Filtración permite vislumbrar el oculto mundo de las entregas ‘controladas’ de drogas

Un gran camión cargado de sacos de papas entra en un almacén de la ciudad portuaria colombiana de Cartagena a finales de octubre de 2019. Una vez dentro, dos hombres descargan la verdadera carga: 700 kilos de cocaína.

Entregan la droga a un socio de confianza que ha decidido transportarla a España. Él hace lo prometido... pero en un vuelo comercial de Iberia vigilado por la DEA.

Este tipo de operación, detallada en archivos filtrados de la fiscalía colombiana, se conoce como “entrega controlada internacional”.

Se trata de una práctica que las fuerzas de seguridad extranjeras, como la DEA, han usado en colaboración con las autoridades colombianas para infiltrar bandas criminales con el fin de obtener información sobre sus movimientos y, en última instancia, hacer arrestos.

El programa está sujeto a revisión judicial en Colombia, y dos ex agentes de la DEA dijeron al Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) que la agencia se adhiere a protocolos estrictos en la realización de las entregas. Pero activistas de la transparencia afirmaron que el secretismo del programa plantea dudas sobre la supervisión, especialmente desde que las autoridades han descubierto graves problemas de corrupción en programas similares gestionados por la DEA.

Tom Devine, director jurídico del Government Accountability Project, un grupo activista con sede en Washington DC, dijo que la DEA debería poner en marcha un proceso de revisión externo sobre el uso de las entregas controladas internacionales para garantizar que están protegidas contra los abusos.

“No habrá rendición de cuentas a menos que se establezca una”, dijo Devine, cuyo grupo representa a denunciantes, incluidos agentes de la DEA que han sido castigados por denunciar casos de corrupción.

En el caso de Cartagena, las drogas fueron recibidas por un agente colombiano encubierto y enviadas a un laboratorio para su análisis, tras lo cual fueron transferidas a agentes de la DEA que organizaron el vuelo a España, según un informe de campo de la entrega incluido en los documentos filtrados. Ahí, en lo que parecía ser la misma operación, la policía local arrestó a tres personas que llegaron a recoger la entrega en un estacionamiento a las afueras de Madrid.

La DEA rara vez detalla el uso que hace de las entregas controladas internacionales en sus comunicados de prensa u otros informes públicos. Reporteros no pudieron encontrar ningún registro publicado de estadísticas sobre esta práctica, y la agencia no respondió a preguntas sobre el programa.

Pero una filtración masiva de millones de correos electrónicos de la fiscalía colombiana ofrece detalles poco comunes sobre el funcionamiento interno y el alcance del programa en ese país. Al rastrear los datos filtrados, los reporteros encontraron al menos 92 solicitudes individuales hechas al poder judicial de Colombia —que debe autorizar partes de las operaciones— para que aprobara entregas controladas de drogas entre 2017 y 2022. La gran mayoría fueron presentadas por agencias policiales estadounidenses, principalmente la DEA, pero también hubo solicitudes de autoridades de España, Francia, Países Bajos, Inglaterra y Australia.

En total, la justicia colombiana dio luz verde al uso de hasta $38.7 millones y 44 toneladas de cocaína para este tipo de operaciones durante el período de cinco años. Los reporteros encontraron pruebas de que al menos dos tercios de las solicitudes fueron aprobadas y no descubrieron documentación de ningún rechazo. Los fiscales colombianos se negaron a facilitar estadísticas o cualquier otra información sobre el programa.

El proyecto —dirigido por el OCCRP en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística— comenzó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana, que fueron compartidos con medios de comunicación de todo el mundo.

Los reporteros examinaron y corroboraron el material con cientos de otros documentos, bases de datos y entrevistas.

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Luis Moreno, un funcionario retirado del Departamento de Estado que dirigió la oficina de control de narcóticos en Bogotá, dijo al OCCRP que los detalles de las operaciones no se hicieron públicas en documentos judiciales o comunicados de prensa porque eso podía poner en riesgo la vida de los agentes o informantes.

“Por la naturaleza misma de la operación, porque se está jugando con la vida de las personas, el secreto es de suma importancia”, dijo Moreno. Pero reconoció que la falta de transparencia puede dar lugar a abusos: “Ese mismo secretismo que se necesita para llevar a cabo la operación también favorece que la gente haga cosas malas”.

