Tribunal Electoral de Costa Rica pide retirar la inmunidad al presidente Chaves
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves por presunta “beligerancia política”, dos semanas después de que el mandatario superara un pedido similar de la Corte Suprema.
El TSE había prohibido el 27 de junio a Chaves intervenir en la campaña de los comicios de febrero de 2026 -en los que no puede aspirar a la reelección-, al determinar que “aprovechó ilegítimamente” su cargo para “favorecer un programa político”.
La Constitución y el Código Electoral prohíben al presidente y a otros altos funcionarios participar en actividades políticas o electorales y usar sus cargos en beneficio de un partido.
El procedimiento por “beligerancia política y participación política prohibida del presidente” puede culminar con la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de entre dos y cuatro años, según el TSE.
Denuncias de opositores
El 22 de septiembre, el Congreso de Costa Rica rechazó quitarle la inmunidad a Chaves para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país con tradición democrática enfrentaba un pedido de desafuero.
Según un comunicado del TSE, el pedido para “el levantamiento de la inmunidad” fue tomado por denuncias presentadas por dirigentes políticos y legisladores opositores, entre ellos Ricardo Sancho Chavarría, presidente del Partido Liberación Nacional y Juan Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana.
Los magistrados del TSE estimaron “unánimemente” que “las denuncias superan la valoración de admisibilidad, pero [...] se debe solicitar previamente el levantamiento de su inmunidad a la Asamblea Legislativa, para luego abrir el procedimiento sancionatorio ordinario”.
Chaves, un economista conservador de 64 años y exfuncionario del Banco Mundial, ha dicho que espera que su partido obtenga una mayoría calificada en el Congreso para realizar una serie de reformas.
El mandatario, en el poder desde 2022, acusa a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de frenar sus iniciativas de gobierno, mientras los jefes de estas instituciones le atribuyen derivas autoritarias.
Faltaron cuatro votos
El pedido de la Fiscalía de quitarle el fuero a Chaves, avalado por la Corte Suprema el 1 de julio, fue tildado por el mandatario como “un intento de golpe de Estado judicial”.
La moción de privarlo de la inmunidad obtuvo 34 votos a favor y 21 en contra, pero se requería una mayoría calificada de 38 votos para dejarlo sin fuero.
La Fiscalía acusó al mandatario de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.
Según la acusación, la contratación se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento “aparentemente” indebido.
El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, también enfrentó un pedido de desafuero por los mismos cargos.
Sin embargo, cuando Chaves entregue la presidencia, en mayo de 2026, tendrá que enfrentar esta causa como cualquier ciudadano.