Fiscal de Carolina del Norte accedió a certificar visas a víctimas de crimen hispanas
La fiscalía del distrito oeste de Carolina del Norte anunció que llegó a un acuerdo con el fiscal de un condado del estado que estaba negando las certificaciones de las visas U a víctimas hispanas.
El pasado mes de mayo se conoció que el fiscal Locke Bell, del condado Gaston, al norte del estado, rechazaba las solicitudes de comprobación de los inmigrantes latinos víctimas de casos de violencia doméstica, violación, tráfico humano, u otro crimen si el victimario también pertenece a su mismo grupo étnico.
“El fiscal Bell acordó realizar certificaciones de las visas U sin referirse a las nacionalidades de los involucrados como estipulan las leyes federales”, afirmó en un comunicado Jill Westmoreland Rose, fiscal encargada en Carolina del Norte.
Westmoreland resaltó que el Departamento de Justicia se reunió el mes pasado con Bell para discutir los requisitos para la concesión de las visas U y los parámetros establecidos por el Gobierno federal en esta materia.
Bell argumentaba que la ley “nunca fue creada con la intención de proteger latinos de los latinos sino para resguardar a la víctimas de las áreas con grandes concentración de crímenes”.
La práctica de Bell fue catalogada como “discriminatoria” por expertos juristas y por las organizaciones que defienden a los inmigrantes en Carolina del Norte.
En octubre del 2000, el Congreso aprobó el Acta de Protección contra la Violencia y Tráfico Humano (VTVPA) con el propósito de ayudar a las agencias del deber a investigar los casos que involucran a víctimas inmigrantes.
Los indocumentados que han sido víctimas de crímenes pueden solicitar la visa U ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), pero primero deben obtener la certificación por parte de las agencias del deber.
En Gaston, la oficina de Bell era la encargada de otorgar las certificaciones, ya que según la normativa vigente, las agencias del orden público tienen la “discreción” de otorgar o negar la certificación de las víctimas de crímenes, que es uno de los principales requisitos para obtener las visas U.
Byron Martínez, dirigente de “Unidos We Stand”, cuya organización se quejó varias veces con la oficina de Bell, presentó una queja oficial al Departamento de Justicia, y otras entidades sobre la práctica discriminatoria del fiscal y “hoy se hizo justicia”, según comentó.
“Quedó comprobado que nadie está más arriba de la justicia y también envía un mensaje a otros fiscales que no puede abusar de su poder”, agregó Martínez.
El Gobierno federal otorga cada año 10.000 visas U de un promedio de 26.000 solicitudes a nivel nacional.
Esta historia fue publicada originalmente el 15 de junio de 2015, 8:07 p. m. with the headline "Fiscal de Carolina del Norte accedió a certificar visas a víctimas de crimen hispanas."