CIDH saludó posición del presidente de Guatemala ante proyecto de ley que endurecía penas por aborto
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró positivo el anuncio de veto del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a un polémico proyecto de ley aprobado por el Congreso que castigaría severamente a las mujeres que aborten y que luego fue archivo por los legisladores.
La CIDH expresó preocupación con la aprobación del proyecto de ley “Protección de la vida y la familia” en el Congreso el pasado 8 de marzo justo cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer.
“Guatemala informó a la CIDH que el Presidente de la República indicó que, de recibir en su despacho el proyecto aprobado, este sería vetado ante su posible incompatibilidad con la Constitución Política y las obligaciones internacionales del Estado. Asimismo, el Estado informó que la Presidenta del Congreso de la República anunció el interés del Congreso de archivar el proyecto”, dijo el organismo interamericano.
Giammattei se desmarcó de la ley diciendo el pasado 11 de marzo que “me he comunicado con la presidenta del Organismo Legislativo para que el Congreso de la República mande a archivar esta ley y en caso contrario, he decidido que, si esa ley llega a mi despacho, la misma será vetada”.
El Congreso decidió el martes archivar el proyecto de ley: “El Pleno del Congreso de la República de Guatemala acepta las observaciones al decreto y se traslada al archivo”.
Desde 2017, la CIDH advirtió sobre la naturaleza y efectos discriminatorios de la iniciativa “Protección de la vida y la familia” debido a que incrementaba las sanciones contra las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo, el personal médico que las asistiera y todas las personas que apoyaran la práctica.
También establecía la obligación del personal médico de presentar informes sobre abortos espontáneos, lo cual generaba riesgo de criminalización por emergencias obstétricas, dijo la CIDH.
“La criminalización absoluta de la interrupción del embarazo, como en casos de peligro de la vida o salud de la gestante, inviabilidad del feto o embarazo producto de violación o incesto, impone una carga desproporcionada sobre el ejercicio de derechos de las mujeres”, destacó la CIDH.
La ley prohibía también el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la unión libre entre personas del mismo sexo.
Enfatizó que el proyecto desconocía los principios de igualdad y no-discriminación -esenciales para el derecho internacional de los derechos humanos- que incluyen el deber de reconocer el derecho al matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias diversas.
Y también obstaculizaba el acceso a la educación sexual integral de niñas, niños y adolescentes, además de prohibir la enseñanza pública o privada con una perspectiva de aceptación de la diversidad. Este proyecto indica que la libertad de expresión y conciencia implica “no estar obligado a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales”, lo que autoriza la discriminación contra personas LGBTI, de acuerdo con el organismo.
La CIDH y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han afirmado que la educación sexual integral es fundamental para la construcción de sociedades más inclusivas y para la eliminación de prácticas discriminatorias y su ausencia afecta negativamente a la sociedad en su conjunto.
Al respecto, Guatemala en su respuesta informó que existen políticas nacionales dirigidas a garantizar la educación y desarrollo humano de las mujeres.
La CIDH llamó al Estado de Guatemala a continuar adoptando medidas específicas para erradicar prácticas discriminatorias contra mujeres y personas LGBTI que se basen en los “nocivos estereotipos de género”.
Esta historia fue publicada originalmente el 16 de marzo de 2022, 4:15 p. m..
