América Latina

Un juez federal bloquea la cancelación del TPS para los haitianos y evita que las protecciones finalicen el martes

La trabajadora sindical Marta Cabrerra, en el centro, reacciona el pasado 28 de enero durante una conferencia de prensa, una vigilia con velas y una oración interreligiosa en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, mientras trabajadores del aeropuerto y líderes religiosos se manifiestan para pedir a la administración Trump que extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití.
La trabajadora sindical Marta Cabrerra, en el centro, reacciona el pasado 28 de enero durante una conferencia de prensa, una vigilia con velas y una oración interreligiosa en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, mientras trabajadores del aeropuerto y líderes religiosos se manifiestan para pedir a la administración Trump que extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití. adiaz@miamiherald.com

En una contundente reprimenda a la iniciativa del gobierno de Trump de hacer que cientos de miles de inmigrantes haitianos fueran repentinamente deportables de Estados Unidos, una jueza federal en Washington bloqueó el lunes por la noche la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin a las protecciones migratorias temporales para los haitianos, muchos de ellos residentes en el sur de Florida.

La decisión detiene, por ahora, la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, que estaba programada para finalizar a las 11:59 p.m. del martes. La orden de cancelación pendiente de la secretaria del DHS, Kristi Noem, había provocado una ola de temor entre los más de 300,000 haitianos que se benefician de este estatus, ya que los ponía en riesgo de ser detenidos y deportados a su país de origen, asolado por la violencia.

En su esperada decisión, la jueza de distrito estadounidense Ana C. Reyes concedió una moción para impedir que el gobierno pusiera fin al TPS para los haitianos. Su decisión significa que, por el momento, los haitianos que se benefician del TPS seguirán teniendo protección contra la deportación y mantendrán sus permisos de trabajo vigentes.

La jueza señaló en su fallo de 83 páginas que los haitianos sufrirían un daño irreparable si fueran enviados de regreso a Haití, un país que, según el propio Departamento de Estado del gobierno, está dominado por “bandas terroristas” criminales y para el cual ha emitido una advertencia de “No viajar” para los ciudadanos estadounidenses. Nombrada por Biden, Reyes reservó sus críticas más duras para Noem, a quien describe como una persona con prejuicios contra los haitianos y cuya decisión de cancelación no se basó en la ley.

Reyes señaló que Noem se había referido a Haití como “uno de esos (en sus propias palabras) ‘malditos’ países”. La jueza afirmó que la secretaria del DHS ignoró el requisito del Congreso de que “revisara las condiciones” en Haití solo “después” de consultar “con las agencias correspondientes”, y añadió: “De hecho, no consultó con ninguna otra agencia”.

Reyes también señaló que Noem ignoró los miles de millones de dólares que los beneficiarios del TPS haitiano aportan a la economía. Estos “ingresos sustanciales”, dijo la jueza, generan $5,200 millones en impuestos anualmente.

“La secretaria Noem se queja de la presión que los inmigrantes indocumentados ejercen sobre nuestro sistema de control migratorio. ¿Su solución? Convertir a 352,959 inmigrantes legales en inmigrantes indocumentados de la noche a la mañana”, dijo Reyes. “Se queja de la presión sobre nuestra economía. ¿Su solución? Convertir a inmigrantes legales empleados que contribuyen con miles de millones en impuestos en personas legalmente desempleadas. Se queja de la presión sobre nuestro sistema de salud. ¿Su solución? Convertir a las personas con seguro médico en personas sin seguro. Este enfoque tiene muchas características, pero velar por el interés público no es una de ellas”.

Los abogados del DHS argumentaron que la decisión de Noem de poner fin al TPS no era revisable por el tribunal. Argumentaron que la intención del Congreso al crear la ley en 1990 no era otorgar a los individuos el derecho a impugnar la decisión de la secretaria, y solicitaron que se desestimara el caso. “Sí, la ley le otorga cierta discreción”, escribió Reyes en la orden sobre Noem. “Pero no una discreción ilimitada”.

“Por el contrario, el Congreso aprobó la ley del TPS para estandarizar el sistema de protección temporal, que hasta entonces era arbitrario, para reemplazar el capricho del ejecutivo con la previsibilidad legal”, dijo Reyes.

La jueza refutó el argumento de Noem en su notificación de terminación de que la presencia de haitianos con TPS en Estados Unidos iba en contra del interés nacional.

“Su análisis del ‘interés nacional’ se centra en los haitianos que se encuentran fuera de Estados Unidos o que están aquí ilegalmente, ignorando que los beneficiarios del TPS haitiano ya viven aquí, y de forma legal”, dijo la jueza

“Asesinos, sanguijuelas y adictos a los privilegios”

En lugar de argumentar que Noem discriminó a los haitianos por su nacionalidad, los defensores de los haitianos argumentaron ante el juez que la decisión se tomó porque son negros y que la animosidad de Noem y del presidente hacia los haitianos se basa en la raza y no en la nacionalidad. Esta es la primera vez que una demanda por violación de la igualdad de protección se presenta ante los tribunales basándose exclusivamente en la cuestión racial.

Reyes señala que tres días después de anunciar el fin de la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, Noem recurrió a las redes sociales y anunció una prohibición de viaje que incluía a Haití.

Noem se refirió a los ciudadanos de esos países incluidos en la prohibición de viaje como “asesinos, parásitos y adictos a las ayudas sociales”.

Pero la jueza señaló en su fallo que los cinco beneficiarios del TPS que presentaron la demanda son una neurocientífica, un ingeniero de software, una asistente de laboratorio, una estudiante de economía y una enfermera registrada.