Desde 2000, Colombia ha recibido unos $13,000 millones de asistencia estadounidense en el marco de la llamada “guerra contra las drogas”. Pero los esfuerzos no han logrado frenar el flujo de drogas y Colombia sigue siendo el principal productor mundial, gran parte de la cual se destina al consumo en Estados Unidos.

Aunque casi no hay información disponible públicamente sobre entregas controladas, varios casos de alto perfil han revelado corrupción en operaciones antinarcóticos similares apoyadas por la DEA en Colombia. En febrero, el jefe de la unidad de confiscación de activos de Colombia, una institución clave en sus esfuerzos antinarcóticos, fue arrestado por cargos de corrupción.

Tres presuntos cómplices, que eran miembros de las “Unidades de Investigación Sensible” financiadas por la DEA —unidades de élite que suelen participar en la realización de las entregas— fueron acusados por la fiscalía de extorsionar “elevadas sumas de dinero” para evitar que los sospechosos fueran extraditados a Estados Unidos. El ex jefe de la unidad de confiscación de bienes fue condenado en octubre. El estado de la causa contra los demás no está claro.

Cómo funciona

Los documentos filtrados dan una idea poco frecuente de cómo funcionan en la práctica las entregas controladas.

En primer lugar, la DEA, u otro socio extranjero, informa a los fiscales colombianos en una carta formal sobre su conocimiento de un grupo delictivo transnacional. A continuación, solicitan la ayuda de un agente encubierto colombiano que se haga pasar por traficante, así como permiso para obtener y transportar las drogas del grupo con el objetivo de obtener información sobre su estructura y conseguir evidencia contra sus miembros. Piden cantidades concretas de droga y dinero y la operación suele fijarse para un período de un año.

Los fiscales presentan la solicitud ante un juez colombiano especial, que acompaña el caso y puede autorizar escuchas telefónicas y la entrada en viviendas y oficinas.

Una vez asegurada la droga, con frecuencia con la ayuda de un informante que trabaja con la DEA,, el contrabando puede ser transportado al extranjero, a menudo por la DEA o a sus agentes en países extranjeros, con el objetivo de investigar y arrestar a los receptores.

Usando un lenguaje casi idéntico, muchas de las solicitudes de los documentos filtrados pedían autorización para usar la misma amplia variedad de fondos y sustancias: 200 kilogramos de cocaína, cinco kilogramos de heroína, 20 kilogramos de metanfetamina, 20 kilogramos de drogas sintéticas y $2 millones en efectivo de origen ilícito.

En una solicitud de febrero de 2022, el representante del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Bogotá pidió permiso para una operación en la que las “sustancias incautadas” podían usarse como evidencia para una investigación, llevada a cabo en Nueva Jersey, sobre una organización que presuntamente traficaba drogas de Colombia a Estados Unidos.

En la operación, los agentes encubiertos se ganarían la confianza de la organización y se comprometerían a transportar sus drogas desde Colombia a Estados Unidos, República Dominicana o México, cualquiera que fuera el lugar “establecido por la organización para la entrega”, explica la solicitud.

Después de someterse a pruebas de laboratorio para verificar su autenticidad, las drogas se transportarían en un avión comercial o en un avión controlado por la Embajada de Estados Unidos, decía. Los documentos revisados por los reporteros no dejaban claro el resultado de la operación.

Algunas peticiones eran más escuetas en detalles. Una petición del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos decía que los agentes encubiertos “coordinarían la logística para el transporte de la sustancia estupefaciente vía (vuelos de carga o de pasajeros), terrestre (usando autobuses, autos o camiones de carga) o fluvial (con lanchas, lanchas rápidas o yates) a Paraguay, Bolivia, Brasil, Honduras, República Dominicana, Bahamas, España, México y Estados Unidos”.

Era tan amplia que potencialmente abarcaba casi cualquier lugar del continente americano y casi cualquier forma de transporte.

Irregularidades operativas

Otros documentos contenían más detalles, y registros de irregularidades en las operaciones. En noviembre de 2020, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en San Diego solicitó permiso a la fiscalía colombiana para transportar un lote de cocaína a Toronto.

