Litza Del Cid de Escobar, gerente de Relaciones Institucionales de Telgua, alegó que “no hay ninguna postura institucional” sobre las informaciones de la Fiscalía y la Comisión. En una respuesta a una misma consulta por escrito enviada a su correo electrónico, Del Cid insistió en que “no hay comentarios de parte de la empresa”.
El periódico Prensa Libre, el principal de Guatemala, publicó el 18 de julio que según medios noticiosos del exterior, “América Móvil efectúa una auditoría para asegurar sus procedimientos internos y colaborar con la justicia guatemalteca, en relación al caso de corrupción” revelado por la CICIG y la Fiscalía.
“Telgua no recibió beneficio alguno de autoridades en Guatemala por las aportaciones realizadas. La disputa comercial entre Telgua y TIGO se resolvió por acuerdo entre particulares, sin la intervención de autoridad guatemalteca alguna”, aseguró el diario, al citar a un portavoz de América Móvil al que no identificó.
De acuerdo con su información oficial, Telecomunicaciones de Guatemala opera con el nombre comercial Claro y ofrece servicios de línea fija, móvil, internet y televisión por cable. Claro, filial de la mexicana América Móvil, fue fundada en Guatemala en septiembre del 2006 tras el cambio de nombre de PCD Digital y Aló de PCS, las anteriores marcas de Telgua.
El caso
La Fiscalía y la CICIG revelaron el 14 de julio que una pieza central del lío es el guatemalteco Alejandro Sinibaldi Aparicio, uno de los más importantes dirigentes del Partido Patriota, estrecho aliado de Pérez y ministro de Comunicación, Infraestructura y Vivienda de Guatemala de enero del 2012 a agosto del 2014.
Ambas señalaron a Sinibaldi, ahora prófugo, de ser líder de una supuesta red de corrupción con negocios de construcción en el ministerio a su cargo, por el que hay 18 personas presas y 14 en fuga. El financiamiento electoral ilícito es paralelo.
La Fiscalía y la CICIG explicaron que “para saber los motivos de los depósitos en las cuentas de las empresas vinculadas con Alejandro Sinibaldi, se entrevistó al entonces gerente de Telgua, el señor Julio Carlos Porras Zadik. En declaración de prueba anticipada, el señor Porras Zadik aceptó la entrega del dinero para el Partido Patriota por un monto de Q (quetzales) 15 millones compuesto por doce cheques y 20 facturas a seis empresas – cinco de los cheques no tienen factura”.
“El gerente indicó que el financiamiento al Partido Patriota fue entregado como parte de una estrategia político-comercial de Telgua diseñada por Julio Ligorría (en fuga) para tratar de resolver un litigio existente con la empresa TIGO. El señor Porras Zadik fue condenado a 3 años de prisión el pasado 29 de junio por el delito de financiamiento electoral ilícito, multa de Q500 mil (más de $68,000 y la construcción de dos salas de videoconferencia para enlazar al Ministerio Público (Fiscalía General) con el Organismo Judicial, por concepto de reparación digna), precisó.
La investigación aseguró que Porras expuso que “para neutralizar a TIGO, Ligorría Carballido propuso como estrategia construir un acercamiento con los candidatos del Partido Patriota, quienes en ese momento (2011) lideraban las encuestas, pues serían los nuevos gobernantes de Guatemala”.
“La estrategia consistía”, agregó el gerente, “en mostrar una estrecha relación entre Telgua y el Partido Patriota, para lo que debería apoyarse financieramente su campaña en un monto que—según le dijo Alejandro Sinibaldi—por lo menos igualara al que TIGO había entregado”.
De acuerdo con el recuento oficial de Porras difundido por las dos instituciones, “pactada la estrategia, Ligorría le entregó a Porras un listado con el nombre de varias empresas y diferentes montos, para que Telgua girara los cheques respectivos. Las empresas indicadas, que estaban directamente relacionadas con Alejandro Sinibaldi, (…) expidieron facturas por servicios no prestados para ocultar el motivo de la entrega del dinero”.
“Posteriormente se dieron acercamientos con Otto Pérez Molina y se solicitó una reunión en México con Carlos Slim, propietario de América Móvil, dueña de Telgua. Dicha reunión se realizó en agosto del 2011 con la presencia de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Alejandro Sinibaldi y Julio Ligorría, quien se presenta como futuro canciller de Guatemala y no como asesor de Telgua. Ligorría tomó fotografías de la reunión que pocos días después fueron publicadas en un medio de comunicación guatemalteco para enviar a TIGO el mensaje de cercanía de Telgua con los futuros gobernantes”, relató.
(Baldetti fue electa vicepresidenta con Pérez, pero dimitió en mayo de 2015 por el caso de la defraudación aduanera y está presa. En junio de 2017, el gobierno de Estados Unidos pidió a Guatemala su extradición por narcotráfico y aseguró que el cártel mexicano de Los Zetas le entregó dinero a cambio de flexibilizar los controles policiales sobre el tráfico de drogas).
En su testimonio, Porras contó que “luego de publicadas las fotografías, personeros de la empresa TIGO tomaron contacto con Julio Ligorría para que organizara una reunión con Telgua para llegar a algún arreglo. Afirmó que a menos de un mes de la publicación de la fotografía, el 2 de septiembre del 2011, firmó con la empresa TIGO un contrato de transacción y de finiquito del litigio por los $400 millones”.
“De esta forma”, concluyó la CICIG, “se evidencia cómo las relaciones de poder político estatal y empresarial se influyen y utilizan mutuamente para el desarrollo de prácticas de competencia comercial malsana y para la perversión de los modelos democráticos de elección de funcionarios y de ejercicio del poder del gobierno”.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de julio de 2017, 5:42 p. m. with the headline "Ligan a multimillonario mexicano Carlos Slim con aporte electoral ilícito en Guatemala."