El Salvador encarcela a familiares para silenciar activistas, devela informe
Cuando la policía detuvo a Levi Morales bajo los poderes de emergencia de El Salvador, su familia dice que el arresto tenía como objetivo enviar un mensaje — y no solo a él.
Los agentes llegaron antes del amanecer a la localidad occidental de Nahuizalco en noviembre de 2022 y se llevaron al joven agricultor bajo custodia en el marco del llamado estado de excepción, que ha permitido a las autoridades detener a decenas de miles de personas desde marzo de ese año. Morales fue acusado de agrupaciones ilícitas —un cargo penal amplio que organizaciones de derechos humanos afirman se ha utilizado con frecuencia para justificar detenciones con poca evidencia divulgada públicamente.
Pero para su familia —y para los autores de un nuevo informe de derechos humanos— la detención de Morales iba más allá de la acusación. Fue, sostienen, una advertencia dirigida a su padre.
Un estudio de 127 páginas publicado esta semana por Cristosal, una destacada organización de derechos humanos de Centroamérica, sostiene que el caso de Morales encaja en un patrón más amplio en el que familiares de activistas son procesados para presionar y silenciar a líderes comunitarios visibles. En este caso, argumentan los investigadores, el proceso penal contra un hijo se convirtió en una forma de presión contra un padre conocido desde hace años por defender los derechos territoriales indígenas y la protección ambiental.
Silverio Morales, líder indígena de Nahuizalco, en el departamento de Sonsonate, ha pasado años promoviendo prácticas agrícolas ancestrales y defendiendo los derechos territoriales de las comunidades. En una región donde la identidad indígena y la defensa de la tierra siguen profundamente entrelazadas, ha impulsado métodos agrícolas tradicionales basados en conocimientos ancestrales y se ha pronunciado contra proyectos que las comunidades consideran una amenaza para su entorno.
Esa visibilidad, según el informe, tuvo un costo.
Silverio Morales asegura que él y su familia experimentaron vigilancia e intimidación incluso antes de que el gobierno del presidente Nayib Bukele decretara el estado de excepción para combatir la violencia de las pandillas. En los últimos años, ha denunciado una creciente estigmatización de los defensores ambientales y de derechos humanos, cada vez más presentados en narrativas oficiales como obstáculos para el desarrollo o como actores alineados políticamente con la oposición.
El arresto de su hijo, sugiere el informe, marcó una escalada.
Cristosal describe el caso como un ejemplo de “persecución vicaria”, en la que el Estado presuntamente apunta contra familiares de activistas para fracturar movimientos de resistencia y disuadir a otros de organizarse. Al combinar detenciones, obstáculos procesales e intimidación sostenida, esta estrategia envía una advertencia a las comunidades que cuestionan proyectos que afectan sus territorios, señalan los investigadores.
Levi Morales permaneció detenido 17 meses.
Desde el principio, su familia afirma que tuvo dificultades para obtener información sobre su paradero. Fue trasladado entre centros de detención sin previo aviso. En un momento dado, sus familiares dicen que pasaron 10 días sin saber dónde estaba, un período que describen como una desaparición forzada de corta duración. El acceso a abogados privados estaba restringido bajo las normas de emergencia, y presentar pruebas exculpatorias resultó difícil.
Según Silverio Morales, los policías inicialmente intentaron matar a su hijo en lugar de detenerlo. Abrieron fuego tan pronto como lo vieron, pero él logró huir en un vehículo y luego fue escondido por su familia. Finalmente, se entregó, acompañado por testigos, antes de ser acusado de pertenecer a una pandilla.
Silverio Morales recordó que en ese momento un oficial le dijo: “Den gracias a Dios que se escondió, porque si no ya estaría muerto. Nosotros tenemos órdenes de matar.”
El caso de Morales pasó por múltiples audiencias de revisión en 2023. Los jueces negaron su liberación argumentando que no tenía domicilio independiente porque vivía en una casa propiedad de su padre. Finalmente, en abril de 2024, cuando estaba a punto de ser liberado para cumplir arresto domiciliario, fue reaprehendido sin un nuevo cargo y devuelto a prisión, lo que Cristosal describe como una forma de “doble persecución”.
