EEUU sanciona aliados de Ortega involucrados en fraude electoral de Nicaragua
Estados Unidos sancionó el lunes a la fiscalía de Nicaragua y a nueve funcionarios del régimen de Managua en respuesta al “fraude electoral orquestado” este mes por el gobernante Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, anunció el lunes el Departamento del Tesoro.
Al anunciar las sanciones, el gobierno estadounidense dijo que la fiscalía nicaragüense, conocida como Ministerio Público, se ha convertido en un instrumento cómplice en los esfuerzos de Ortega por destruir la democracia del país centroamericano.
Entre los sancionados también figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, José Adrián Chavarría Montenegro.
También fueron sancionados Rodolfo Francisco López Gutiérrez, director gerente del Distribuidor Eléctrico del Norte, DISNORTE, y el Distribuidor Electrico del Sur, DISSUR; José Antonio Castañeda Mendez, presidente del Instituto Nicaragüense de Energía; y Mohamed Farrara Lashtar, embajador nicaragüense para Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes.
Asimismo, las sanciones castigan a Sadrach Zeledon Rocha, alcalde de Matagalpa, a Leonidas Centeno Rivera, alcalde de Jinotega, y a Francisco Ramón, alcalde de Esteli.
Las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) en esencia congelan los activos que los ciudadanos nicaragüenses podrían tener bajo jurisdicción estadounidense.
Las sanciones buscan castigar a los cercanos aliados de Ortega involucrados en la represión de los derechos humanos y las libertades básicas de los nicaragüenses, dijo el departamento en un comunicado.
Algunas de las personas que ahora pasan a formar parte de la lista negra de la OFAC participaron en la represión y acciones violentas tomadas contra las manifestaciones pacíficas de Nicaragua del 2018, en las que cientos de personas murieron y miles resultaron heridas o encarceladas.
Pero en especial, las sanciones buscan castigar los últimos esfuerzos del régimen de Managua por utilizar el sistema judicial nicaragüense como instrumento de represión política.
“El régimen de Ortega está usando leyes e instituciones [del Estado] para encarcelar a miembros de la oposición y privar a los nicaragüenses del derecho al voto”, dijo Andrea Gacki, directora de la OFAC. “Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega, a la vicepresidenta Murillo y a su círculo íntimo de que apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamados a la reforma y al retorno a la democracia”.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Ortega y Murillo, aprobó en el último año un total de seis leyes que facilitaron la represión del régimen contra la oposición, eliminando así sus posibilidades de participar en las elecciones realizadas el 7 de noviembre.
Según el gobierno de Estados Unidos, Ortega y Murillo orquestaron una “pantomima electoral que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”.
“El injusto encarcelamiento de casi 40 figuras de la oposición, incluyendo a siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones”, dijo el Departamento del Tesoro.
Ortega se declaró ganador la semana pasada de las elecciones, abriéndose paso para su quinto período presidencial, pero los comicios son cuestionados por gran parte de la comunidad internacional.
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el viernes una resolución que declara que las elecciones “no fueron libres, justas o transparentes” por un margen de 25 votos a favor y siete abstenciones.
Esta historia fue publicada originalmente el 15 de noviembre de 2021, 1:07 p. m..
