Estos disidentes ya habían salido de Nicaragua. Aun así, Ortega quiso arremeter contra ellos
Humberto Belli, ex ministro de educación de Nicaragua y hermano de la aclamada escritora Gioconda Belli, pensó que había dejado atrás la opresión cuando huyó de su país natal en junio de 2021 tras anticipar acertadamente que el régimen de Daniel Ortega estaba a punto de arrestarlo.
Pero aunque ahora vive a 1,000 millas de distancia en Miami, Belli, de 77 años, descubrió que el régimen tiene un largo alcance: estuvo entre los 94 nicaragüenses, la mayoría en el exilio, declarados enemigos del Estado por un juez de Ortega y despojados de sus ciudadanías y propiedades en la nación centroamericana.
“Esta es una aberración jurídica monumental”, dijo Belli al Miami Herald. “Para que a ti te sentencien de cometer un delito, primero tienen que darte el derecho a la defensa, tiene que haber un juicio y aquí no ha existido ningún juicio. No nos han llamado a defendernos, no nos han manifestado las pruebas de nuestro delito. Sencillamente los jueces de repente nos tienen una sentencia con unas penas durísimas, de perder todos nuestros bienes y de perder nuestra nacionalidad, súbitamente”.
Firmado por el juez de la Corte de Apelaciones Ernesto Rodríguez Mejía, el fallo anunciado el miércoles declaró traidores a los 94 disidentes políticos, incluyendo a Belli y a su hermana, Gioconda, así como al también escritor nicaragüense Sergio Ramírez.
La lista también incluye a la activista de derechos civiles Vilma Núñez, el e xcomandante rebelde sandinista Luis Carrión, el periodista Carlos Fernando Chamorro y Eddy Acevedo, jefe de personal del Centro Wilson en Washington y ex asesor principal de política exterior de la ex representante republicana de Florida Ileana Ros-Lehtinen.
Alegando estar actuando en nombre de la “paz social” y de la “independencia, soberanía y del derecho a la libre determinación” de Nicaragua, el fallo declara a los acusados prófugos de la justicia y ordena la incautación de todos los bienes inmuebles y participaciones en empresas privadas que puedan tener en Nicaragua.
Belli dijo que no tenía grandes propiedades en Nicaragua, pero enfatizó la gran injusticia del fallo. “Si, todos tenemos alguna que otra cosa. No mucho, pues. Pero lo que sea, y por muy poco que sea, están robando de una forma totalmente arbitraria”.
El ex ministro de Educación durante la presidencia de Violeta Chamorro, Belli dijo que se vio obligado a salir de Nicaragua en 2021, creyendo entonces que estaba a punto de convertirse en el próximo preso político del país después que el régimen declarara que el centro de investigaciones del que era miembro, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), estaba involucrado en lavado de dinero.
El régimen procedió entonces a congelar las cuentas de todos los directores de FUNIDES, incluyendo las de Belli. “Al ver eso, pensé que me iban a arrestar, como efectivamente quisieron hacerlo. Me fui de Nicaragua de alguna forma ilegal, clandestina, y a los días llegaron a mi casa a arrestarme”.
El fallo de la corte contra los disidentes fue anunciado una semana después que Ortega liberara inesperadamente a 222 presos políticos y los enviara al exilio en Estados Unidos. Entre ellos figuraban varios aspirantes a la presidencia a quienes había arrestado en el 2021 para que no pudieran competir contra él en las elecciones de ese mismo año.
Al igual que los 94 disidentes recién sancionados, los ex presos políticos fueron despojados de su ciudadanía y declarados enemigos del Estado. Fueron trasladados a Washington el 9 de febrero y recibieron libertad condicional de inmigración por razones humanitarias.
La liberación de los 222 presos políticos sacó de las cárceles del régimen a la mayor parte de los presos políticos de Nicaragua, que anteriormente se habían estimado en 245. Pero los activistas en Miami dijeron que tienen pocas esperanzas de que el régimen esté considerando poner fin a su extenso historial de violaciones de derechos humanos.
En todo caso, alentaría al régimen a salir y a arrestar a más disidentes que luego se convertirían en nuevas fichas de negociación en las conversaciones con Washington, dijo Muñeca Fuentes, presidenta de la Alianza Republicana Nicaragüense Estadounidense.
Las cárceles de Ortega son una puerta giratoria, donde los que salen son de inmediato reemplazados por otros que pasan a convertirse también en fichas de canje, explicó.
Ya hay indicios de que eso está por ocurrir, agregó Fuentes. El martes, agentes nicaragüenses detuvieron a cuatro sacerdotes. Fueron puestos en libertad, pero les dijeron que si continuaban denunciando el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, pronto estarían acompañandole en la prisión.
Álvarez, quien enfrenta una sentencia de 26 años por traición a la patria, también estaba en la lista de los presos políticos a ser liberados la semana pasada, pero él se negó a aceptar la medida que lo enviaría al exilio.
