Un pueblo negro de Puerto Rico ve su propio pasado en la muerte de George Floyd

Al caer la tarde sobre Puerto Rico, cientos de personas se reunieron en una vigilia por George Floyd el 1 de junio en Loíza, una ciudad costera con una de las comunidades negras más grandes de la isla.

La multitud se congregó en El Ancón, un muelle que lleva el nombre de la barcaza retirada que albergó y que cruzaba a los loiceños y sus autos por el río Grande de Loíza hacia San Juan. Los vecinos y visitantes de otros pueblos se pararon a la orilla del río para defender y afirmar el derecho de los negros a vivir libremente.

“Cuando él pide por su mamá, a la hora de morirse, no fue solo para las madres negras de los Estados Unidos, para su propia madre, sino para todas las madres negras del Caribe y del mundo”, dijo Maria Reinat-Pumarejo sobre Floyd, quien murió después que un policía se le arrodilló sobre el cuello casi nueve minutos. Reinat-Pumarejo es miembro fundadora de Colectivo Ilé. El grupo antirracismo participó en la planificación del evento en colaboración con Revista Étnica, la primera revista y plataforma multimedios para los afrolatinos en la isla.

La muerte de George Floyd ha desenterrado heridas dolorosas para los puertorriqueños negros y ha traído recuerdos de sus propias experiencias con la brutalidad policial. También ha provocado un debate sobre el colorismo y el racismo en la isla. Varios puertorriqueños negros y afrodescendientes han tomado las redes sociales y otros foros públicos para expresarse.

En la vigilia, los músicos de bomba tocaron sus tambores. Plena Combativa, un grupo feminista plenero, cantó: “¿Cuánto más vamos a aguantar?” Los manifestantes que las rodeaban levantaban carteles pintados a mano. El aroma a incienso y madera aromática flotaba en el aire.

En honor a Floyd y a las víctimas de la brutalidad policial en Estados Unidos y Puerto Rico, se levantó y se decoró un altar. El santuario estaba colocado sobre telas étnicas africanas. La imagen enmarcada de Floyd estaba rodeada de velas y de flores de jengibre, azucenas blancas y orquídeas anaranjadas.

Al lado de las flores, había jaulas para capturar cocolías y jueyes. Junto a la foto de Floyd colgaba una máscara tradicional de vejigante de Loíza, tallada en coco y pintada de negro. El color, según su artista Juan Pablo Vizcaíno, encarna la lucha y la resistencia, no el luto. También colocaron una manzana cubierta de miel y un tabaco a manera de ofrendas cerca de una invocación yoruba para los ancestros.

Al lado de la foto de Floyd estaba la imagen sepia de Adolfina Villanueva-Osorio cargando a una de sus criaturas en brazos. La mujer negra y loiceña, de 34 años, fue asesinada por la policía puertorriqueña en 1980. Los manifestantes también acudieron a la vigilia para honrarla y recordarla.

Brutalidad policial

Loíza fue uno de los primeros lugares en América Latina donde hubo una manifestación en memoria de Floyd, junto a otros municipios puertorriqueños como Ponce, Arroyo, Vieques y San Juan.

El municipio colinda con el Atlántico, donde desemboca el Río Grande de Loíza. Aislado por bosques de manglares y la naturaleza, Loíza fue un hogar ideal para los cimarrones, fugitivos de la esclavitud que probablemente se establecieron allí a partir del siglo XVII.

Esa herencia sigue viva: casi 65% por ciento de los residentes de Loíza se identificaron como negros en el Censo de 2010. Loíza es conocido como “la capital de la tradición” y sus raíces africanas están presentes en la música, la comida y el arte.

Pero también es un municipio pobre, especialmente en comparación a ciudades vecinas del área metropolitana como San Juan y Carolina. Casi un tercio de los hogares ganan menos de $10,000 al año. El índice de pobreza, 50.8%, es 7.7 puntos más alto que la cifra de toda la isla.

“Siempre hemos sido marginados por ser un pueblo tan pequeño y donde predomina la raza negra’‘, dijo Rafael Rivera-Rivera, un líder comunitario del sector Villa Cañona.

