Canal en Nicaragua provoca rechazo entre quienes serían desplazados

Nicaragua Iglesias, cementerios, calles, corrales para aves: todo lo que se encuentra en el camino del canal transoceánico que se piensa construir en Nicaragua tendría que ser reubicado en otra parte.

Unas 28,000 personas dispersas por los pueblos de la zona corren el riesgo de que sus tierras sean expropiadas. El gobierno se ha comprometido con ellos, diciéndoles que van a estar mejor, que vivirían en nuevos asentamientos y con un poco de dinero en los bolsillos. Pero el escepticismo abunda y los ganaderos, agricultores y rancheros están furiosos. Han realizado 44 marchas y manifestaciones en los últimos nueve meses, de las cuales algunas han terminado violentamente.

Entretanto, la conferencia de obispos católicos ya expresó su preocupación por el asunto. En marzo, la conferencia dio a conocer una declaración donde advertía que los residentes que viven en el trayecto donde se construiría el canal sienten “ansiedad e incertidumbre”, y que el proyecto debe hacerse pensando en el medio ambiente y en el beneficio de todos los nicaragüenses. De lo contrario, advirtieron los obispos, “podría provocar un conflicto armado, algo que nadie desea”, así como exponer a los nicaragüenses a “la masiva presencia de gente ajena a nuestra historia, tradiciones y creencias religiosas”, una clara referencia a la esperada llegada de trabajadores chinos.

El canal transoceánico de Nicaragua promete conectar el Océano Atlántico con el Pacífico, pero al mismo tiempo ha dividido a las personas que viven cerca de la ruta propuesta de los nicaragüenses que respaldan el plan.

En esta localidad de campesinos en el oriente de Nicaragua, un día Medardo Mairena Sequeira se montóa a una camioneta pickup de color plateado, tomó un micrófono conectado a un pequeño megáfono y le habló ante un gran número de personas, algunas a caballo y otras a pie, que se habían congregado. Muchos usaban gorras de béisbol o sombreros vaqueros. Mairena Sequeira criticó la concesión de 50 años hecha al Grupo HKND, la compañía que controla una multimillionaria empresa de telecomunicaciones china encargada de construir el canal.

Mairena Sequeira declaró que la concesión viola las leyes nicaragüenses, y que la compañía china no va a tener en cuenta los intereses de los nicaragüenses.

“Vienen aquí porque lo que quieren es hacer dinero. No vienen a ayudar a los nicaragüenses”, dijo Mairena Sequeira.

“Nuestra soberanía se les ha entregado”.

La camioneta se detuvo luego en la arteria principal del pueblo, una calle sin pavimentar, llena de polvo y piedras, tabernas, salones de billar y tiendas de madera que venden productos textiles a los residentes que llegan de áreas lejanas. Unas 100 personas iban detrás del vehículo. En 45 minutos, la marcha había terminado.

Mairena Sequeira, granjero de 36 años que vive en la localidad de Punta Gorda, cerca de la costa Atlántica, es un activista del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, un grupo de ciudadanos que ya ha organizado diversas marchas para oponerse al canal.

Las protestas del grupo han provocado cierto revuelo en la prensa, pero no parecen representar una seria amenaza para el proyecto. El respaldo al canal es amplio en otras áreas de Nicaragua, según indican encuestas recientes.

Sin embargo, las protestas han vuelto a activar el espíritu combativo que aún perdura de las guerras que tanto daño le hicieron a Nicaragua en las décadas de 1970 y 1980. La oposición no se alínea por tendencias políticas definidas, aunque los que se oponen al gobierno de Daniel Ortega, ex jefe de la guerrilla sandinista, parecen estar alentando cierta agitación.

“Los campesinos de la zona piensan que es una confiscación. Ya han escuchado demasiadas mentiras”, dijo el ranchero Manfredo Hidalgo Benavides, mientras contemplaba su ganado en un corral local.

La concesión le permite al Grupo HKND expropiar y controlar hasta 6.2 millas de tierra en ambos lados de las 170 millas que abarca la ruta del canal, una gran franja que atraviesa el centro del país. Aunque a algunos agricultores se les permitiría regresar para cultivar las lomas aplanadas de material excavado, la gran mayoría sería reubicada lejos de la zona protegida del canal.

