Antes aliado de la Contra, un nicaragüense influyente abraza a Ortega y cosecha recompensas

En su juventud, Osorno Cóleman Salomón dirigió un ejército guerrillero en la batalla contra las fuerzas del presidente nicaragüense Daniel Ortega durante la brutal guerra civil del país.

Decenios después, el ex comandante de las unidades indígenas que combatieron junto a los contras apoyados por la CIA dio un giro espectacular. Ahora, como diputado aliado con el Partido Sandinista de Ortega, Cóleman está presionando a su comunidad miskita para que trabaje con el gobierno, promoviendo una empresa de resina de pino llamada Vida Group International como vía de reconciliación.

“Queremos empleo, progreso y desarrollo, no violencia, no resentimientos del pasado, no odio entre hermanos”, escribió Cóleman en un mensaje de de Facebook de 2017 en el que promovía la recolección de resina como fuente de empleo para la comunidad y alababa su “alianza” con el gobierno de Ortega.

Pero la campaña de Cóleman a favor de la unidad quizá no sea lo que parece.

Una nueva investigación del Proyecto de Reporte de la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP) descubrió que el ex comandante guerrillero poseía secretamente una participación del 10% en Vida Group y podría haberse beneficiado ilegalmente de las incursiones de la compañía en tierras miskitas.

Altos funcionarios sandinistas han intervenido para facilitar las actividades de Vida Group, según la información de datos filtrados de la agencia forestal Inafor. Los correos electrónicos filtrados muestran que la vicepresidenta Rosario Murillo y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, intercedieron personalmente para autorizar las exportaciones de Vida Group durante un periodo crucial en que los envíos de la empresa se multiplicaron por más de cinco.

El giro de Cóleman ilustra cómo el régimen de Ortega ha echado mano al clientelismo para ampliar su poder en las regiones indígenas de Nicaragua. Por ley, estas zonas, que cubren al menos 31% del país, deben ser autónomas y las tierras controladas colectivamente por las autoridades comunitarias.

Pero los miskitos de los alrededores de Waspam, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), donde Cóleman se estableció como influyente político local antes de entrar en el Congreso como diputado nacional, dijeron a un reportero del OCCRP que visitó la zona que el Vida Group ha dejado un rastro de penurias y rabia.

Los lugareños dijeron que Cóleman había promovido a la empresa como una fuente de empleo para la comunidad. Pero lejos de ayudar, los trabajadores dicen que Vida Group les paga apenas lo suficiente para sobrevivir por recoger resina, que luego se envía al extranjero a más del doble de precio.

“Desde nuestra perspectiva, como indígenas sí valoramos a [Cóleman] como líder”, dijo Félix Osenes, que recoge resina para venderla a Vida Group. “Pero por su parte, él no nos tiene en cuenta. Para él no somos nada”.

Adrián Sierra, miembro del consejo del gobierno regional autónomo de la RACCN, dijo que Vida Group ha prosperado gracias a sus vínculos con el régimen de Ortega, al tiempo que ha pisoteado a la comunidad. “Siempre nos han manipulado y usado , aprovechando la crisis y las necesidades de las comunidades”, dijo.

Cóleman reconoció que alguna vez tuvo acciones de Vida Group, pero defendió su participación diciendo que quería dar empleo a las comunidades indígenas afectadas por la pobreza y negó haber obtenido algún beneficio. Dijo que había renunciado a la empresa hace varios años, pero cuando se le presionó para que diera detalles cambió su versión historia varias veces, dando diferentes fechas de cuando se apartó de ella.

“No he robado ni un peso a la comunidad”, dijo sobre las acusaciones de que sus acuerdos con el Vida Group y el Partido Sandinista eran impropios o corruptos. “Tengo las manos y la cara limpias”.

Sin embargo, no está claro cuánto durará el negocio de Vida Group, ya que los trabajadores dicen que los pinos que producen su resina están muriendo por el exceso de explotación. Se están “muriendo poco a poco”, dice Alcides Wilfred Martíez, antiguo recolector de resina del pueblo miskito de Koom.

“Algunos pinos se están muriendo y otros se están secando”.

Los enemigos se convierten en amigos

Algunos miskitos de la región llaman a Cóleman “cacique”, un término que suele usarse para designar a los jefes indígenas.

También se le conoce como Comandante Blas, un nombre de guerra que asumió después de convertirse en comandante durante la guerra civil de Nicaragua. En una autobiografía publicada en 2019, Cóleman describió haber tomado las armas después de ver con consternación cómo la revolución marxista que llevó a Ortega al poder se volvió contra su pueblo.