Como preparación, dos agentes colombianos guardaron casi 100 kilos de cocaína, aproximadamente el peso de un refrigerador, almacenados en su oficina sin seguridad.

Este incidente aparece en un documento dirigido al director de la oficina especializada antinarcóticos de la fiscalía colombiana, en el que los dos agentes colombianos son interrogados por sus colegas a través del correo electrónico sobre cómo la droga acabó almacenada indebidamente.

Estos dos agentes, según el documento, participaron en al menos 37 operaciones de entregas controladas vinculadas a este caso, que acabaron con la incautación de cientos de miles de dólares y nueve arrestos en el extranjero.

Pero en el documento de abril de 2021 dirigido al director antidroga, se mostraba a la pareja siendo interrogada sobre infracciones de las normas. Posteriormente, fueron condenados penalmente por falsificación de documentos, aunque están impugnando la sentencia.

Un ex agente de la DEA con experiencia internacional, que habló con el OCCRP bajo condición de anonimato, puso de relieve una irregularidad en la documentación presentada para otra operación en la que un agente recibió fondos de un grupo criminal destinados a financiar actividades de narcotráfico. El expediente incluye un recibo manuscrito del agente colombiano a la DEA en el que se documenta el efectivo recibido.

“Bolsa conteniendo cantidad indeterminada de moneda a granel”, dice la nota en un impreso de recibo, en el que se añade que incluye billetes en pesos colombianos y euros europeos que posteriormente habría que sumar.

El ex agente de la DEA señaló que al documento le faltaba la firma del agente.

“Eso es una señal de alarma”, dijo, y explicó que la entrega de dinero o drogas requiere dos firmas, la de un agente y la de un testigo, para evitar robos y corrupción.

Un agente de la DEA recientemente jubilado que trabajó en entregas controladas subrayó que la agencia lleva “un montón de registros internos” de esta práctica.

El trabajo rara vez se hace público, añadió, porque en la mayoría de los casos está implicado un “individuo colaborador”, es decir, un informante que forma parte de la organización y enfrenta cargos.

Un segundo agente retirado de la DEA dijo que estos riesgos hacen que el proceso requiera una estricta confidencialidad, sobre todo porque el informante puede seguir colaborando con la DEA.

“Estás poniendo todos estos pasos diferentes para aislar al informante”, dijo el segundo agente retirado. “Por eso casi nunca sale a la luz que, ‘Oh, Dios mío, esto fue completamente orquestado por el gobierno, y teníamos un informante que cooperaba’”.

Supervisión del programa

Varios de los casos analizados por los reporteros dieron lugar a encausamientos, extradiciones y condenas, lo que sugiere que la táctica puede ser eficaz.

Pero los riesgos de otros programas secretos que implican grandes transferencias de dinero y contrabando pueden ser elevados, como demostró en otro caso la condena del agente de la DEA José Irizarry, quien a finales del año pasado empezó a cumplir una sentencia de 12 años de prisión por sustraer millones de dólares de operaciones controladas de lavado de dinero. Aunque similares en algunos aspectos a las entregas controladas, las operaciones no estaban directamente relacionadas.

En una entrevista concedida a Associated Press en diciembre de 2022, Irizarry declaró que el encausamiento “me retrata a mí, el agente corrupto que llevó a cabo toda esta trama. Pero no habla del resto de la DEA. Yo no fui el cerebro”.

En Colombia, la práctica de la entrega controlada se rige por una ley de 2004 que exige que las operaciones estén acompañadas por un juez especializado y hace un seguimiento del desarrollo de la operación. Los registros filtrados muestran que los agentes colombianos están obligados a mantener la documentación de la cadena de custodia.

Los agentes encubiertos también están obligados a ir acompañados de un “agente de control”, que supervisa la operación, según los documentos de autorización encontrados en la filtración.

La DEA no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la supervisión que se ejerce en Estados Unidos.

Este artículo es parte de NarcoFiles: El nuevo orden criminal, una investigación transnacional sobre el crimen organizado moderno y quienes lo combaten.

La investigación fue proporcionada por OCCRP ID. Antonio Baquero, Daniela Castro, Lilia Saúl Rodríguez, Brian Fitzpatrick y Aubrey Belford contribuyeron reportaando.