Amnistía Internacional lanza una grave alerta sobre la “violencia” del Estado salvadoreño
Amnistía Internacional (AI) alertó que la “violencia estatal” que aseguró ejerce el gobierno de El Salvador en el contexto del régimen de excepción implementado para combatir a la delincuencia está sustituyendo gradualmente a la violencia de las pandillas.
La organización hizo la advertencia este martes al presentar su informe “Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador” en el que enfatizó que ese país centroamericano está experimentando una “alarmante regresión” en el respeto y la protección de los derechos humanos.
De acuerdo al análisis de las bases de datos de organizaciones de sociedad civil a las que AI tuvo acceso, las víctimas de detenciones arbitrarias comparten tres características socioeconómicas: un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas.
“Estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas. Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció el lunes que su gobierno llegó a 500 días sin homicidios citando cifras de la Policía Nacional Civil que detalló que desde el 01 de junio de 2019 hasta el 3 de diciembre de 2023, no se han registrado homicidios.
Según la Asamblea Nacional, desde la implementación del régimen de excepción, las autoridades han registrado la captura de más de 73,000 personas con vínculos delincuenciales, de estas 1,100 son cabecillas de pandillas; se han incautado más de 3,000 armas y más de 12 toneladas de drogas.
El informe de la AI, basado en tres misiones de investigación y 83 entrevistas, documentó lo que calificó como la instalación de un contexto “marcado por la profundización de un enfoque punitivo y represivo” en seguridad pública, la adopción de un marco legal que pone en riesgo el debido proceso y el uso sistemático de la tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en centros penales.
“Bajo el derecho internacional de derechos humanos, la prohibición absoluta de tortura y otros malos tratos y del principio de legalidad nunca pueden ser suspendidos, incluso en una situación excepcional”, se enfatizó en el reporte.
La organización también informó que verificó la prevalencia de factores que incrementan la situación de indefensión de las personas, como el debilitamiento de la independencia del poder judicial; el uso indebido del proceso penal; el ocultamiento de información pública y la ineficiencia de los mecanismos de rendición de cuentas e investigación frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales.
“El deterioro en la garantía de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador durante los últimos años es sumamente preocupante. La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno”, dijo Piquer en un comunicado.
Hasta octubre de 2023, movimientos de víctimas y organizaciones de derechos humanos locales registraban más de 73,800 detenciones y 327 casos de desapariciones forzadas.
También aproximadamente 102,000 personas están en la cárcel, “lo que coloca a El Salvador como el país con la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial”, y una situación de hacinamiento carcelario del 236% aproximadamente, y más de 190 muertes bajo custodia del estatal, dijo AI.
Esta historia fue publicada originalmente el 5 de diciembre de 2023, 3:11 p. m..