Ese mismo mes, un tribunal volvió a aprobar medidas alternativas de casa por cárcel. Sin embargo, las autoridades penitenciarias retrasaron su cumplimiento alegando procedimientos administrativos. Finalmente, el 14 de mayo de 2024, tras más de un año y medio tras las rejas, fue excarcelado, aunque el proceso penal sigue abierto.
Morales es uno de 245 casos documentados en el nuevo informe de Cristosal, El precio de disentir: criminalización y persecución política en El Salvador 2019–2025. El estudio registra 237 actos de persecución en seis años y concluye que lo que comenzó como incidentes aislados se ha convertido en un sistema estructurado e institucionalizado de represión.
“En El Salvador la gente vive con miedo”, dijo René Valiente, director de investigaciones de Cristosal. “Miedo a hablar, miedo a expresarse, miedo a participar políticamente”.
El informe intenta ir más allá de la retórica estableciendo criterios para identificar la persecución política.
“Diferenciamos entre un político encarcelado y un preso político: alguien que ha sufrido ataques del Estado que se materializan a través de estas dinámicas de persecución”, explicó Valiente.
“En total hemos identificado 245 casos que presentan estas características… la mayoría, 180 de ellos, implican procesos penales”, agregó. De esos procesos, 148 involucran a defensores ambientales, activistas de derechos humanos y líderes indígenas, grupos que cuentan con protecciones especiales en el derecho internacional.
Entre los casos citados está el de Ruth López, una conocida abogada anticorrupción y jefa de la unidad de justicia y anticorrupción de Cristosal. López ha sido una crítica frecuente de la administración Bukele, especialmente en temas de transparencia e independencia judicial.
Fue detenida en 2023 y acusada de presuntas irregularidades administrativas cuando trabajó como asesora del exmagistrado Eugenio Chicas. Las autoridades presentaron el caso como mala conducta financiera. López y su equipo legal han negado cualquier irregularidad y sostienen que los cargos tienen motivación política y se basan en interpretaciones amplias de las leyes penales.
Valiente afirmó que el caso de López ilustra cómo las persecuciones pueden seguir a la crítica pública.
“El abogado constitucionalista Enrique Anaya fue detenido solo cuatro días después de aparecer en una entrevista televisiva donde criticó la criminalización de Ruth López”, dijo. “Esto muestra cuán rápido la crítica puede ser seguida por represalias”.
Según Cristosal, la detención de López fue precedida por años de hostigamiento y estigmatización en redes sociales.
“Algunos casos no son repentinos”, explicó Valiente. “Están precedidos por amenazas, campañas de desprestigio y acciones administrativas que preparan el terreno para la criminalización”.
El informe sostiene que un mecanismo clave en estos casos es el uso de tipos penales vagos, como enriquecimiento ilícito o lavado de dinero.
“Hay un abuso de cargos ambiguos que no requieren un gran esfuerzo del Estado para probar un delito”, dijo Valiente. “Eso facilita expandir la persecución y usar el derecho penal como herramienta”.
Los investigadores describen un sistema escalonado de presión que puede comenzar con hostigamiento en redes sociales y denuncias éticas, escalar a investigaciones administrativas o procesos civiles —una práctica conocida como lawfare— y culminar en un proceso penal.
El patrón se intensificó después de mayo de 2021, señala el informe, cuando la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, alterando el equilibrio de poder dentro del sistema judicial.
Desde entonces, argumenta Valiente, el sistema de justicia ha sido reconfigurado.
“El régimen no tolera voces críticas y está utilizando el sistema de justicia —que debería proteger derechos— para perseguir”, afirmó.
Uno de los patrones recurrentes identificados en el informe es el uso extensivo de prisión preventiva, descrita como una forma de “castigo anticipado”.