En su demanda, argumentaron que Noem había predeterminado su decisión de cancelación y lo hizo por hostilidad hacia los inmigrantes no blancos.

“Esto parece bastante probable”, dijo Reyes. “La secretaria Noem ha cancelado la designación de TPS de todos los países que han llegado a su despacho: doce países, doce cancelaciones”.

Concluyó su fallo destacando un viejo adagio entre los abogados, antes de criticar nuevamente la gestión de Noem respecto a la designación del TPS para Haití.

“Si tienes los hechos de tu lado, insiste en los hechos. Si tienes la ley de tu lado, insiste en la ley. Si no tienes ninguna de las dos, golpea la mesa”, dijo Reyes. “La secretaria Noem, según consta en los registros hasta la fecha, no tiene los hechos de su lado, o al menos los ha ignorado. No tiene la ley de su lado, o al menos la ha ignorado. Al no tener ninguna de las dos y adaptando el adagio al siglo XXI, recurre a X (anteriormente Twitter)”.

Se espera una apelación.

Los defensores de los inmigrantes y los abogados involucrados en el litigio aplaudieron la decisión.

Ira Kurzban, un abogado de inmigración reconocido a nivel nacional cuya firma con sede en Miami ayudó a litigar el caso, dijo que los hechos del caso hablaban por sí solos. Su firma se encuentra entre un grupo de bufetes de abogados que presentaron la demanda.

“Esta noche, el tribunal de distrito, en el corazón de nuestra capital, de manera clara y directa determinó que la administración Trump, al poner fin al Estatus de Protección Temporal para los 350,000 haitianos en Estados Unidos, incurrió en discriminación racial debido a su hostilidad hacia los inmigrantes no blancos, tergiversó la identidad de los demandantes haitianos y sus contribuciones a Estados Unidos e ignoró las condiciones en Haití que impedirían que los haitianos fueran enviados de regreso a ese país”, dijo.

“Las acciones de Noem violaron la ley de TPS y los principios fundacionales de nuestro país cuando prejuzgó sus casos y decidió negar cualquier extensión del TPS para los haitianos sin considerar las pruebas que la ley le exigía”, agregó. “El juez del tribunal de distrito suspendió la terminación del TPS y declaró claramente que el gobierno no puede expulsar ni deportar a los haitianos con TPS y no puede tomar ninguna medida para revocar sus autorizaciones de empleo”.

Todd Schulte, presidente del grupo de defensa FWD.us, dijo que el fallo de Reyes “aporta un alivio temporal muy necesario” tanto para los beneficiarios del TPS como para las comunidades en las que viven.

“Se trata de padres que crían hijos ciudadanos estadounidenses, trabajadores en empleos esenciales y miembros de la comunidad profundamente arraigados en el tejido de la vida estadounidense”, dijo en un comunicado. “Eliminar estas protecciones no solo pondría vidas en riesgo. Desestabilizaría a las familias, dañaría las economías locales y debilitaría a las mismas comunidades y la fuerza laboral que fortalecen a Estados Unidos”.

Se espera que la administración, que ha cancelado la designación de TPS para una docena de otros países, incluidos Venezuela y Nicaragua, apele la decisión ante la Corte Suprema. En otros casos, la administración ha solicitado a la corte que levante las órdenes judiciales impuestas por jueces de tribunales inferiores para que las deportaciones puedan continuar mientras prosigue el litigio.

El presidente Barack Obama implementó la designación de TPS para Haití después del devastador terremoto de 2010 que dejó más de 300.000 muertos y 1.5 millones de personas sin hogar. Si bien el terremoto casi destruyó la capital haitiana, el país se encuentra hoy en una situación aún peor: no hay ni un solo funcionario electo casi cinco años después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, las pandillas campan a sus anchas y la inminente finalización del mandato de un consejo presidencial gobernante ha intensificado los temores de más violencia e inestabilidad.

Defensores y beneficiarios han afirmado que el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) condenaría a muerte a los haitianos, describiendo cómo las pandillas armadas son responsables de miles de asesinatos y violaciones, y han dejado a más de 6 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria, incluyendo a más de 1.4 millones que se han visto obligadas a huir de sus hogares.

En el sur de Florida, donde más de 150,000 haitianos cuentan con el TPS, los líderes empresariales han expresado su preocupación por el posible impacto económico de la pérdida de trabajadores.

La demanda fue presentada por los cinco demandantes después de que otro grupo de haitianos y algunos abogados obtuvieran una victoria en un caso anterior, tras el intento de Noem de reducir en seis meses la prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgada por la administración Biden. En julio, un juez federal en Nueva York dictaminó que Noem se había extralimitado en sus funciones y restableció la fecha de finalización original del 3 de febrero de 2026. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que no estaba de acuerdo con ese fallo, pero posteriormente anunció planes para poner fin a la designación esta semana.

En avisos publicados en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reconocido que las pandillas criminales están muy extendidas en Haití, pero afirmó que las condiciones son lo suficientemente seguras para que los haitianos regresen, y que mantener la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) es contrario a los intereses nacionales de Estados Unidos.

Los demandantes están representados por los bufetes Kurzban Kurzban, Tetzeli & Pratt y Just Futures Law. Junto con la demanda, Just Futures Law y la profesora Ellie Happel de la Universidad de Nueva York también colaboraron en la presentación de demandas de acceso a la información para solicitar memorandos relacionados con la decisión.

El periodista del Miami Herald, Jay Weaver, contribuyó a este informe.

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