CIDH repudia que régimen de Nicaragua convirtiera a ex presos políticos en apátridas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la deportación y privación arbitraria de la nacionalidad de más de 200 presos políticos de Nicaragua que fueron excarcelados recientemente y urgió al régimen de ese país a derogar una ley aprobada de manera expedita que regula ese derecho.
El organismo reconoció que la excarcelación pone fin a años de “encierro arbitrario” de estas personas, bajo condiciones “deplorables de detención”, por ser consideradas opositoras al régimen de Daniel Ortega, por ejercer legítimamente las libertades de expresión, reunión y asociación, así como la defensa de los derechos humanos.
Pero dijo que “repudia que estas excarcelaciones hayan venido aparejadas de la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, con lo cual la mayoría de las 222 personas liberadas estarían en situación de apatridia”.
Ante esta situación, urgió a Nicaragua a garantizar el pleno acceso y goce del derecho a la nacionalidad, así como adoptar medidas para prevenir y erradicar la apatridia, para lo cual hizo un llamado al Estado a derogar “las recientes modificaciones legislativas contrarias a los estándares internacionales e interamericanos sobre la materia”.
Los 222 presos políticos fueron despojados de su nacionalidad el viernes pasado tras ser excarcelados y expulsados a Estados Unidos el 9 de febrero.
Ese mismo jueves la Asamblea Nacional aprobó reformas al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua mediante las cuales se establece que la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán regulados por las leyes y que “los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”.
El Tribunal de Apelaciones de Managua emitió la sentencia basado a la ley especial 1145 que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense aprobada de forma expedita.
La CIDH enfatizó que la Convención Americana consagra el derecho a la nacionalidad y establece expresamente una garantía contra su privación arbitraria y los principios interamericanos sobre los derechos de los migrantes establecen que toda persona tiene un derecho inderogable a tener una nacionalidad y no ser apátrida, a conservar su nacionalidad, no pudiendo denegarse, perder o ser privada arbitrariamente de ella.
También instó a los Estados de la región a adoptar o fortalecer los mecanismos de cooperación regional y de responsabilidad compartida que permitan atender y reconocer a las personas apátridas y consecuentemente, otorgarles la protección especial que requieren, garantizando el acceso a los territorios y procesos para brindar protección internacional, e implementar acciones de inclusión social sin discriminación, en favor de estas personas.
La CIDH dijo que a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua - MESENI seguirá de cerca la situación de derechos humanos de las 222 personas liberadas y pidió al régimen de Ortega la liberación de todas las personas “detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis en Nicaragua, sin que ello implique la pérdida de nacionalidad y la deportación”.
Esta historia fue publicada originalmente el 14 de febrero de 2023, 3:42 p. m..