Según estándares internacionales, la detención debe perseguir un propósito legítimo y no ocultar un objetivo político. Cuando los procesos judiciales sirven como pretexto para silenciar a la oposición, sostiene el informe, se convierten en un abuso de poder.
Más allá de los procesos individuales, Cristosal afirma que la persecución opera dentro de una narrativa más amplia que presenta a los disidentes como amenazas para la estabilidad nacional.
“Todas estas acciones son características de gobiernos autoritarios”, dijo Valiente. “En El Salvador estamos hablando, en sentido estricto, de una dictadura que controla el poder judicial y ejerce control total sobre los tribunales”.
Los hallazgos se producen en el contexto del estado de excepción, al que el gobierno atribuye una fuerte reducción de los homicidios. La administración Bukele sostiene que las detenciones están fundamentadas en la ley y buscan desmantelar redes criminales.
Pero Valiente argumenta que la represión va más allá de los presuntos miembros de pandillas.
“El régimen ha encarcelado al 2% de la población adulta sin garantías adecuadas de debido proceso”, afirmó. “Más de 400 personas han muerto bajo custodia del Estado desde 2022”.
El informe también muestra cómo la persecución ha evolucionado con el tiempo. Los políticos opositores fueron fuertemente atacados en 2021, dijo Valiente, mientras que la persecución contra críticos independientes —abogados, periodistas y activistas— ha aumentado de manera constante hasta 2025.
Para la familia Morales y otras, el debate ya no es teórico.
Ver a un hijo detenido, trasladado y reaprehendido —incluso después de órdenes judiciales que ordenaban su liberación— los ha obligado a enfrentar el costo personal del activismo.
A juicio de los investigadores de Cristosal, los casos de Levi Morales y Ruth López —uno un agricultor indígena rural, la otra una abogada anticorrupción conocida a nivel nacional— ilustran la amplitud de lo que describen como persecución política.
Se extiende desde comunidades agrícolas remotas hasta los círculos jurídicos de la capital, unidos por un mismo patrón, dicen: la disidencia respondida con persecución penal.
En su opinión —y según las conclusiones del informe— el precio de disentir no se mide solo en críticas públicas, sino en fechas judiciales, celdas de prisión y el cálculo silencioso de si hablar todavía vale el riesgo.
Los puntos más importantes del informe incluyen:
245 víctimas documentadas: El informe identifica a 245 personas sometidas a persecución política entre 2019 y 2025, que abarcan 237 actos documentados.
Criminalización como herramienta principal: De esos casos, 180 implican procesos penales, lo que convierte a la persecución penal en el mecanismo dominante de represión.
Impacto desproporcionado en defensores: 148 de los casos penales involucran a defensores ambientales, activistas de derechos humanos, líderes indígenas y otros grupos que cuentan con protección especial en el derecho internacional.
Tres modalidades de persecución: Los investigadores identifican el hostigamiento extrajudicial (vigilancia, amenazas, campañas de desprestigio), procesos administrativos o civiles punitivos y la persecución penal directa como las principales formas de represión.
Uso de cargos penales difusos: Las autoridades recurren con frecuencia a cargos redactados de manera amplia —incluidas asociaciones ilícitas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero— que permiten un amplio margen de discrecionalidad en la persecución penal.
Amplio uso de la prisión preventiva: La detención preventiva se utiliza de forma habitual, a menudo de maneras que el informe describe como un “castigo anticipado”.
Escalada tras la reconfiguración judicial de 2021: La persecución se intensificó después de la destitución en mayo de 2021 de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, un hecho que el informe describe como un punto de inflexión en la consolidación del control del Ejecutivo sobre el poder judicial.
Estado de excepción como marco habilitante: Desde 2022, los poderes de emergencia han ampliado la autoridad para detener personas y han limitado las garantías del debido proceso, creando condiciones que, según críticos, facilitan abusos.
Contexto represivo más amplio: El informe señala que aproximadamente el 2% de la población adulta de El Salvador ha sido encarcelada durante el estado de excepción y que más de 400 personas han muerto bajo custodia estatal desde 2022.