Los vecinos entrevistados por el Miami Herald describieron el abuso policial en sus comunidades. Algunos de estos casos fueron documentados en un informe de 2012 de la Unión Americana de Libertades Civiles, que encontró que la Policía de Puerto Rico asignaba agentes de la División de Operaciones Tácticas que usaban “fuerza excesiva para sustituir estrategias comunitarias de vigilancia policial” en áreas de bajos ingresos y negras. En barrios donde viven muchos dominicanos, que se calculan en 200,000 y 300,000 en Puerto Rico, esto es algo común, según el estudio.

Una investigación concluida en septiembre de 2011 por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal concluyó que la Policía de Puerto Rico había “participado en patrones de mala conducta que violan la Constitución y la ley federal”. También determinó que habían patrones de uso de fuerza excesiva, e incluso mortal, al igual que uso rutinario de órdenes de allanamiento ilegales. Los agentes de la fuerza de choque también entraban a vecindarios de bajos ingresos con “fusiles de alto calibre frente a niños y ancianos”.

Rivera-Rivera dijo que en Villa Cañona hubo varios incidentes de brutalidad policial a mediados y finales de la década de 2000 y que estos patrones de abuso ocurrían desde hace años.

Un caso en 2007 fue el de Edgar Pizarro-Rivera, un hombre negro de 27 años con una discapacidad intelectual. Mientras montaba su bicicleta, varios policías lo golpearon con macanas, le rociaron gas pimienta y lo insultaron con epítetos raciales. La madre de Pizarro-Rivera declaró a la ACLU que esto había ocurrido varias veces entre 2007 y 2008, así como una vez en 2011. También dijo que presentó a la Policía tres quejas sobre estos incidentes, pero no recibió respuesta a las dos primeras y solo recibió una carta que reconocía el envío de la tercera. A su hijo, que tiene la capacidad mental de un niño de 5 años, le aterrorizaba salir a jugar, según el informe del ACLU.

Y en septiembre de 2010 la Policía le disparó en la cabeza a José Ayala-Rivera, un hombre negro de 22 años, mientras regresaba a su casa de una fiesta con su hermano. Ayala-Rivera sobrevivió, pero el incidente lo dejó en una silla de ruedas. El hermano de Ayala, Luis Ayala-Rivera, le dijo a la ACLU que la familia había recibido $90,000 en una demanda civil que presentaron contra la Policía, pero que no se presentaron cargos penales contra el agente que hirió e incapacitó a su hermano.

Los vecinos de Villa Cañona denunciaron públicamente los casos de brutalidad policial en su comunidad. Llevaron sus quejas a los medios de comunicación y se comunicaron con la Comisión Puertorriqueña de Derechos Civiles y el capítulo de la ACLU en la isla. En junio de 2008, compartieron sus testimonios con Doudou Diène, ex relator especial de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo, en una audiencia pública en el centro comunitario del vecindario. Diène presentó sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU como parte de un informe de 2009 sobre la injusticia racial en Estados Unidos.

Rivera-Rivera dijo que la Policía a veces tomaba represalias por expresarse contra el abuso policial. En una ocasión, el mismo día que Rivera-Rivera y otros vecinos de Villa Cañona denunciaron públicamente los hechos, más de cien policías ocuparon el vecindario, alegando que era una forma de garantizar la seguridad pública, pero la coincidencia dejó a varios loiceños escépticos e incrédulos.

A medida que la muerte de Floyd ha creado una ola de protestas mundiales, los líderes y vecinos de las comunidades de Loíza han discutido y reflexionado sobre su tensa relación con la Policía. Ven paralelismos entre el abuso policial en Estados Unidos y su historia como una población negra y puertorriqueña. Uno de los casos más infames en la historia de Loíza sigue vivo en la memoria colectiva, más de cuarenta años después: la muerte de Adolfina Villanueva-Osorio a manos de la policía.

Un desalojo violento

La mañana del 6 de febrero de 1980, Villanueva-Osorio y su esposo, Agustín Carrasquillo-Pinet, estaban en su casa en el sector Tocones de Loíza, una de las zonas más pobres del pueblo.