Liliana Li, portavoz de la compañía, dijo que el corredor de 6.2 millas a los dos lados del canal “es más grande que la tierra que realmente hace falta, lo que nos da más flexibilidad en planificar la ruta del canal cuando hagamos los planos”. Al final, agregó, es muy probable que la compañía necesite “mucho menos territorio a ambos lados del canal”.

Telémaco Talavera Siles, portavoz del proyecto del canal, dijo que comprende la ansiedad que tienen los que se enfrentan a la expropiación.

“No los culpo. No saben si van a recibir o no una compensación justa. No saben si van a tener trabajo”, dijo. Los temores se calmarán, dijo, “cuando se den cuenta de la voluntad política del gobierno y que terminarán en una mejor situación que si el canal no se construyera”.

Mientras tanto, los funcionarios se preparan para iniciar negociaciones con propietarios de tierras a fines del presente año, dijo Talavera Siles.

“Si alguien quiere que se le pague, pues se le pagará. Pero si alguien dice: ‘No, lo que quiero es otro rancho’, entonces existe la posibilidad de que tenga lugar un intercambio”, dijo.

Talavera Siles agregó que los agentes del gobierno, que trabajan a nombre del concesionario chino, tratarían de adaptarse a los deseos de los dueños de tierras. “Hay gente que le gusta vivir cerca de sus vecinos. En cambio, hay otras que prefieren vivir un poco más apartados. Hay diferentes tipos de viviendas”, dijo. “Cualquiera que sea el caso, será mejor que la casa en que viven en la actualidad. Eso es algo que discutiremos con cada uno”.

La mayor parte de los necesitarían ser reubicados viven al este del Lago de Nicaragua, un área que hace apenas unas décadas era mayormente una selva inhóspita, sólo con espacios abiertos dispersos y peligrosos caminos. Muchos campesinos se quedaron sin hogar durante las guerras de los 70’s y 80’s, al tener que huir de enemigos y comenzar una nueva vida en la selva. Ahora, después de largo tiempo allí, muchos dijeron que temen ser desplazados por segunda vez.

“A mi tío lo asesinaron los sandinistas. Cuando aquello éramos jóvenes, así que decidimos venir aquí. Nadie nos conocía”, dijo Édgar Suárez García, ganadero y negociante de granos.

Los lugareños han escuchado los argumentos a favor del canal; que traería empleos e impulsaría mucho la economía nacional, pero temen sufrir personalmente. Algunos no tienen los títulos de las tierras. Otros crearon sus hogares en medio del monte o compraron la tierra a cambio de documentos de dudoso valor legal.

La llegada de topógrafos del gobierno los ha preocupado, aunque hasta el momento no se ha hecho público ningún mapa de la ruta precisa que tendría el canal.

“Llegaron, clavaron estacas y midieron el terreno”, dijo Francisca Tercero Orozco, de 65 años, quien llegó con su familia hace más de 35 años de León, la segunda ciudad más grande de Nicaragua, y donde se libraban fuertes combates. En la actualidad tiene 10 hijos adultos y el doble de nietos, y todos viven en su rancho de 100 hectáreas.

Los topógrafos también se aparecieron en Los Laureles, un pequeño rancho propiedad de Marcial Velázquez Espinoza en la localidad de Chacalicito.

“Yo estaba en el campo. Mi esposa les preguntó por qué estaban midiendo y le respondieron que era por orden del gobierno. Ella se puso muy nerviosa”, recordó Velázquez Espinoza, quien dijo que teme que él y su esposa, además de dos hijos adultos y una hija sean obligados a dejar su propiedad de 200 hectáreas. “Si solamente nos dan un poco de dinero, ¿qué vamos a poder comprar? Tendríamos que mudarnos a alguna parte y morirnos”, dijo.

Mudarse podría también ocasionar otros problemas. Una de las hijas de la pareja, Holga Nubia, murió al nacer hace varias décadas y está enterrada en el rancho.

“Ella tiene que quedarse aquí. ¿Cómo me la voy a llevar?”, preguntó Velázquez Espinoza.

Uno de sus hijos, Roger Velázquez Lagos, de 38 años, dijo que sus vecinos se oponen unánimemente al proyecto. “Prefieren que los maten en sus tierras”, dijo.

En una epístola pastoral con fecha 8 de marzo dirigida a los católicos nicaragüenses, la conferencia episcopal expresó su preocupación por “los que viven con ansiedad e incertidumbre por su futuro”.

