Corrupción y muerte, informe muestra legados de la guerra contra pandillas en El Salvador
Cuando el presidente Nayib Bukele declaró el “régimen de excepción” en El Salvador en marzo de 2022, prometió el fin de una pesadilla de larga data en el país: el control brutal de las pandillas callejeras como la MS-13 y Barrio 18.
Su audaz ofensiva, respaldada por una retórica de mano dura y campañas pulidas en redes sociales, le ganó titulares internacionales y una aprobación nacional en alza. Tres años después, el país presume una de las tasas de homicidios más bajas del hemisferio. Sobre el papel, la estrategia de seguridad de Bukele parece un éxito rotundo.
Pero debajo de la superficie de orden y victoria se esconde una realidad mucho más oscura e innegable: la nueva era de tranquilidad en El Salvador se ha construido sobre la encarcelación masiva, la corrupción sistémica y graves violaciones de los derechos humanos.
Un nuevo informe de Cristosal, una respetada organización salvadoreña de derechos humanos, expone lo que denomina “la criminalidad de un Estado autocrático”. Basado en cientos de entrevistas, testimonios verificados, evidencia forense y datos internos del gobierno, el informe describe un sistema de justicia que no ha sido restaurado, sino reconvertido en una máquina de represión y lucro.
Aunque Bukele goza de una gran popularidad en El Salvador, con índices de aprobación cercanos al 75 por ciento en algunas encuestas, el informe de Cristosal refleja una condena que ya ha sido expresada por numerosas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Estas organizaciones denuncian abusos generalizados y el deterioro del sistema democrático del país.
Más recientemente, las condiciones dentro de las cárceles de El Salvador han despertado preocupación internacional, incluyendo la de Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos encendieron las alarmas a principios de este año, tras revelarse que la administración Trump había coordinado con el gobierno de Bukele para alojar migrantes deportados en el nuevo centro de máxima seguridad del país, el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo).
En marzo de 2025, Estados Unidos deportó a 238 migrantes venezolanos y a 23 presuntos miembros de la MS-13 al CECOT. Al final de ese mes, otros 17 presuntos pandilleros habían sido deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, a pesar de que una corte federal ordenó la suspensión temporal de dichas expulsiones.
En abril la administración realizaba planes para enviar más migrantes con antecedentes penales a la misma prisión luego de que la Corte Suprema aprobara el uso continuado de la ley de Enemigos Extranjeros siempre que los detenidos tuvieran oportunidad de impugnar su expulsión.
Sin embargo, no hay evidencia de que las deportaciones al CECOT hayan continuado más allá de julio de 2025.
La tasa de encarcelamiento más alta del mundo
Desde que se implementó el régimen de excepción —y que ha sido extendido más de 39 veces—, casi 90,000 personas han sido detenidas. Eso equivale a aproximadamente 1 de cada 50 adultos. Los detenidos pueden ser mantenidos indefinidamente sin cargos, muchas veces con base en sospechas vagas, denuncias anónimas o simplemente su apariencia. Barrios enteros, durante mucho tiempo estigmatizados como “zonas de pandillas”, se han convertido en blancos de redadas de estilo militar.
Y El Salvador no solo tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, sino también una cantidad alarmante de muertes en sus prisiones. Cristosal ha verificado al menos 427 muertes bajo custodia estatal desde el inicio de la ofensiva contra las pandillas; decenas de casos adicionales siguen bajo investigación.
Este ambiente de detenciones masivas, violaciones de derechos humanos y secretismo ha generado las condiciones para el lucro de funcionarios corruptos, quienes ven en la desesperación de los familiares de los presos una oportunidad de negocio.
Según el informe de Cristosal, funcionarios del gobierno actúan con lógica criminal, cobrando sobornos elevados a familiares a cambio de información, visitas o mejoras en las condiciones de detención.
“El sistema penitenciario, lejos de ser un garante de dignidad y reintegración, se ha convertido en un espacio donde el poder se utiliza como un mecanismo de abuso y extorsión”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
“Estas dinámicas de detención masiva, la negación intencionada de necesidades básicas dentro de las prisiones, y el secretismo de las mismas están creando condiciones permisivas para la corrupción”, dijo Bullock en una entrevista. “La desesperación de las familias por mantener a sus seres queridos vivos, por verlos y tener prueba de vida”, se ha convertido en una oportunidad para la extorsión institucionalizada, y los casos expuestos en el informe son solo “un pequeño ejemplo de cómo la criminalidad de las pandillas ha sido suplantada por la criminalidad de un Estado autocrático”.
La gran mayoría de los detenidos no han sido hallados culpables por un tribunal. Para muchos, no se trata de lo que hicieron, sino de dónde viven o cómo se ven, señaló Bullock. Se trata de arrestos arbitrarios, muchas veces sin pruebas ni debido proceso.
El resultado: decenas de miles de personas, muchas de ellas detenidas por primera vez y sin vínculos comprobados con pandillas, han desaparecido en un sistema donde el acceso a la justicia —e incluso la supervivencia— muchas veces está en venta.
