América Latina, continente de gran peligro para los activistas, dice Freedom House
Los defensores de los derechos humanos (HRDS), personas abocadas a vigilar por la seguridad de la ciudadanía con frecuencia asumiendo un alto riesgo personal, no tienen quien los defienda en parte de América Latina, región cada vez más hostil para ellos, según un reporte de Freedom House.
De hecho, América Latina se convirtió en el 2020 en “el continente más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos, abarcando más de tres cuartos de todos los asesinatos de HRDS en todo el mundo”, señaló Freedom House en el informe Defendiendo a Los Activistas de Derechos Humanos y La Democracia en América Latina divulgado el jueves.
Y el mayor riesgo en ocasiones provienen del propio Estado en varios de los países contemplados, los cuales en vez de brindar protección y garantizar la seguridad de los activistas han terminado convirtiéndose en la principal fuente de las amenazas.
Entre los principales riesgos detectados, los activistas enfrentan la adopción de legislación que criminaliza el trabajo que realizan, actos de intimidación y de persecución y ataques físicos, resaltó el estudio.
El deterioro de los derechos humanos en la región “ha estimulado niveles sin precedentes” de migración y entre los desplazados se encuentran activistas de los derechos humanos y de la democracia, quienes se han visto obligados a abandonar sus países temiendo por sus vidas, dijo el informe.
El manejo regional de la pandemia, no obstante, ha restringido la movilidad de los desplazados, ya que condujo a cierres de fronteras y de vías, acción que acentuó las necesidades y precariedad de los desplazados al limitarles el acceso a los servicios y a la información.
El peligro para los activistas es mayor en Cuba, Venezuela y Nicaragua, países catalogados como “No Libres” por Freedom House y donde no existe un compromiso gubernamental para la protección de los HRDS.
Gerardo Berthin, vicepresidente del Programa Internacional de Freedom House, dijo a el Nuevo Herald que existe una clara relación entre la tendencia detectada y el incremento del autoritarismo en la región.
“Nuestra evaluación confirma que la región se está tornando cada vez más violenta y peligrosa para los defensores de los derechos humanos, en la medida que los principios democráticos se deterioran y los gobiernos autoritarios ejercen más control sobre sus poblaciones”, dijo Berthin.
El riesgo es menor en naciones con bases democráticas más sólidas, como en Costa Rica, país considerado por Freedom House como libre, e incluso en países considerados solo como parcialmente libres, como Colombia, mostrándose todos éstos más dispuestos a responder a las amenazas que enfrentan los activistas.
El estudio evaluó las condiciones de los activistas venezolanos, señalando que un número importante de ellos actualmente forman parte del éxodo de habitantes de ese país que abandonaron sus hogares para escapar de la represión del régimen de Nicolás Maduro y del colapso económico de la nación petrolera.
El informe coloca al número de exiliados y desplazados venezolanos en 5.6 millones, cerca de dos millones de los cuales han buscado refugio en la vecina Colombia.
Aun cuando se desconoce el número exacto de activistas venezolanos que actualmente se encuentran en Colombia, Freedom House entrevistó cerca de una veintena de ellos y una encuestas de otros 18 mostró una amplia diversidad de los defensores, entre los que se encuentran periodistas, representantes de medios independientes, integrantes de la sociedad civil, académicos y defensores de los derechos humanos.
Una situación similar fue detectada en Nicaragua luego que el régimen de Daniel Ortega incrementara la represión, forzando a decenas de miles de habitantes de ese país a abandonar el país. Entre los nuevos exiliados también se encuentran activistas que decidieron salir al ver que sus vidas corrían peligro o una reducción acelerada del espacio para realizar sus trabajo.
Muchos de los desplazados nicaragüenses han buscado refugio en Costa Rica, país que ya albergaba a 400,000 de ellos antes de que Ortega desatara la ola represiva en el 2018 para aplastar las protestas organizadas contra su régimen.
Pero aunque que están fuera del alcance de las dictaduras que les persiguen, los activistas que cruzan las fronteras están encontrando que sus problemas no han terminado.
“Incluso cuando pueden escapar, los defensores de los derechos humanos en América Latina siguen enfrentando la posibilidad de que sus solicitudes de asilo sean negada o de que sean deportados a sus países de origen, donde ellos podrían enfrentar persecución o la muerte”, dijo Berthin.
Agregó que los activistas de América Latina no están recibiendo la debida protección de las entidades de gobierno encargadas de protegerlos.
Esta historia fue publicada originalmente el 3 de febrero de 2022, 8:00 a. m..