“No tienen la certeza de que recibirán un precio justo por sus tierras; saben que pueden ser víctimas o ser obligados a irse; no saben a dónde ir porque no hay un plan que les asegure trabajo y dignidad social”, escribieron los obispos.

Los obispos le pidieron al gobierno que continuara con el proyecto del canal sólo si se demuestra mediante una sólida evidencia científica que no terminará dañando el medio ambiente y que todos los nicaragüenses saldrán beneficiados.

Con las expropiaciones a la vista, algunos residentes dijeron que un pago lo suficientemente justo podría ayudar a acabar con la resistencia.

“Si me pagan una buena cantidad de dinero, me compro otra finca”, dijo Suárez, el ganadero de La Unión.

Los residentes de otro pueblo, Puerto Príncipe, le temen no sólo a la expropiación sino también a la posibilidad de que un lago artifical inunde una parte del pueblo. El Grupo HKND planea construir una represa en el río Punta Gorda y crear un embalse de 152 millas cuadradas llamado Lago Atlanta para asegurar suficiente agua para las esclusas del lado del Atlántico. Sin embargo, allí el sentimiento contra el canal es mucho más débil. Un líder local expresó su entusiasmo ante la compensación potencial por las propiedades.

“El 90 por ciento de la gente de aquí respalda el canal”, dijo Franklin Espinoza Cortez, fundador del pueblo. “Como nicaragüense, me siento orgulloso de este gran proyecto de obra pública”.

Vestido con una camiseta de color blanco, Espinoza Cortez habló sentado desde el porche de su casa rústica y expresó las esperanzas que tiene de obtener una buena compensación. Dijo que es dueño de un amplio bar con piso de cemento en la casa aledaña, con un techo corrugado de metal, y también de otras tres casas.

“No voy a aceptar menos de $400,000 por mis propiedades”, dijo Espinosa Cortez. Pareció perplejo cuando un visitante se sorprendió mucho al escuchar el precio.

“Es una posición para negociar. Quizás vale más, quizás menos”, dijo.

Cuando se le dijo que con semejante precio se podría comprar una hermosa casa en muchas ciudades de Estados Unidos, y que sus toscos edificios no podían ni compararse, Espinoza Cortez dijo que el concesionario debe tener en cuenta otros factores y considerar la belleza natural del pueblo, a pesar de los caminos escabrosos y llenos de fango y del deficiente servicio eléctrico.

“Aquí en Puerto Príncipe respiramos aire puro”, dijo. “No es como en Miami, que está contaminado por las enormes industrias que hay allí”.

Otro residente pasó por el lugar, Yira Morales Jackson. Cuando se le preguntó por el precio que pediría por su casa de cuatro dormitorios, contestó que $30,000, una cifra mucho más realista.

De hecho, ni siquiera es seguro de que la propiedad de Morales Jackson sería sujeta a una expropiación. Los mapas de esta región son primitivos, y el Grupo HKND no ha dado a conocer nada en concreto, salvo detalles generales de la ruta.

De cualquier modo, Espinoza Cortez y otros cinco líderes de Puerto Príncipe ya han planteado las condiciones para el reasentamiento, en tanto mantienen la esperanza de que sería como ganarse la lotería. Quieren que el nuevo pueblo se llame Nuevo Puerto Príncipe, y exigen que tenga calles pavimentadas, un centro de recreación, escuelas, una plaza de toros, un matadero, una terminal de autobús y servicio eléctrico las 24 horas del día.

El documento donde se mencionan las demandas, fechado el 25 de febrero, pide “un hospital pequeño y bien equipado, con médicos y suficientes medicinas para todo el pueblo, y una ambulancia permanente”.

En el documento, el comité dijo que los residentes sólo negociarán con agentes del gobierno nicaragüense, no del chino, y que deben recibir un precio de mercado, no un precio de propiedad bajo que aparece en los documentos.

“Tienen que pagarnos de inmediato la suma total y en efectivo”, dijo Espinoza Cortez, con una amplia sonrisa. “No queremos mensualidades”.

Esta historia fue publicada originalmente el 19 de junio de 2015, 6:54 p. m. with the headline "Canal en Nicaragua provoca rechazo entre quienes serían desplazados."