Megaprisiones
Las nuevas megaprisiones de El Salvador, incluyendo el infame CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), están en el corazón de este aparato. Construidas para albergar a decenas de miles de reclusos, el gobierno las describe como modelos de la penitenciaría moderna. Pero los relatos de exreclusos y observadores internacionales pintan una imagen radicalmente distinta.
Los prisioneros son rutinariamente privados de comida, medicina e incluso de ropa. Las golpizas por parte de los guardias son algo habitual. El aislamiento solitario puede extenderse por meses o años. Según Cristosal, muchas de las personas que han muerto bajo custodia desde el inicio del régimen de excepción lo hicieron por enfermedades no tratadas, como insuficiencia renal causada por deshidratación, o lesiones internas por golpizas. Otras muertes son sospechosas de haber sido causadas por tortura.
“La información que hemos reunido indica que son los propios guardias quienes usan prácticas de tortura con regularidad. En algunas prisiones, las golpizas son una forma de ‘inducción’ al centro”, dijo Bullock. “Estas prácticas son comunes cuando los presos llegan. En algunos casos, se les obliga a arrodillarse en patios de grava bajo el sol durante horas. Y si se desmayan o se quejan, los golpean. Tenemos múltiples testimonios de prisioneros que intercedieron por otros enfermos y la consecuencia fue más golpizas. Estos son patrones bastante sistemáticos”.
Corrupción como política
El abuso, sin embargo, es solo una parte de la historia. Lo que el informe de Cristosal revela de manera aún más escalofriante es la institucionalización de la corrupción a casi todos los niveles del sistema penitenciario.
En muchas cárceles, las visitas no son un derecho, sino una transacción. A las familias se les pide que “donen” materiales de oficina, insumos de construcción o medicinas solo para poder ver a sus seres queridos por 20 minutos. En un caso documentado, una mujer pagó dos veces $4,000 solo para ver a su esposo en la prisión de Mariona. Otra mujer, “Maura”, quien cría sola a sus nietos tras la detención de sus tres hijos, dijo que le pidieron $2,000 por una sola visita, según el informe.
Los guardias y funcionarios suelen actuar como intermediarios en esta economía clandestina. Los reclusos escriben cartas “oficiales” solicitando productos; las familias tienen 72 horas para entregar lo requerido o la visita se cancela. En muchos casos, los paquetes enviados nunca llegan a los prisioneros, indicó el informe.
“Este tipo de violación masiva de derechos ha generado un ambiente permisivo en el que funcionarios del sistema penitenciario se aprovechan de las familias para extorsionarlas, exigiéndoles obsequios o donaciones que en realidad son sobornos”, señaló Bullock.
Incluso algunos abogados se han sumado al esquema. Algunos cobran hasta $7,000 a familias a cambio de promesas de liberación anticipada o traslados a sectores “más seguros”. La efectividad de esas promesas es incierta.
Una herramienta de represión contra la disidencia
Ni siquiera los defensores de los derechos humanos están a salvo.
En mayo, Ruth López, una destacada abogada de Cristosal que había presentado múltiples denuncias por corrupción contra el gobierno de Bukele, fue arrestada en una redada nocturna. Estuvo 15 días detenida sin cargos, desaparecida durante 40 horas, y ahora está siendo procesada en un juicio secreto — sin acceso a audiencia pública, defensa legal ni contacto con su familia.
No está sola. Otros cuatro activistas fueron detenidos la misma semana. Ante las crecientes amenazas, Cristosal cerró su oficina en San Salvador y trasladó sus operaciones a Guatemala. Uno de los autores del más reciente informe sobre abusos en prisiones se encuentra actualmente encarcelado.
Bukele ha retratado reiteradamente a los detenidos como terroristas, indignos de derechos humanos o protección legal. En transmisiones nacionales, se ha jactado de alimentar a los presos con raciones mínimas y de negarles luz solar o atención médica.
Este tipo de retórica ha fomentado un ambiente donde la crueldad se ha normalizado. Los guardias dicen a los internos que “nunca saldrán vivos”. Las familias deben elegir entre pagar sobornos o perder el contacto con sus seres queridos para siempre. Y cualquier crítica pública es pintada como apoyo a criminales.
¿Un modelo de éxito?
A pesar de las crecientes críticas, Bukele sigue siendo extraordinariamente popular. Su gobierno promociona frecuentemente la caída de los índices delictivos como prueba de que su modelo funciona. Las calles, antes controladas por pandillas, ahora están más tranquilas. Los negocios reportan menos demandas de extorsión. Muchos salvadoreños dicen que por fin se sienten seguros.
Pero ese sentimiento de seguridad llega a un costo inaceptablemente alto, dice Bullock.
“Están arrestando personas y enviándolas a años de prisión simplemente porque la policía considera que se ven nerviosas, usando el nerviosismo como indicador de culpabilidad. Están arrestando por denuncias anónimas. Están arrestando por la ropa que usan, su apariencia o el lugar donde viven”, afirmó. “No están siendo arrestadas tras investigaciones previas ni con pruebas sustanciales de haber cometido un crimen. Y eso implica que miles, decenas de miles de personas inocentes están hoy encarceladas en El Salvador.”
Esta historia fue publicada originalmente el 2 de septiembre de 2025, 2:03 p. m..