La pareja negra llevaba 17 años de casada y tenía seis hijos. Ese día, Villanueva-Osorio estaba en casa con tres de ellos: el hijo mayor, Agustín, de 12 años, y los dos más pequeños, César y Betsaida. Carrasquillo-Pinet, un pescador que solía ir a Dorado y a Toa Baja a atrapar cangrejos, decidió quedarse en su casa. Se cernían nubes oscuras y tormentosas sobre su hogar junto al mar.

Una investigación del Nuevo Día de 1985 relata que Carrasquillo-Pinet estaba sentado en el balcón con su esposa, quien estaba cortando y trozando cocos para los niños. A eso de las 9 de la mañana, llegaron policías y maquinaria para desalojar a la familia y demoler la propiedad.

Veremundo Quiñones, un terrateniente adinerado, había reclamado el terreno en los tribunales, aunque la familia de Villanueva-Osorio había vivido allí más de un siglo. El arzobispo de San Juan, el cardenal Luis Aponte Martínez, quería comprarle el terreno a Quiñones para construir una casa de playa.

El Nuevo Día también informó que un batallón de al menos 16 policías de la fuerza de choque y alguaciles llegaron a expulsar a la familia. Carrasquillo-Pinet, quien ahora tiene 75 años, y otros testigos, dicen que el juez que firmó la orden de desalojo y Quiñones también estaban presentes.

Cuando Carrasquillo-Pinet preguntó por qué habían venido, dice que un comandante de la Policía le dijo: “Los vamos a sacar vivos o muertos”.

La familia había estado en un pleito con Quiñones por el terreno desde hacía años. Carrasquillo-Pinet le dijo a la Policía que él y su familia no iban a irse porque debían tener una vista judicial relacionada con el caso en dos semanas.

Según otro relato de Carrasquillo-Pinet reproducido por el antiguo diario el Horizonte, la Policía rodeó la casa, derribó la puerta, arrojó bombas de humo y comenzó a disparar contra la casa. Los niños, que estaban en la residencia, comenzaron a gritar y a llorar de miedo.

Villanueva-Osorio fue a buscar a César y Betsaida, dijo Carrasquillo-Pinet en una entrevista reciente con Primera Hora, un periódico local. La Policía dijo que la mujer había lanzado una lata llena de queroseno al sargento Víctor M. Estrella, aunque el químico forense de la Policía dijo más tarde que no había pruebas de ello. También hubo informes de que estaba armada con un machete mohoso y oxidado, lo cual Carrasquillo-Pinet y su familia han negado.

El reportaje en El Nuevo Día en 1985 afirmaba que Adolfina recibió 16 disparos frente a su esposo e hijos. Las balas le destrozaron un pulmón y el hígado.

Villanueva-Osorio había colapsado al lado del corral de los cerdos cuando le dispararon a Carrasquillo-Pinet en el muslo cuando acudía a ayudar a su esposa. Llevaron a la pareja al hospital, donde Carrasquillo-Pinet se enteró más tarde que su esposa había fallecido.

La pequeña casa de madera y zinc fue demolida horas después de la muerte de Villanueva-Osorio.

Carrasquillo-Pinet ha dicho que una aplanadora habría matado a sus hijos, que aún estaban en la casa, si su madre no los hubiese buscado. Según El Nuevo Día, una vecina le dijo a la familia que la Policía también había intentado dispararle al hijo mayor porque era un testigo de lo ocurrido.

El sargento Estrella fue acusado de asesinato, pero un jurado lo absolvió. Aún así, el juicio reveló detalles preocupantes sobre lo que sucedió ese día, incluido que los cartuchos de municiones que la Policía usó en el desalojo eran para la caza de ciervos. Ninguna otra persona presente en el lugar de los hechos ese día ha sido acusado por la muerte de Villanueva-Osorio. Y nunca se han presentado cargos por las heridas sufridas por Carrasquillo-Pinet.

El Nuevo Día informó que los abogados de Estrella dijeron en el juicio que la muerte de Adolfina Villanueva-Osorio había sido un “desgraciado accidente” y que la escopeta del agente se había descargado accidentalmente. Marta Villanueva-Osorio, su hermana, no concuerda con esta versión de los hechos.