“La revolución sandinista estaba en curso de colisión con mi pueblo miskito”, escribió Cóleman. “Abandoné el enfoque pacífico de la lucha y me uní a las filas de la nueva guerrilla”.

El conflicto se debió en parte a los esfuerzos de los sandinistas por hacer que las comunidades indígenas de Nicaragua se asimilaran, usando programas como las campañas de alfabetización en español, dijo Mateo Jarquín, profesor de Historia de la Universidad Chapman en California. Las comunidades indígenas interpretaron esto “como si los sandinistas dijeran: ‘Ya no puedes ser indio’”, dijo Jarquín.

Como líder militar de las fuerzas de la contra miskita respaldadas por la CIA, Cóleman se relacionó con los principales líderes tanto de Estados Unidos como de Nicaragua. Entre otras cosas, se reunió con el entonces presidente George H.W. Bush, entabló negociaciones de alto nivel con los sandinistas y firmó un acuerdo de alto el fuego con la sucesora de Ortega, la presidenta Violeta Chamorro, en 1990.

De vuelta a la vida civil, Cóleman se graduó en Derecho en 1999 y se dedicó a la política. Mantuvo abiertamente su férrea oposición a Ortega y a los sandinistas, cuyas fuerzas habían perpetrado graves abusos contra los derechos humanos de los miskitos durante la guerra civil, y en 2006 formó parte de una delegación que viajó a Estados Unidos para presentar cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad contra el propio Ortega.

“La sangre derramada por nuestros indígenas no tiene precio”, dijo Cóleman a La Prensa en 2011. “Por eso nuestras comunidades odian a Daniel Ortega”.

Pero entre bastidores, las cosas empezaban a cambiar. Gustavo Nixon, juez que fue el segundo al mando de Cóleman durante la guerra civil, dijo que el ex guerrillero comenzó a trabajar estrechamente con las autoridades poco después de declararse la paz.

“Cuando llegamos a ese punto, nos abandonaron”, dijo Nixon al OCCRP. “Él era el único que trabajaba con el gobierno.... Ahora está bien posicionado, viviendo el estilo de vida de un diputado”.

En 2013, los medios de comunicación nacionales prosandinistas reportaron que el fiscal general de Nicaragua estaba investigando a Cóleman y a varios otros notarios y registradores por supuesta transferencia ilegal de tierras indígenas. Dos años más tarde, la fiscalía presentó una denuncia contra Cóleman y los demás ante la Corte Suprema, acusándolos de infringir las leyes destinadas a proteger los territorios que son propiedad comunal de las comunidades indígenas.

Cóleman dijo que las acusaciones nunca fueron probadas y que él no había infringido ninguna ley. El OCCRP trató de averiguar más sobre el supuesto acaparamiento de tierras a través de un grupo de derechos humanos nicaragüense en el exilio, pero el líder acababa de sobrevivir a un intento de asesinato y otros miembros estaban demasiado asustados para hablar.

Los cargos se anunciaron en 2015, el mismo año en que Vida Group fue fundada por James Webster Pitts, un ex jugador de béisbol profesional y activista independentista indígena que había estudiado Silvicultura. Webster también tenía conexiones políticas: Era miembro de un partido que dirigía Cóleman y al parecer era amigo del sandinista de alto rango Lumberto Campbell.

Dzung Nguyen, antiguo copropietario y tesorero del Vida Group, dijo que a Cóleman y a otro de los inversionistas se les ocurrió la idea de crear una empresa de resina de pino en un viaje en avión, y que luego trajeron a Webster. Dijo que Cóleman se encargaría de las “relaciones públicas” de la empresa, incluida la obtención de los permisos gubernamentales necesarios.

“Siempre que había un problema con Inafor, o con la obtención de permisos u obstáculos, James [Webster] acudía a Cóleman”, dijo Nguyen.

Ni Webster ni Campbell respondieron a las solicitudes de declaraciones. Cóleman dijo que había abogado por que el Vida Group consiguiera permisos del gobierno “para que las comunidades pudieran obtener empleos”, pero negó haber hecho algo malo. “No soy corrupto”, dijo.

En 2016, Cóleman había completado un notable giro político: se unió al Partido Sandinista. Según el acuerdo, Cóleman siguió siendo miembro de un partido indígena regional, pero se alió con los sandinistas para postularse al Congreso. En su momento, declaró al diario La Prensa que no era verdaderamente sandinista, sino que buscaba mejores beneficios para las comunidades indígenas.

