América Latina

Tribunal del Banco Mundial ordena a Venezuela compensar a Exxon Mobil


Exxon Mobil emprendió a finales del 2007 acciones legales contra PDVSA luego de que el gobierno de Venezuela nacionalizó activos que tenía la compañía estadounidense en la faja oriental del Orinoco.
Exxon Mobil emprendió a finales del 2007 acciones legales contra PDVSA luego de que el gobierno de Venezuela nacionalizó activos que tenía la compañía estadounidense en la faja oriental del Orinoco. AP

Un tribunal arbitral ordenó el jueves al gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro compensar con $1,600 millones a la empresa Exxon Mobil por la expropiación de sus instalaciones en el 2007.

El portavoz de Exxon David Eglinton dijo en un comunicado que la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un ente adscrito al Banco Mundial, confirma que “el gobierno venezolano no brindó una compensación justa por los bienes expropiados”.

The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana en Washington y a la petrolera estatal PDVSA en Caracas sin obtenerlos de inmediato.

El CIADI ordenó a Caracas pagar $1,400 millones por la expropiación de sus inversiones en el proyecto Cerro Negro.

Además estableció una compensación de $9 millones por las restricciones a la producción y exportación impuestas en ese proyecto en el 2006 y el 2007 y $179 millones adicionales por la expropiación de sus inversiones en el proyecto La Ceiba.

Exxon Mobil emprendió a finales del 2007 acciones legales contra la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) luego que el gobierno venezolano nacionalizó ese año unos activos que tenía la compañía estadounidense en la faja oriental del Orinoco.

La gigante estadounidense, con sede en Irving, Texas, acudió a tribunales de Inglaterra, Holanda y Estados Unidos para tratar de lograr una indemnización por sus activos. Las medidas de Exxon Mobil fueron consideradas en ese momento por el gobierno venezolano como “terrorismo judicial”.

Exxon Mobil acudió a instancias internacionales buscando la compensación por sus activos en la faja oriental del Orinoco, que fueron nacionalizados en el 2007, y para demandar a Venezuela por los aumentos de regalías –impuesto de extracción– y otros tributos que comenzó a aplicar el gobierno a partir del 2004.

En el 2008, Exxon Mobil sufrió un revés judicial cuando un tribunal de Londres desestimó la solicitud de congelación de bienes por $12,000 millones de PDVSA.

La Cámara de Comercio Internacional acordó en diciembre del 2011 que la petrolera estatal venezolana debía compensar a Exxon Mobil con $907.58 millones de dólares por los activos que le fueron nacionalizados en el 2007.

Los venezolanos informaron en esa oportunidad que de la suma descontaría $652 millones por obligaciones pendientes por préstamos y sumas congeladas como parte del litigio.

Tras el fallo de la Cámara, el exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, descartó que Venezuela pudiese reconocer alguna compensación económica para la firma estadounidense que pudiese acordar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.

Venezuela denunció el tratado del CIADI el 26 de enero del 2012 y se desvinculó definitivamente del convenio seis meses después.

Según el Centro, Venezuela actualmente enfrenta más de 20 procesos y demandas de arbitraje.

Por otra parte, varios senadores estadounidenses urgieron el jueves al secretario de Estado, John Kerry, a que “lidere un esfuerzo diplomático” que impida que Venezuela obtenga un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde aspira a ser miembro no permanente en sustitución de Argentina.

“Además del desdén dialéctico mostrado por el presidente Nicolás Maduro hacia Naciones Unidas, las acciones de su gobierno, en la ONU y en el país, están en contra de los principios fundacionales y las normas de la Carta de las Naciones Unidas”, escribieron los senadores en una misiva.

Entre esos principios, citaron “la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos”.

“El ingreso de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU constituiría un duro golpe para EEUU y para Naciones Unidas, en un momento en el que tenemos que colaborar para hacer frente a los desafíos más apremiantes del mundo”, agregaron los legisladores.

El grupo de senadores, integrado por los republicanos Marco Rubio (Florida), Mark Kirk (Illinois) y John McCain (Arizona); y por los demócratas Robert Menéndez (Nueva Jersey), Richard Durbin (Illinois) y Bill Nelson (Florida), recordaron a Kerry las posturas tomadas por Caracas ante el organismo internacional.

“En las Naciones Unidas, la Administración de Maduro ha colaborado con un grupo extremo de gobiernos autocráticos en los asuntos más críticos de nuestra era”, advierten, antes de recordar que el gobierno venezolano se ha negado denunciar los actos de violencia cometidos por Siria.

Los legisladores también aseguran a Kerry que el gobierno venezolano “está trabajando deliberadamente para socavar los compromisos democráticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

La secretaria de Estado adjunta de EEUU para Latinoamérica, Roberta Jacobson, se limitó a indicar en la Asamblea General de la ONU el mes pasado que los integrantes del Consejo de Seguridad deben ser “países que implementen y cumplan los compromisos, los tratados, las reglas y regulaciones de las Naciones Unidas”.

El Consejo de Seguridad se compone de cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido), que tienen poder de veto, y de 10 no permanentes, que son elegidos para dos años.

Junto al puesto que dejará libre Argentina, se votarán en octubre otros cuatro, de los que uno corresponde a África, otro a Asia-Pacífico y dos al grupo conocido como Europa Occidental y Otros.

Venezuela ha formado parte del Consejo de Seguridad en cuatro periodos distintos desde su creación, el primero en los años 1962 y 1963, y el último entre 1992 y 1993.

En el 2006, el país sudamericano llevó a cabo una importante campaña para regresar al órgano, compitiendo por un puesto con Guatemala, con quien protagonizó una prolongada disputa sin que ninguno lograra los votos suficientes para salir elegido.

Esta historia fue publicada originalmente el 9 de octubre de 2014, 8:31 p. m. with the headline "Tribunal del Banco Mundial ordena a Venezuela compensar a Exxon Mobil."

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