“Habían balas hasta en las palmas”, dijo. La mujer era una estudiante de maestría en la Universidad de Puerto Rico cuando su hermana fue asesinada. Esa mañana, su padre Victoriano Villanueva, de 77 años, la busco en la escuela. Cuando su familia fue al lugar de lo hechos, le dijo Marta Villanueva-Osorio al Herald, su padre le pidió a la policía permiso para recuperar las pertenencias de la familia antes que demolieran la casa.

“Y ahí le apuntan en el pecho [con una pistola] y le dijeron que lo iban a matar si daba otro paso adelante”, dijo.

Cuarenta años después, la parcela de tierra que albergaba la casa de Villanueva-Osorio está vacía. Cuando el Pulitzer Center entrevistó al artista loiceño Samuel Lind, dijo que “cuando comenzó la construcción de la casa [del arzobispo de San Juan] ... la gente venía de noche y desmantelaba el trabajo que los contratistas habían hecho ese día ... venían todas las noches, hasta que finalmente se rindieron.”

El legado

Para Marta Villanueva-Osorio, la muerte de George Floyd el 25 de mayo fue como revivir la muerte de su hermana en 1980.

“Duré tres días llorando”, dijo. “Me recuerda la impotencia de mi padre cuando me dijo, yo no pude hacer nada, la impotencia de mi familia, de mi mamá... porque si te defiendes, te matan. Esa misma impotencia tiene que haberla sentido la familia de George Floyd”.

Para muchos en Loíza, Villanueva-Osorio es un símbolo de lucha y valentía. Era una mujer negra y una madre que peleó por su tierra y por su hogar. Muchos de los problemas que enfrentó —la pobreza, la inseguridad de vivienda, el racismo— afectan a muchos loiceños en la actualidad.

“El asesinato de Adolfina Villanueva es una clara manifestación racista contra una familia loiceña. [Nos matan] porque somos negros y nos ven como que no tenemos valor o humanidad”, dijo Maricruz Rivera-Clemente, un líder comunitaria de Piñones, un área de Loíza frente al mar.

“Para nosotros es una resistencia diaria, porque vivimos con el racismo. Es una opresión que provoca muchas otras opresiones: la pobreza, la violencia en la comunidad, entre comunidades, entre los jóvenes, pero también la violencia de la Policía”, le dijo al Herald. “Pero resistimos con dignidad”.

Rivera-Clemente es la fundadora de Corporación Piñones Se Integra, una organización que promueve iniciativas culturales para combatir el racismo, como clases de bomba que honran la herencia negra de Puerto Rico. El grupo también se enfoca en proteger Piñones, la única costa no desarrollada cerca del aeropuerto de San Juan. Varios empresarios han querido construir en el área, pero la organización y otros han luchado exitosamente contra estos planes.

Mayra Cirino-Carrasquillo es una líder comunitaria del Sector Colobó, uno de los barrios más pobres de Loíza. También es prima de Carrasquillo-Pinet. Tenía 6 años cuando Villanueva-Osorio fue asesinada.

“La mayoría somos negros. Punto. Somos negros”, dijio. “Y desde la muerte de Adolfina-Villanueva, tenemos que tragarnos todo lo que sucede”.

Según Cirino-Carrasquillo, los servicios y la ayuda del gobierno a menudo no llegan a su área. Ella organiza grupos para limpiar las calles de su vecindario y personalmente ha cortado el césped de los residentes mayores en su comunidad. Cirino-Carrasquillo también ha colaborado con Rivera-Clemente para organizar talleres sobre el racismo y la historia de Loíza en el Sector Colobó. Muchos de los jóvenes con los que trabaja se enfurecen cuando escuchan la historia de Villanueva-Osorio.

“Les da tanto y tanto coraje”, dijo Cirino-Carrasquillo “que me dicen ‘Wow! Si yo estuviera en ese tiempo hubieran sido otros 20 pesos’, como decimos por ahí”. Algunos vecinos han hablado de hacer un mural en honor a Villanueva-Osorio y otros visitan la parcela abandonada donde la mataron en una especie de peregrinación.