Documentos vistos por el OCCRP, como actas notariadas de reuniones de accionistas, muestran que para octubre de 2017 Cóleman tenía una participación de 10% en Vida Group. Jorge Valladares, experto anticorrupción de Transparencia Internacional, dijo que esto infringía el artículo 130 de la Constitución de Nicaragua, que hace ilegal que cualquier persona en un cargo público obtenga concesiones, como aprobaciones gubernamentales para permisos, del Estado.

“No solo está prohibido, sino que la concesión o el permiso otorgado es nulo”, dijo Valladares.

Señaló que la forma en que está establecido Vida Group —donde los trabajadores cosechan la resina como contratistas y luego la venden a la empresa— significa que los permisos de exportación se conceden a la comunidad miskita, no a la propia empresa. Esto, dijo, puede ser un esfuerzo deliberado para eludir la ley que prohíbe a Cóleman recibir beneficios del Estado.

“Todo el esquema puede haber sido montado por la participación del diputado en esta empresa”, dijo.

En noviembre de 2017, cuando Cóleman ya tenía una participación en el Vida Group, escribió el mensaje en Facebook en que exhortaba a sus compañeros miskitos a dejar de lado el “odio entre hermanos” y abrazar la alianza con los sandinistas.

Auge en los negocios

Aunque Vida Group se fundó en 2015, su negocio despegó realmente cuatro años más tarde, después de encontrar un nuevo comprador para su resina de pino en Vietnam, que vende productos como el aceite de trementina de goma, que se usa para diluir las pinturas a base de aceite, y la colofonia de goma, que se puede usar para hacer pegamento.

Pero a mediados de 201, estas exportaciones se toparon con un obstáculo: Vida Group había solicitado permiso para enviar más resina de la permitida por el permiso de explotación forestal que había recibido de Inafor, la agencia forestal nacional.

Elizabeth Saravia, funcionaria de Inafor, informó a sus colegas en un correo electrónico el 11 de junio de 2019, que el equipo legal de Inafor no podía aprobar la solicitud, cuestionando cómo se permitió siquiera presentarla en primer lugar.

Una posterior solicitud de exportación del Vida Group, en agosto, fue tratada de forma muy diferente. Esta fue atendida personalmente por Porras, el presidente de la Asamblea Nacional, y la vicepresidenta Murillo, ambos sancionados por Estados Unidos por socavar la democracia en Nicaragua.

“Estimado camarada, solicito su autorización para la aprobación de las siguientes licencias de exportación”, escribió Porras a Murillo el 16 de agosto, enumerando dos solicitudes de exportación, que cubren 48,000 kilogramos (casi 106,000 libras) de resina de pino cada una, presentadas por Vida Group.

Menos de dos horas después, Murillo envió un correo electrónico para dar su aprobación.

Dos hojas de cálculo de los datos filtrados de Inafor muestran que las exportaciones de resina de pino de Vida Group se habían disparado recientemente, pasando de 322,000 kilogramos (algo menos de 710,000 libras) por valor de $257,600 en el primer semestre de 2018, a 1.8 millones de kilogramos (3.97 millones de libras) por valor de $1.49 millones en el primer semestre de 2019. El volumen de exportación aumentó en la segunda mitad del año, después del correo electrónico de aprobación de Murillo, alcanzando 1.85 millones de kilogramos , con un valor de $1.38 millones.

Vida Group fue, por mucho, el principal exportador de resina de pino en Nicaragua en 2019, según otra hoja de cálculo, con casi 90% de las exportaciones.

Nguyen dijo que cuando tenían problemas, los líderes de la compañía recurrían a Porras y a otro miembro del círculo íntimo de Ortega, el director del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, amigo de la infancia del fundador de la compañía.

“Asisto a unas tres reuniones con gente, incluyendo a Lumberto Campbell. ... En una reunión me encontré con un tipo llamado Gustavo Porras”, dijo a OCCRP.

“Para hacer negocios allí hay que tener contactos, si no, no pasa nada”.

Cóleman dijo que abogó por los permisos en nombre de la empresa para traer empleos a la comunidad, pero que no estaba involucrado en las finanzas de Vida Group.

Campbell y Porras no respondieron a las solicitudes de declaraciones. Murillo reconoció haber recibido preguntas de los periodistas, pero no respondió a ellas.

‘Graves violaciones de los derechos humanos’

Pero a medida que la actividad de Vida Group se disparaba, su relación con la comunidad miskita se agriaba.

