EEUU y la OEA exigen que México esclarezca la desaparición de 43 estudiantes
Estados Unidos y la OEA se unieron este martes a los reclamos para que México esclarezca cuanto antes qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos luego de ser atacados y perseguidos por la policía y sicarios 10 días atrás.
Es un “crimen preocupante que demanda una investigación completa y transparente” para que los responsables sean llevados a la justicia, dijo la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jen Psaki.
También en Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se dijo “consternado” por este crimen que “enluta no solo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas”.
Antes, la oficina local de la ONU urgió a México a una búsqueda “efectiva” de los jóvenes, desaparecidos desde que fueron baleados la noche del 26 de septiembre por policías del municipio de Iguala (sur) y miembros del cartel local Guerreros Unidos, en un ataque conjunto.
El presidente Enrique Peña Nieto lanzó el lunes en Iguala un despliegue de centenares de policías y militares para capturar a todos los responsables y encontrar a los jóvenes, luego de que el fin de semana las autoridades hallaran fosas con 28 cadáveres aún no identificados, entre los que se cree que hay estudiantes.
La noche del ataque, los policías y sicarios dispararon en Iguala contra varios autobuses en los que viajaban estos estudiantes de magisterio, llamados normalistas por pertenecer a la Escuela Normal de Ayotzinapa, conocida por su combatividad y activismo.
Los jóvenes se habían apoderado de los autobuses en Iguala para así regresar a su escuela.
En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y se reportó la desaparición de 43 alumnos. Muchos de ellos fueron vistos por última vez en patrullas policiales.
Once días después del crimen, la gran pregunta sigue en el aire: ¿por qué la policía y los Guerreros Unidos atacaron a los estudiantes?
La información viene por cuenta gotas.
El fiscal general desplegó a unos 30 efectivos para escudriñar el caso, que podría ser una de las peores masacres desde que el gobierno lanzara su ofensiva militar contra el narcotráfico en el 2006.
Desde ese año ha habido más de 80, 000 asesinatos y 22,000 desaparecidos.
“Todavía no hay móvil establecido, se está compilando la información”, dijo a la AFP un oficial federal.
Medios mexicanos, citando un reporte de los servicios de inteligencia, señalan que el alcalde de Iguala, ahora prófugo, podría estar implicado en las desapariciones, así como su esposa María de los Angeles Pineda, presidenta local del instituto público de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El reporte, citado por el diario El Universal, dice que Pineda “ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública municipal” repeler a los estudiantes, temiendo que interrumpieran un discurso que tenía previsto aquel 26 de septiembre.
Según el documento, la llegada de la policía degeneró en enfrentamientos físicos y verbales con los estudiantes.
Así, el director policial habría ordenado a sus elementos detener a los estudiantes y, cuando estos tomaron los autobuses, los uniformados abrieron fuego matando a tres de ellos, siempre según el parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
El Universal señala que el CISEN acusa al alcalde, José Luis Abarca, y a su esposa de vínculos con el cartel de los Beltrán Leyva, del que algunos de sus integrantes se separaron hacia el 2010 para crear los Guerreros Unidos.
Un oficial de la Fiscalía General se negó a confirmar la autenticidad del reporte.
Algunos de los 28 cadáveres hallados en seis fosas clandestinas están incinerados y fragmentados, por lo que las identificaciones pueden durar varias semanas.
Las autoridades se niegan a afirmar que entre ellos hay estudiantes hasta que terminen los peritajes. Sin embargo, el criticado gobernador de la región de Guerrero, Angel Aguirre, reconoció que esa es una “posibilidad real” después de que se difundiera una confesión de dos sicarios de que habían asesinado a 17 estudiantes en el lugar de las fosas.
Los dos sicarios dijeron en su confesión que la orden de acudir al lugar donde estaban los estudiantes se la dio el director de Seguridad Pública mientras que la de capturarlos y asesinarlos fue de un criminal del que sólo se conoce el apodo de ‘El Chucky', un cabecilla de los Guerreros Unidos.
Los familiares se resisten a creer que sus hijos estén muertos y acusan a la Policía local de su desaparición.
“Queremos que nos los devuelvan, nos estamos muriendo”, confesó a la AFP uno de los padres.
Esta historia fue publicada originalmente el 7 de octubre de 2014, 8:06 p. m. with the headline "EEUU y la OEA exigen que México esclarezca la desaparición de 43 estudiantes."