Comisión de Derechos Humanos en México cuestiona la versión oficial sobre 43 estudiantes desaparecidos
La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el jueves un documento en el que denuncia fallos, omisiones y cuestiona la versión oficial sobre la desaparición de 43 estudiantes en septiembre del 2014 en el estado sureño de Guerrero.
Dijo que se trata de “el más grave conjunto de violaciones a los derechos Humanos en la memoria reciente del país”.
En un informe con 32 recomendaciones para autoridades locales, estatales y federales, la Comisión pide establecer con claridad si los restos encontrados en el río San Juan y que el gobierno dijo que eran de los estudiantes “son o no de origen humano”, cuestiona la recreación de los hechos realizada por las Procuraduría General de la República e insta a interrogar personas clave para la investigación que no han rendido declaración.
Es la primera vez que una entidad oficial exhibe las carencias de una investigación que, según el ejecutivo, era la mayor jamásrealizada en México.
La Comisión señaló en el informe que no fueron interrogados 16 individuos presuntamente involucrados, vecinos a los que pidieron escondite los estudiantes al intentar huir del ataque, policías federales, 9 militares –los que recibían la información del “acontecer diario” y los que se trasladaron a algún lugar de los hechos– , y de los buzos que hallaron la bolsa de plástico en la que, supuestamente, estaban los restos óseos y el hueso del único estudiante identificado.
Además, sugiere varias líneas de investigación que podrían conllevar la participación de nuevos actores en los sucesos del 26 de septiembre, como otras “corporaciones de seguridad pública municipal”, y de nuevos escenarios donde tuvieron lugar las desapariciones o crímenes de esa noche y pide seguir el rastro del dinero del crimen organizado en la zona.
El 26 de septiembre del 2014, seis personas murieron y 43 estudiantes de magisterio fueron desaparecidos. Según la versión oficial, policías municipales de Iguala y el vecino municipio de Cocula, secuestraron a los jóvenes por orden del alcalde de Iguala; los entregaron a miembros de un grupo del crimen organizado llamado Guerreros Unidos; y sicarios de esta organización los llevaron a un basurero de Cocula, los quemaron y arrojaron sus restos en un río cercano, el río San Juan.
Solo se localizó un puñado de huesos calcinados en muy mal estado y exclusivamente se pudo extraer el ADN de un fragmento óseo, que sí correspondía a uno de los estudiantes.
Partes de la versión oficial han sido cuestionadas por expertos internacionales que investigan el caso, como el grupo enviado por la Organización de Estados Americanos y el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses, y las familias no creen las explicaciones del gobierno.
El presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, lamentó que haya habido una investigación “insuficiente” .
La Comisión pide localizar cuatro teléfonos celulares desde los que se hicieron llamadas o se pusieron mensajes esa noche y hacer peritajes a 8 camisetas, un suéter y un pañuelo encontrados cerca de uno de los ocho autobuses en los que viajaban los estudiantes, una de las cuales tiene “indicios biológico” y manchas de lo que parece sangre.
Con este análisis “podría probarse la presencia de algunos desaparecidos” en ese lugar, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, y si la sangre no es la de ninguno de los jóvenes se debería confrontar con los perfiles genéticos recabados en otros “autobuses, patrullas y demás vehículos relacionados con los hechos” ya que la persona a la que correspondan “probablemente estuvo en el lugar señalado el día y a la hora que ocurrieron los hechos”.
La entidad de derechos humanos también sugiere: pedir los partes meteorológicos de la fecha para saber si llovió en la zona del basurero de Cocula donde, según la versión oficial, fueron incinerados los jóvenes en una hoguera que estuvo horas encendida; mostrar a las familias objetos personales encontrados en el basurero para ver si los identifican; hacer peritajes balísticos de los casquillos encontradas en ese lugar; y determinar si los restos de tierra hallados en las bolsas localizadas en el río coinciden con la que hay en el basurero.
El ombudsman pide también investigar a fondo la estructura del crimen organizado en la zona, no solo al grupo de Guerreros Unidos, sino también a sus enemigos, Los Rojos, y seguir el rastro del dinero, es decir, indagar más en cualquier delito vinculado a “operaciones con recursos de procedencia ilícita” llevadas a cabo por cualquier autoridad o funcionario involucrado.
También pide reanudar la búsqueda de los jóvenes, teniendo en cuenta las versiones que dicen que podrían estar en la sierra, otras que ubican a un desaparecido con vida en Apango –una localidad a 30 kilómetros de la escuela donde estudiaban los muchachos– y otra teoría que habla de un posible “autosecuestro” de los estudiantes.
Esta historia fue publicada originalmente el 23 de julio de 2015, 10:27 p. m. with the headline "Comisión de Derechos Humanos en México cuestiona la versión oficial sobre 43 estudiantes desaparecidos."