El sistema de la empresa de pagar a los trabajadores por volumen obligó a los residentes a trabajar largas horas en malas condiciones, lo que provocó lesiones y enfermedades, según un reporte de 2019 del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua.

“La extracción de resina de pino por parte del Vida Group ha provocado graves violaciones de los derechos humanos en la población indígena en relación con los derechos laborales y otros derechos fundamentales”, concluyó el reporte.

Un trabajador mostró a un reportero del OCCRP cómo se cosecha la resina, cortando la corteza del árbol con un machete, para luego recoger el líquido pegajoso en bolsas de plástico. En las entrevistas realizadas en julio, muchos trabajadores del Vida Group se quejaron de los bajos precios que recibían por la resina —unos cuatro córdobas (alrededor de 0.11 dólares) por libra— y de tener que pagar el equipo necesario para cosecharla.

Los datos de la filtración del Inafor muestran que en 2019 Vida Group exportó resina a un precio promedio de 11.79 córdobas por libra, más del doble de lo que se pagaba a los trabajadores por su extracción.

“Al final, no tenemos nada. Nos quedamos con 200, 300 [córdobas] para llevar a casa”, dijo Wilfred, el ex trabajador de Vida Group.

Lamberto Chow, líder miskito de Waspam, dijo que Blas había promovido la empresa, pero que esta había hecho poco para ayudar a la comunidad. “Definitivamente, el pueblo no se está beneficiando, más bien está dañando los recursos naturales de nuestra zona”, dijo.

Los que se han opuesto a la empresa se han enfrentado a represalias.

En enero de 2017, la policía arrestó a un juez miskito cuya comunidad se había resistido a la entrada de Vida Group, según reportes de La Prensa y una investigación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una organización sin fines de lucro. Los miembros de la comunidad dijeron que el juez fue acusado por Cóleman y otros de incendiar los almacenes de resina de la empresa y cinco hectáreas de árboles.

Pero la investigación del grupo de derechos humanos no encontró pruebas de que se hubiera producido tal incendio.

Política y resina de pino

Vida Group no es la única empresa de resina de pino con conexiones políticas que opera en la RACCN.

Inafor también otorgó permisos de exportación a Resinera Export, S.A., operada por una de las familias más poderosas de la región y también tiene vínculos con los sandinistas. En 2019, la empresa envió 383,080 kilogramos de resina de pino, lo que la convierte en la segunda mayor exportadora, detrás de Vida Group.

El gerente de la empresa, Otis Plazaola Cunningham, es primo del coordinador de la región, Carlos Alemán Cunningham, y sobrino del alcalde de Waspam.

Juan Carlos Ocampo, líder de la comunidad miskita en la RACCN, estimó que los líderes de 90% de las comunidades indígenas de la región fueron cooptados por el régimen de Ortega o traídos por el gobierno en contra de los deseos de la mayoría. Estos líderes pueden entonces firmar proyectos mineros y forestales sin consultar a las comunidades locales. Por ley, los derechos sobre estas tierras indígenas y su explotación son comunitarios.

“Es una política de Estado” que “promueve los proyectos extractivos”, dijo Ocampo.

Pero el auge de la resina de pino quizá no sea eterno. Varios trabajadores del Vida Group y otras personas de la comunidad miskita dijeron al OCCRP que los pinos que producen la resina están muriendo por el exceso de explotación.

Cóleman, por su parte, continúa su carrera política de la mano de los sandinistas, postulándose a la reelección en noviembre en la lista de diputados de los aliados del Partido Sandinista. Ocampo dijo que el abrazo de Cóleman a los sandinistas casi garantiza su reelección.

“Osorno [Cóleman] es un ejemplo de la corrupción del sistema”, dijo Ocampo.

Nota del editor: Según el OCCRP, la filtración de datos que es la base de esta investigación consiste en miles de correos electrónicos, documentos y tablas de datos obtenidos de Inafor por el grupo de hackers Anonymous en mayo de 2020. En octubre, el gobierno de Nicaragua declaró ilegal la publicación de información clasificada, con penas de hasta 10 años de prisión. Los críticos dicen que la ley tiene como objetivo silenciar a la oposición a Daniel Ortega. El OCCRP cree que hay un interés público en entender cómo Inafor ha contribuido a la destrucción de algunos de los bosques más preciosos del mundo.

Esta historia fue publicada originalmente el 1 de noviembre de 2021, 6:00 p. m..