HRW: El Salvador aprueba ley que expone a menores a más abusos en cárceles de adultos
La reforma aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador para ordenar el traslado de niños y adolescentes a cárceles de adultos los expone a mayores riesgos de abuso, advirtió este lunes Human Rights Watch (HRW).
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, dijo que estas reformas legislativas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos “que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos.”
“Transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aun en áreas separadas, representa un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”, enfatizó.
Para HRW la medida también vulnera los estándares internacionales de justicia juvenil.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele sancionó el 13 de febrero de 2025 una ley aprobada por legisladores oficialistas que establece el traslado de menores acusados de “delitos cometidos en modalidad de crimen organizado” a pabellones separados dentro de centros penitenciarios para adultos administrados por la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
“Recluir a niños y niñas en prisiones para adultos no solo aumentará su exposición a abusos, sino que además limitará sus posibilidades de rehabilitación”, afirmó Goebertus.
HRW documentó en un informe de julio de 2024 violaciones a derechos humanos incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y graves violaciones del debido proceso contra niños y niñas desde los 12 años de edad.
Los casos son mencionados en el informe “‘Su hijo no existe aquí: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador”, de HRW.
Detención de menores edad
Más de 3,000 niños y adolescentes han sido detenidos desde que Bukele declaró un régimen de excepción en marzo de 2022, muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas, según esa organización.
Varios niños detenidos, así como sus familias, habían sufrido anteriormente la violencia de las pandillas, incluyendo intentos de reclutamiento forzado y amenazas de muerte, precisó HRW.
Un total de 1,065 niños hasta febrero de 2024 habían sido condenados durante el régimen de excepción, en muchos casos por el delito excesivamente amplio de “agrupaciones ilícitas”.
“Los niños y niñas, que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos. Bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí”, afirmó Goebertus.
HRW informó que ha documentado que las personas detenidas en prisiones para adultos en El Salvador permanecen completamente incomunicadas y sin acceso a recursos legales efectivos para su defensa.
Detalló que muchos se enfrentan a condiciones de hacinamiento extremo, tortura y violencia. El acceso a servicios básicos, incluyendo alimentación, agua potable y atención médica, es muy limitado.
Según organizaciones locales de derechos humanos, 368 personas han muerto en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción, indicó HRW.
Reformas a justicia juvenil
Estas últimas reformas en materia de justicia juvenil se producen tras los cambios introducidos en marzo de 2022 a la Ley Penal Juvenil, que aumentó las penas máximas de prisión a 10 años para niños de 12 a 15 años y hasta 20 años para los mayores de 16 que sean acusados, entre otros, de los delitos de pertenencia a “agrupaciones ilícitas”.
Esas reformas, dijo HRW, son incompatibles con los estándares promovidos por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que recomienda a los gobiernos no reducir la edad mínima de responsabilidad penal “en ninguna circunstancia” e insta a elevarla a “14 años como mínimo”.
En el pasado, la Ley Penal Juvenil garantizaba importantes protecciones procesales y medidas alternativas al juzgamiento tradicional, como programas de conciliación y reinserción.
La legislación priorizaba intervenciones educativas y restaurativas sobre la privación de libertad, y consideraba la detención únicamente como último recurso.
Además, establecía que los menores debían permanecer exclusivamente en centros de reclusión especializados, separados de las instalaciones para adultos, con una clasificación según edad, sexo y situación jurídica.
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se pronunciaron el 13 de febrero sobre las reformas salvadoreñas.
Consideraron que “representan un retroceso importante respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos”, de acuerdo con HRW.
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de febrero de 2025, 11:37 a. m..
