Fiscalía salvadoreña presenta acusación contra abogado crítico de Bukele
La Fiscalía de El Salvador acusó ante un juzgado por presunto lavado de dinero al abogado constitucionalista Enrique Anaya, fuerte crítico del presidente Nayib Bukele, detenido hace dos semanas.
Anaya, de 61 años, ha llamado “dictador” a Bukele, criticado su reelección y el arresto de otros dos abogados y defensores de derechos humanos ocurridos semanas antes.
La Fiscalía presentó la acusación formal el sábado sin la presencia de Anaya en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, que fijó la audiencia para el “próximo martes”, declaró a la AFP Jaime Quintanilla, uno de los tres abogados defensores.
“Actualmente solo estamos conociendo el caso y sus hechos” en un proceso que fue declarado bajo “reserva” por las autoridades, aseguró Quintanilla.
En la audiencia del martes, el juzgado determinará si Anaya queda en detención provisional, libre o se le juzga en libertad con medidas sustitutivas.
Este mismo sábado, la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de habeas corpus a favor de Anaya, por lo que deberá ser presentado ante un juez.
Al admitir el recurso de habeas corpus, según el abogado, la Sala Constitucional reconoció “la vulneración de los derechos a la salud y la defensa” de Anaya, quien tiene problemas de diabetes.
Los abogados defensores argumentaron que “el uso excesivo de la fuerza” en el arresto, “episodios de desaparición forzada de corta duración”, porque estuvieron sin conocer su paradero durante tres días, y “afectaciones a su dignidad e integridad personal”.
Anaya es columnista y analista consultado con frecuencia por la prensa, y acudía a programas de televisión donde criticaba abiertamente la política de seguridad y la reelección, prohibida en la Constitución pero permitida a Bukele por una interpretación de jueces afines.
El arresto de Anaya ocurrió tras la detención de la abogada Ruth López, activista de la ONG de derechos humanos Cristosal, y de un abogado ambientalista y un pastor evangélico que apoyaban una protesta de campesinos contra el gobierno.
Según ONG de derechos humanos, señalados por Bukele de activismo político, los arrestos buscan acallar a las voces críticas con el gobierno.
Bukele ordena cerco militar para evitar a pandillas ‘reorganizarse’
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó este sábado el despliegue de 2,000 militares y policías en una comunidad de Ilopango, en la periferia este de San Salvador, tras asegurar que las pandillas buscan “reorganizarse”.
El operativo forma parte de la guerra contra las pandillas que emprendió Buekele al declarar al país bajo un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial.
“Hoy (sábado) en la madrugada desplegamos un cerco de seguridad con 1,500 soldados y 500 policías”, informó Bukele en la red social X.
En la comunidad de San Bartolo, Ilopango, unos 10 km al este de San Salvador, “algunos pandilleros han intentado regresar y reorganizarse”, aseguró el mandatario, quien dijo basarse en informes de “inteligencia policial” y “denuncias de la población”.
“Vamos a extraer hasta al último terrorista (pandillero) que esté escondido en esa zona. No les permitiremos reorganizarse. El país más seguro del continente se respeta”, subrayó.
El mandatario presentó en X imágenes del desplazamiento de centenares de efectivos fuertemente armados.
“Nuestro objetivo es claro: localizar y capturar a los remanentes de pandillas que aún intentan sembrar temor y causar daño a los salvadoreños de bien. No vamos a dar un solo paso atrás”, aseguró el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Bukele goza de gran popularidad gracias a su ofensiva contra las pandillas que redujo a mínimos históricos los homicidios en el país, pero el régimen de excepción es fuertemente criticado por organismos defensores de derechos humanos porque no se aplica el debido proceso.
Bajo el régimen de excepción, han sido detenidas unas 86,000 personas acusadas de ser pandilleros o cómplices, de las cuales unas 8,000 recuperaron su libertad por ser inocentes, según el gobierno, aunque grupos humanitarios aseguran que siguen vigilados o en proceso judicial.