Alicia Carrasquillo-Ortiz es líder comunitaria en Tocones, el sector de Loíza donde solía vivir Villanueva-Osorio. Cuando el Herald la llamó para entrevistarla, Carrasquillo-Ortiz estaba en el proceso de llevar almuerzo a niños, algo que hace desde que comenzó la pandemia.

“Nunca nos hemos podido olvidar... Aquí la gente, la comunidad, los residentes, dice mira para allá lo que pasó con [Floyd] pasó lo mismo con Doña Adolfina. Entonces por ser negros, ¿nos van a extinguir?”, dijo Carrasquillo-Ortiz.

Raza y racismo en Puerto Rico

Los investigadores y académicos han documentado ampliamente la discriminación racial contra los puertorriqueños negros en “ideologías nacionales ... empleo, el sistema de justicia penal, educación, la vivienda, los medios de comunicación ... por nombrar solo algunos”, según un estudio de 2017 sobre las percepciones del racismo en la isla.

Pero aún es difícil cuantificar los problemas raciales en Puerto Rico. El gobierno local no recopila estadísticas sobre la raza de forma metódica, ni la ley le exige que tiene que proporcionar estos datos. La información del Censo federal no siempre abarca a los puertorriqueños, lo que puede llevar a algunos puertorriqueños a identificarse como blancos y con otras razas.

“Mientras más claro eres de piel, más acceso tienes. Mientras más oscuro, menos acceso tienes…” dijo la doctora Bárbara Abadía-Rexach, antropóloga social que estudia la racialización en Puerto Rico en la música. “Hay una negación a reclamar esa identidad negra y a reconocer la afrodescendencia en Puerto Rico”.

Los académicos puertorriqueños han tenido que desarrollar nuevas formas de medir los resultados socioeconómicos y raciales de los puertorriqueños negros. Por ejemplo, algunos han pedido que las personas identifiquen su color de piel en sus propios términos. Ese mismo informe de 2017 concluyó que las personas que se describieron a sí mismas como negras dijeron que experimentaron significativamente más racismo. Entre otras estadísticas: las personas negras en Puerto Rico tienen menos probabilidades de tener seguro de salud y experimentan mayores niveles de desempleo que los puertorriqueños de piel más clara.

“Aunque se manifieste quizás distinto porque es un contexto distinto al de Estados Unidos”, dijo la Dra. Abadía-Rexach. “No deja de ser menos violento y no deja de ser experiencias que vivimos cotidianamente las personas visiblemente negras en Puerto Rico”.

Las protestas en Puerto Rico por la muerte de Floyd han sido históricas, según la Dra. Hilda Lloréns, quien ha estudiado el concepto de la raza y el racismo en Puerto Rico desde hace más de dos decenios. Pero aunque las actividades en apoyo a Black Lives Matter en la isla sean recientes, la resistencia contra el racismo y la organización comunitaria no lo son.

Eso es evidente en los esfuerzos de líderes comunitarios como Rafael Rivera-Rivera, quien ha traído a la atención nacional la brutalidad policial en Villa Cañona. O las iniciativas de Maricruz Rivera-Clemente, quien limpia los cuerpos de agua de Loíza mientras completa su tesis doctoral sobre cómo el pueblo ha usado sus tradiciones culturales para resistir el racismo. O la de Mayra Cirino-Carrasquillo, que aboga por los residentes de Colobó ante la alcaldesa de la ciudad.

Alicia Carrasquillo-Ortiz está tratando de restaurar apartamentos abandonados en Tocones para crear más viviendas. Las unidades están al final de una calle sin salida junto a las palmeras y el mar, al lado de la parcela que anteriormente pertenecía a Adolfina Villanueva-Osorio. Cuando completen los apartamentos, Carrasquillo-Ortiz espera ponerles el nombre de la fallecida loiceña que defendió su hogar y a su familia y perdió la vida por ello.

“Habemos muchas Adolfina Villanuevas en la lucha por nuestra comunidad”, dijo.

Esta historia fue publicada originalmente el 1 de julio de 2020, 10:03 a. m. with the headline "Un pueblo negro de Puerto Rico ve su propio pasado en la muerte de George Floyd."